La agenda laboral del próximo gobierno: ¿más de lo mismo?

Por: 

Enrique Fernández–Maldonado

A diferencia de la primera vuelta electoral, en la segunda -que tendrá solo dos contendores- el debate será necesariamente político programático. Los electores esperamos propuestas de gobierno que justifiquen nuestras convicciones, presunciones o temores sobre las opciones en disputa. ¿Qué medidas proponen Fuerza Popular y Juntos Por el Perú para encarar los principales problemas del país? Considerando que conmemoramos el Día Internacional de los Trabajadores, creemos oportuno contrastar las propuestas en materia laboral de ambos candidatos, siendo el empleo uno de los tópicos de mayor preocupación y expectativa ciudadana.

Revisando los lineamientos y ejes estratégicos de sus planes de gobierno, encontramos (sorprendentemente) importantes coincidencias. Pero también diferencias sustanciales. Las coincidencias podríamos calificarlas como “continuistas” y las diferencias como estructurales. 

En el ámbito de la generación de empleo, los planes de gobierno de FP y JPP presentan enfoques similares. Ambos programas ponen énfasis en la implementación de políticas sociales sectoriales. Ambos le dan un lugar prioritario a la población juvenil y adulta mayor, considerada vulnerable. El enfoque compartido es asistencialista y se dirige a la formación, desarrollo de capacidades, bolsas de empleo y certificaciones laborales. Incluso los nombres sugeridos (“Empleo Joven con Futuro”, “Capital Semilla Joven”, “Primer Empleo Turístico Joven”) difieren poco entre sí. Ambas agrupaciones hacen suya la narrativa del “emprendedor” y de la “microempresa” como discurso integrador de su propuesta. Desde esta perspectiva, las dos candidaturas representarían un continuum respecto de las políticas de anteriores administraciones, centradas en la gestión de programas sociales alejados del conflicto y cercanos al rédito político. Pero aún siendo necesarios, los programas de empleo con toda la importancia que tienen se caracterizan por su impacto acotado, focalizado y temporal. Su principal limitación: el escaso financiamiento y una débil articulación que reduce su alcance y cobertura.

La necesidad de cambios estructurales

El problema del empleo en el Perú tiene décadas y es de carácter estructural. Francisco Verdera caracterizó la dualidad del mercado laboral peruano entre formales e informales y la explicó por la disfuncionalidad de una economía primario exportadora para generar empleo productivo. La incipiente política industrial, implementada entre 1950 y 1970, no fue suficiente para incorporar al “ejercito de reserva” que encontró en la informalidad y el trabajo autónomo un refugio frente a la hiperinflación y el shock económico de los noventa. La pandemia significó un retroceso de los avances en materia de formalización y empleo adecuado alcanzados con el crecimiento económico reciente (2002-2014). Niveles que a la fecha no hemos logrado recuperar. 

Es en este plano que las propuestas económicas de FP y JPP difieren. Lo cual se explica por las visiones de desarrollo explicitas en sus programas de gobierno. 

Fuerza Popular se proyecta como un gobierno defensor del modelo económico consagrado en la Constitución de 1993, definido por las políticas de libre mercado, flexibilización y desregulación laboral. En su programa, el problema del empleo se resuelve alentando las inversiones. Por eso, anuncian que aplicarían un “shock desregulatorio” para simplificar los procedimientos burocráticos y atraer capitales privados en sectores estratégicos como la minería, energía e infraestructura. Con ello proponen generar aproximadamente 500,000 puestos de trabajo al año. El plan contempla también una reforma fiscal y la modernización del Estado. El objetivo: asegurar la eficiencia administrativa para acelerar proyectos productivos y atraer inversiones privadas. Bajo este esquema la demanda de empleo crecería con un mayor dinamismo de la economía, a la que hay que estimular con incentivos y flexibilidad normativa. 

En el caso de Juntos Por el Perú, su visión de desarrollo se resume un mix de justicia social, diversificación productiva y soberanía económica. Para ello identifican cuatro ejes estratégicos. Dos están relacionados directamente con la generación de empleo. Por un lado, plantean transitar de un modelo primario-exportador hacia uno que promueva la industria nacional basada en la innovación y valor agregado. El énfasis está puesto en la diversificación productiva y el potenciamiento de sectores intensivos en empleo, como la agroindustria, manufactura, bioeconomía y el turismo sostenible. El eje que organiza su propuesta: el cambio del capítulo económico, que restringe el rol promotor del Estado en la economía y su participación en actividades estratégicas para el desarrollo del país. 

Queda claro que la realización (o no) de cambios económicos estructurales está condicionada por la materialización de amplios acuerdos políticos y sociales difíciles de imaginar en el actual escenario de fragmentación política. Si la elección la gana Keiko Fujimori, lo más probable es que se profundice la línea económica del régimen, intacta en las últimas tres décadas. Persistirán la informalidad, la desigualdad y el subempleo, probablemente con conflictividad laboral y social.  

Si fuera el caso que ganara Roberto Sánchez, llevar a la práctica su plan de gobierno enfrentará fuertes resistencias. El poder empresarial bloqueará cualquier cambio constitucional del capítulo económico, para lo que tampoco cuenta con la correlación política en el estrenado parlamento bicameral. Lo previsible es que se mantenga incólume el modelo económico, pero matizado por algunas iniciativas reguladoras en el ámbito de las relaciones de trabajo. Por ejemplo, recuperar la denominada Agenda 19.

Por estas consideraciones, sorprende la ausencia de medidas específicas en materia de regulación laboral. En el caso de JPP, un partido que se define como anti-neoliberal, es particularmente notorio el silencio sobre políticas sindicales, un tema caro para el país. Nuestros principales socios comerciales han observado el incumplimiento de estándares laborales y administración de justicia exigidos en acuerdos comerciales bilaterales. En años recientes nos visitó una misión de contacto directo de la OIT para evaluar (y hacer recomendaciones) sobre la libertad sindical en sectores particularmente sensibles (textil, agroindustria, minería). 

Lo mismo se puede decir sobre los “empleos del futuro”: ni una sola mención. Como si la “economía de las plataformas” o los empleos basados en la inteligencia artificial fuesen una actividad marginal y no una tendencia que llegó para quedarse. En estas nuevas ocupaciones se viene registrando una diversidad de abusos que bien merecen propuestas específicas para garantizar derechos y protección social. Especialmente para la población juvenil, mayoritaria en estos sectores. 

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