El presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, esgrimió una nueva defensa frente a los empresarios reunidos en la Cámara de Comercio de Lima. Ajeno a su realidad, el mandatario asegura que las razones de una posible vacancia son inocuas, y que son promovidas por los “comunistas” que pretenden desestabilizar su gobierno. 

Sin embargo, lo que PPK parece no querer aceptar es su incierto futuro cercano, por varias razones, entre ellas las conexiones que sus empresas Westfield y First Capital han tenido en todo momento con Odebrecht en diversos momentos desde que fuera nombrado ministro de Economía y presidente de ProInversión, y presidente del Consejo de Ministros. 

Esa relación es la que, aparentemente, no le permite afianzar la mano dura para garantizar que las empresas involucradas en los actos de corrupción del caso Lava Jato puedan resarcir debidamente al país con las reparaciones civiles necesarias, mientras que garantiza también la situación de los miles de trabajadores que, ajenos a lo ocurrido, no tienen nada que ver en el impacto de la corruptela dominante en el país. 

La imposibilidad de generar una norma consensuada entre el Ejecutivo y el Legislativo, aún bajo el control fujimorista, que reemplace al -ya no tan urgente- decreto 003 y la prórroga del existente por un mes, demuestra que no existe capacidad de poder para garantizar la lucha contra la corrupción y las sanciones a las empresas implicadas. 

Esto sumado al poco impacto del decreto de urgencia y el estancamiento que ha generado en la dinámica económica del país.  Al respecto, el diario El Comercio señalaba en un informe que el 003 paralizó las obras que Odebrecht tenía en proceso, además que las entidades financieras no se expusieron a un posible riesgo para la emisión de cartas fianza. 

Otras obras que quedaron paralizadas por el decreto, fueron el de la Costa Verde del Callao, Vías Nuevas de Lima (que hoy cuenta con un nuevo concesionario), la hidroeléctrica Chaglla y los proyectos Chavimochic y Olmos. 

El caso del Gasoducto es quizá el más complicado, toda vez que la brasilera no logró culminar el cierre financiero. Es a partir de esta incierta situación que el gobierno buscaba impulsar una nueva propuesta que no retenga las utilidades de las empresas al 100% sino que sea solo la mitad. 

Además la propuesta estipulaba la figura del “silencio administrativo” para que las empresas brasileras pudieran obtener el “permiso” del Estado peruano para la venta de activos. Según la propuesta que llevó la ministra Cooper, si el país no respondía en un plazo de 20 días a la solicitud de las empresas, éstas podían darse por servidas y proceder a la venta de sus bienes. 

Para congresistas de oposición, como Yonhy Lescano, esta figura solo beneficiaba a “las empresas corruptas que quedarían sin ningún control” por parte del estado peruano. 

La ministra Cooper insistió que el 003 “no cumplió con lo que se había esperado” y que más bien se puso en riesgo la cadena de pagos y complicaba la situación de más de 50 mil trabajadores que dependían del movimiento financiero de Odebrecht. 

Con todo paralizado, con las decisiones sobre Odebrecht en manos del ministerio de Justicia y a la espera de lo que pueda ocurrir a fin de mes con las declaraciones de Jorge Barata, queda entonces preguntarse ¿cómo podrá cubrir Odebrecht el pago de más de 3 mil millones de soles calculados por la procuraduría ad hoc? 

De ser ese el monto final, sobre el cual aún hay dudas ¿es suficiente para garantizar que se pueda resarcir al Estado Peruano frente a los cuatro casos de coimas reconocidos por la empresa brasilera? 

Dudas que el presidente de la República, con su condición de juez y parte, no ayuda a disipar con su equipo que tampoco actúa a la altura que la lucha contra un gran acto de corrupción merece.