El  pasado 20 de febrero el Tribunal Supremo de Justicia de Estados Unidos calificó de ilegales los aranceles impuestos por el presidente Trump bajo el marco de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) en abril del año pasado. A pesar de que seis de los nueve magistrados eran cercanos ideológicamente a Trump, solo tres votaron en contra, por lo que el fallo contó con seis votos faborables. Sin duda, el golpe más duro inferido a su investidura y a su proyecto estrella desde que asumió su mandato. En un escenario de creciente déficit fiscal con un crecimiento en espiral del servicio de la deuda, en el que el Presidente aspira a incrementar el presupuesto del Pentágono en un 50%, el fallo le cayó como un rayo en un día de cielo despejado.

Dicha ley sólo permite regular el comercio vía cuotas, embargos, entre otros, pero no “tasarlo” es decir, aplicar aranceles o impuestos. Ello explica la contundencia de la votación, días antes del discurso de Trump ante el Congreso sobre el Estado de la Unión. El fallo provocó el enojo de Trump, quien inmediatamente salió con despecho a decir que estaba avergonzado de algunos miembros de la Corte (o sea, de los seis que votaron a favor). Con un lenguaje propio de un Pedro Navaja cualquiera tildó a los jueces de la mayoría como "fools" (tontos) y "lapdogs" (perros falderos) y arremetió contra los jueces nombrados por él, Neil Gorsuch y Amy Coney Barrett, al decir que eran "una vergüenza para sus familias".

La IEEPA es una ley federal de 1977 que otorga al Presidente autoridad para regular funciones económicas en respuesta a una "amenaza inusual y extraordinaria" proveniente del extranjero (como guerras o crisis graves de política exterior) sin esperar la autorización del Congreso. Tradicionalmente, se ha usado para congelar activos de gobiernos extranjeros, bloquear transacciones financieras con países sancionados e imponer embargos comerciales específicos. Pero Trump hizo un uso indebido: declaró que el déficit comercial de Estados Unidos y la entrada de fentanilo constituían una emergencia nacional. Bajo esa lógica, argumentó que la IEEPA le daba el poder de imponer aranceles globales masivos para "proteger la economía". Según la Constitución (artículo I, sección 8) la facultad de imponer aranceles e impuestos es facultad exclusiva del Congreso. 

Reacción inmediata

Como Trump ya estaba avisado y sabía muy bien que este fallo podría ocurrir, tenía preparada la batería legal para mantener su política arancelaria. Así que, para mantener el arancel considerado ilegal por la Corte Suprema, firmó de inmediato una Orden Ejecutiva que estableció un nuevo arancel global del 10% bajo el sustento legal de la sección 122 de la Ley de Comercio de 1974 que entró en vigencia el 24 de febrero. Esta normativa permite al Presidente imponer aranceles temporales (hasta  por 150 días) para corregir un déficit persistente en la balanza de pagos sin necesidad de declarar una emergencia nacional de seguridad. Transcurrido ese plazo, este deberá ser aprobado por el Congreso si quiere que continúe vigente. 

No todos los aranceles que Trump ha impuesto durante su segundo mandato tienen sustento legal en la IEEPA, por lo que esos continuarán vigentes. Es el caso de los aranceles específicos para la industria del acero, el aluminio, la madera y la automotriz, para la que Trump se valió de otra ley: la sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de 1962, al alegar motivos de seguridad nacional. Esta normativa otorga al Presidente la autoridad para imponer aranceles o restricciones a las importaciones si se determina que estas representan una amenaza para la seguridad nacional. Ello requiere de una investigación previa del Departamento de Comercio, que debe realizar una investigación que confirme dicho riesgo.

Según el reciente anuncio, los productos de Canadá y México que cumplan con el tratado T-MEC quedarán exentos del arancel del 10%. Sin embargo, acuerdos comerciales como los firmados recientemente con la Unión Europea y Argentina, enfrentarán el nuevo arancel global. Los Tratados de Libre Comercio como los firmados por el Perú, también serán afectados por este nuevo arancel que reemplazará al equvalente considerado ilegal por la Justicia. Como se recordará, el gobierno estadounidense violó en abril el TLC –un tratado internacional, aprobado por ambos Congresos en 2006–cuando impuso un arancel generalizado del 10% a pesar de que el TLC establecía el ingreso libre de aranceles a ese mercacdo. Si bien muchos productos mineros no fueron afectados, el sector agroexportador y el textil sí lo fueron. En noviembre del año pasado, luego de intensas negociaciones, el gobierno peruano logró que Estados Unidos dejara libre de aranceles al 24.5% de las agroexportaciones, pero estas han sido nuevamente gravadas con el 10% en el marco de las nuevas disposiciones.

El presidente Trump inauguró su política arancelaria el 2 de abril del año pasado cuando, pizarra en mano, lo declaró “el Día de la Liberación” al imponer aranceles a todo el mundo, incluida una isla donde solo habitaban pingüinos, con el objetivo de “hacer América grande otra vez”. Como se ha señalado, ese día impuso aranceles del 10% a más de 150 países y territorios bajo la Ley IEEPA, además de un nivel de aranceles mayor, diferenciado, a países como Vietnam, con un 46%; Taiwán, 32%; Japón, 34%; Corea del Sur, 25%; Israel con 17%; China, 34%; y la Unión Europea con un 20%. 

El gran problema para Trump es que tendrá que devolver los aranceles derogados, estimados en 175 mil millones de dólares, a los importadores. Los aranceles han sido traslados por los importadores a los precios, por lo que le está impidiendo al gobierno controlar la inflación, que ascendió en 2025 a 2,7% y superó la meta del 2%

Liberación o suicidio

En el discurso en el que declaró el Día de la Liberación Trump dijo, como si se tratase de mover un mueble, que si las empresas querían evitar los aranceles, debían instalarse en los Estados Unidos porque hoy se defiende al trabajador estadounidense. Agregó que "los horrendos desequilibrios comerciales habían devastado nuestra base industrial y habían puesto en riesgo nuestra seguridad nacional”. También expresó que el dinero generado se utilizaría para “reducir nuestros impuestos y pagar nuestra deuda nacional”. Y como si las estrategias de globalización neoliberal no hubieran sido diseñadas por funcionarios de ese país y empleados de las corporaciones estadounidenses, dijo: “durante décadas nuestro país ha sido saqueado, nos han robado nuestros empleos y nuestras fábricas”. Trump omite decir que el consumo de sus ciudadanos y las ganancias de importantes corporaciones del mundo se beneficiaron con la mano de obra barata en países de Asia y América Latina. Asimismo, que los responsables del déficit fiscal y de la enorme deuda del país son los sucesivos gobiernos que han financiado guerras y bases militares mediante la impresión de dólares.

El presidente ha hecho un uso extorsivo de su política arancelaria y como mecanismo de injerencia en asuntos internos de los países. Es el caso de la escandalosa intromisión del gobierno estadounidense en la institucionalidad brasileña con la imposición de aranceles del 50% a parte de sus exportaciones al mercado estadounidense como arma para que se le otorgue inmunidad a su aliado, el ex Presidente Jair Bolsonaro, y permitirle así que participe en las elecciones presidenciales de 2026. Asimismo, en agosto, el Presidente Trump duplicó los aranceles a las importaciones de India al 50% como un castigo por importar petróleo ruso. En aquella oportunidad, por la misma razón, amenazó con tomar la misma medida con China, pero las autoridades de ese país lo pusieron en su lugar y le dijeron que seguirán tomando medidas de seguridad energética basadas en sus intereses.

Trump también ha amenazado con su garrote arancelario a Colombia en repetidas oportunidades y el 29 de enero firmó una orden ejecutiva que impuso aranceles a los bienes y servicios procedentes de países que vendan o proporcionen petróleo a Cuba, argumentando que la ayuda a la isla “constituye una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos”. Hasta antes del secuestro de Nicolás Maduro, el petróleo consumido por Cuba provenía fundamentalmente de México y de Venezuela. Suspendido el envío, Cuba padece una crisis humanitaria que el gobierno estadounidense utiliza como arma para derribar al gobierno cubano.

El fallo de la Corte Suprema ha puesto un freno al poder absoluto del presidente quien impuso aranceles a diestra y siniestra con el poder de un emperador. Su política arancelaria no le ha traído resultados favorables. La inflación no puede ser controlada, la economía no crece, las importaciones continúan creciendo, el déficit comercial se mantiene en los mismos niveles y tampoco hay creación de empleos en un escenario de caída de respaldo ciudadano a sus proyectos en diversos frentes, lo que se suma a la presión de las elecciones de medio término en noviembre, que auguran su derrota.

Esta nota es una síntesis de la publicada por la autora en el Cohete a la luna, Buenos Aires, el 22 de febrero de 2026