Los titulares de algunos medios de derecha rasgándose las vestiduras por nuestro último puesto en la prueba PISA, que mide el rendimiento educativo de 65 países del mundo, no son otra cosa que lágrimas de cocodrilo porque ocultan la realidad de los hechos.

De las últimas cinco pruebas PISA, el Perú ha participado en tres de ellas, saliendo penúltimo el 2001, antepenúltimo el 2009 y último el 2012, es decir siempre hemos estado en la cola, peleándonos por los últimos lugares. El que alguien diga que antes estábamos mejor y ahora estamos peor es falso porque nadie está mejor o peor cuando lo que pelea son los últimos lugares.

Por supuesto todas las pruebas son cuestionables, algunas por una razón y otra por otra. La prueba PISA, por ejemplo está hecha más pensando en la educación de los países desarrollados que en la nuestra. Es más, en su última edición del 2012, ha habido un escándalo de intromisión política, cuando el Ministro de Educación del Brasil, Aloizio Mercadante, ha denunciado que China ha señalado la muestra de colegios a evaluar y no al revés, como sucede en otros países, en los que la muestra se elabora sin condiciones sobre el conjunto del territorio. El primer puesto de Shangai-China, es más una operación de relaciones públicas que el resultado de una evaluación educativa. Pero estos problemas tampoco nos libran de nuestros pésimos resultados.

El problema no está en los rankings sino en los recursos que invertimos en educación. Primero, recursos políticos, es decir voluntad y visión de conjunto, integralidad de una misma propuesta que se mantenga a lo largo de varios gobiernos. Y segundo, el presupuesto necesario para que esto pueda llevarse adelante. Sin embargo, ninguna de las dos cosas se hace. El famoso Proyecto Educativo Nacional que aprobara el Consejo Nacional de Educación en el 2005 se ha quedado en las buenas intenciones y nada más. ¿Qué hacen los sucesivos ministros y gobiernos? Desarrollan propuestas piloto y programas parciales que duran mientras hay plata y su promotor está en funciones y luego se terminan.  En cuanto al presupuesto, no se cumple con lo aprobado por el Acuerdo Nacional el año 2002, cuando se señaló la necesidad de pasar el 3% a 6% del PBI como presupuesto educativo en diez años. Han pasado los diez años y seguimos alrededor de 3%, quizá algo menos; en otras palabras como el cangrejo vamos para el costado mostrando nuestra indiferencia.

Pero lo que más sorprende es la solución que proponen algunos como el caso del editorial de El Comercio del miércoles 4 de diciembre. Titulado “Una propuesta hípica” nos dicen que la solución es privatizar el sistema educativo por la vía de los “cupones”, es decir darle a cada padre de familia la posibilidad de optar entre el colegio público de su jurisdicción y alguna otra alternativa privada o pública-privada, donde llevar a sus hijos. El mecanismo es que el Estado les daría a los padres que optaran por algún colegio con participación privada el equivalente al costo del alumno en el colegio público entregándoles un cupón por ese valor. Este papel junto con alguna suma de dinero pagaría la educación privada. Supuestamente la privatización se convertiría así en un estímulo para que todos avanzaran.

Este es el sistema que aplicó la dictadura de Pinochet en Chile y que continuaron los gobiernos democráticos posteriores. El resultado luego de 30 años está a la vista, aproximadamente la mitad de los estudiantes chilenos con una mala educación que los ha llevado, desde el 2006, a las calles para que se vuelva al sistema anterior  de educación pública, gratuita y de calidad. Este regreso es hoy la principal promesa electoral de la virtual Presidenta Michelle Bachelet. La privatización entonces no jaló a todos para adelante, sino que dejó a la mayoría más pobre rezagada ahondando la brecha de desigualdad que caracteriza a Chile. Además, estudios recientes del propio Ministerio de Educación señalan que la expansión de la educación privada, especialmente en los lugares donde esta ha sido importante, en los barrios populares de Lima, es de pésima calidad, en locales inadecuados y pagando sueldos irrisorios a los maestros. Paradójicamente, no se acerca siquiera a la que brinden, en medio de su precariedad, los actuales colegios públicos. La propuesta hípica de la derecha no es, por ello, otra cosa que una “parada de borricos” que agravaría nuestros problemas.

Hay que insistir entonces en la aplicación del Proyecto Educativo Nacional en un programa integral de largo plazo, acompañado del presupuesto respectivo. Hacer lo que estos años de continuidad neoliberal no han hecho. Hacer, lo que estaba, con medidas al detalle, en la propuesta de “revolución educativa” que Ollanta Humala encarpetó con su giro a la derecha. Esto significa poner en el centro de nuestra preocupación al maestro, no para castigarlo sino para darle el salario y los recursos adecuados, en especial una capacitación pertinente que le permita enfrentar las tareas del aula. Asimismo, desarrollar planes de infraestructura educativa que doten de servicios básicos –luz, agua y desagüe– a las decenas de miles de escuelas que carecen de ellos. Encarar con seriedad la tragedia educativa que vivimos es lo único que nos sacará de coleros y nos permitirá avanzar a una sociedad más libre, justa y, sobre todo, igualitaria.