El panorama político peruano se complica aceleradamente. Las causas de fondo tienen que ver con el agotamiento del modelo neoliberal, traducido en el estancamiento económico, la descomposición moral que ha llevado a la corrupción de proporciones gigantescas, la crisis institucional que afecta a la estructura del Estado, a los partidos políticos y organizaciones sociales; los valores disociadores que se han impuesto, la postración en que se encuentran las grandes mayorías que no cuentan con empleos dignos, ni tienen acceso a los servicios de salud y educación de calidad. Se ha instalado la anomia social, la gente no ve un futuro promisor, cunde el escepticismo y la indignación. Los conflictos sociales se multiplican sin que encuentren solución.

En este escenario se producen las movidas políticas y reacomodos de coyuntura. Del último proceso electoral salió la configuración de un mapa político con un gobierno débil (PPK), el fujimorismo con mayoría parlamentaria,  una izquierda (Frente Amplio) disminuida que acabó fragmentándose, en tanto partidos como APP, APRA y AP también con escasa representación parlamentaria.

Si bien es cierto que tanto PPK como el fujimorismo representan a la derecha neoliberal y que ambos sectores trabajan por la continuidad y profundización del modelo, resulta clara la labor obstruccionista que ejerce Fuerza Popular, que haciendo uso y abuso de su mayoría parlamentaria, trabaja sin desmayo por arrinconar al gobierno, generar un vacío político que lleve a la vacancia presidencial y el adelanto de elecciones. Está de por medio su apetito de poder, la necesidad de contar con impunidad por los temas de corrupción que comprometen a todas luces a Keiko Fujimori, pero sobre todo la apuesta por parte de sectores ultraderechistas de encarar la crisis que vive el país desde una opción autoritaria, para quienes el fujimorismo representa su mejor carta por el momento, sin descartar, llegado el caso, la intervención de los cuarteles.

El fujimorismo y la ultraderecha no encontraron mejor ocasión para reforzar su ofensiva que la reciente huelga magisterial, donde les cayó como anillo al dedo la posición intransigente e irresponsable de sus conductores ligados a las versiones senderistas de Movadef y Proseguir, quienes, a su vez, perseguían su posicionamiento político. Es así que los extremos se tocan; ambos enfilan contra la Ministra de Educación y piden su cabeza. Los dirigentes de la huelga encuentran eco en la bancada fujimorista, cuyo juego consiste es petardear cualquier solución a la medida de lucha. Sendero saca su tajada atacando al CEN del Sutep y a Patria Roja; el fujimorismo saca provecho arreciando su ofensiva contra el Ejecutivo levantando demagógicamente las banderas de la Educación.

La censura o no de la Ministra de Educación es el pretexto de las fuerzas en disputa, pues ambos sectores suscriben sin diferencias la política educativa privatizadora y enajenante neoliberal. Si no fuera así, al fujimorismo no le costaría nada derogar o modificar las leyes educativas en el Parlamento. Se trata de una compulsa de fuerzas en la que el fujimorismo está conduciendo a una crisis política de imprevisibles consecuencias. Hoy por hoy representa el mayor peligro para que se desboque el autoritarismo en el país.

De continuar la intransigencia fujimorista y no otorgar la confianza requerida por el gabinete ministerial, tendremos la disolución del Parlamento y la convocatoria a nuevas elecciones para elegir representantes. Ello no solucionará la crisis actual. En este escenario corresponde a la izquierda y el progresismo actuar con independencia política, llamar a la población a optar por una salida democrática y patriótica que pasa, entre otras cosas, por fundar una nueva República sobre la base de una nueva Constitución.