Redacción Otramirada
La imposibilidad de generar una norma consensuada entre el Ejecutivo y el Legislativo, aún bajo el control fujimorista, que reemplace al -ya no tan urgente- decreto 003 y la prórroga del existente por un mes, demuestra que no existe capacidad de poder para garantizar la lucha contra la corrupción y las sanciones a las empresas implicadas.