El 29 de marzo del año 2012, el presidente Ollanta Humala colocó simbólicamente en Quillabamba el tubo que significaba el inicio a las obras del ducto que transportaría el gas a Cusco, Puno, Arequipa, Tacna y Moquegua.

El Gasoducto Surandino, importante promesa de campaña del actual presidente, veía en este símbolo un “primer paso”. El sur se sentía esperanzado.

El jueves 26 de septiembre del año 2013, hace menos de una semana, durante el segundo día de un paro de 48 horas en La Convención (Cusco) y en el marco del Paro Nacional convocado por sindicatos y organizaciones sociales a nivel nacional, dicho símbolo fue retirado por la fuerza. Aproximadamente, medio millar de personas lo arrastraron hacia un extremo de la Plaza Mayor de Quillabamba y fue colocado a modo de altillo para que el presidente del Comité Central de Lucha, Ricardo Caballero, diera su discurso. Un discurso aplaudido por los protestantes quienes se consideran engañados y hasta traicionados por el gobierno que, a la fecha, no hace sino postergar la llegada de gas barato al sur.

Lo cierto es que en este gobierno, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el de Energía y Minas (MEM) han trabado el desarrollo del proyecto del Gasoducto Surandino tal cual fue planteado durante la campaña y a inicios del gobierno, de manera recurrente. Al plan original, al prometido durante la campaña, durante el año 2012 le llegó un primer obstáculo cuando Luis Castilla (MEF) y Jorge Merino (MEM) buscaron colocar, como parte del presupuesto para el año 2013, la construcción de un Etanoducto Costero que se alejaba definitivamente de la propuesta inicial y constituía un paliativo insignificante frente a la demanda de gas que el sur de nuestro país ha tenido durante muchos años. Esta intención fue felizmente bloqueada en el Congreso de la República.

Poco después, fue el mismo Presidente de la República quien indicó que la intención de mantener la propuesta del Gasoducto Surandino seguía en pie. Sin embargo, esta nueva “versión” del gasoducto no especifica, y este es el punto más relevante, las maneras en que se desarrollará la petroquímica al sur del país, evitando así un objetivo fundamental de este proyecto: la industrialización del sur.

Por si eso fuera poco, el sabotaje desde el MEF y el MEM no ha cesado y se han opuesto recurrentemente a este proyecto y otros de importancia como la modernización de la Refinería de Petroperú en Talara, esquivando las leyes con el fin de liquidar la presencia y fortaleza de Petroperú como entidad pública encargada en relación a los asuntos energéticos vitales en estos proyectos. Han impedido además, y esto atenta contra el desarrollo de la industria al sur del país, que Petroperú convoque a socios internacionales para el diseño de las plantas petroquímicas y para la formación posterior del complejo petroquímico.

La llegada del gas al sur constituye una deuda histórica con la población en nuestro país. Este proyecto buscó, además, utilizarlo como punto de inicio para industrializar la zona que es, finalmente una necesidad nacional. Sin industrialización, el Perú se ve en la necesidad de seguir apelando al desarrollo a partir de la exportación de sus materias primas, lo cual, comprobado está, constituye un crecimiento limitado y dependiente del contexto internacional.

Por ello este proyecto no puede seguirse postergando. Además, en La Convención la movilización no cesa y el descontento sigue sumando. La tarde del 26 de septiembre enviaron al Presidente de la República, al Premier y al Fiscal de la Nación una plataforma de lucha en la que señalan que de no cumplirse sus demandas en el plazo de 30 días iniciarían una huelga indefinida. ¿Será momento ya de cumplir la promesa?  Eso esperamos.