Gobierno

La sociedad peruana está expresando, en este contexto, una oportunidad de cambio sin precedentes frente a nosotros, pero también tenemos una maraña salvaje que toma muchas formas, cuando tiene miedo a cualquier indicio de transformación. Una fiera salvaje que llama a todo aquello que no entiende: comunismo. Nada más alejado de la realidad.

Según la encuesta de enero 2023 del Instituto de Estudios Peruanos- IEP(1), el 69% de la población consultada quiere una nueva constitución. Pero este dato no le importa al gobierno cívico-militar de la señora Dina Boluarte. La democracia, para ella, pasa por parámetros definidos por el sofisticado bagaje de represión criminal que a la fecha tiene un saldo de 63 muertos por balas y gases de las Policía.

En las últimas semanas se ha intensificado el debate sobre el carácter democrático del gobierno de Dina Boluarte. Desde un primer momento este ha sido cuestionado como un gobierno ilegal e ilegítimo, lo que ha dado pie para calificarlo de autoritario. ¿Qué es un gobierno legal? Aquel que actúa de acuerdo con los preceptos del estado de derecho. ¿Qué es un gobierno legítimo? El que la población cree que tiene autoridad para mandar. La legalidad, asimismo, suele ser fuente de legitimidad y la debilidad de una afecta indudablemente a la otra, deteriorando irremediablemente la democracia.

El gobierno en el Perú es un gran problema nacional, como problemas nacionales son la desigualdad, pobreza, corrupción, informalidad, crimen organizado, narcotráfico, minería ilegal, inseguridad ciudadana, racismo, etc.; quizás, así es mejor manera para entenderlo, enfrentarlo y resolverlo.  Históricamente, según quien juzgue, hemos tenido gobiernos malos, mediocres y algunos buenos; democráticos, autoritarios y dictatoriales; frágiles, gelatinosos y fuertes; aristocráticos, oligárquicos y populistas; pero gobiernos al fin.

De la eficiente funcionaria del registro civil que candidateó a la vicepresidencia o de la anodina ministra de desarrollo social —cargo que ejerció durante casi todo el gobierno de Pedro Castillo—, la personalidad de Dina Boluarte ha dado un tenebroso salto cualitativo. En seis meses de ejercicio del poder, ha endurecido notoriamente el gesto, casi hasta la impostación, y ha sacado a relucir un sorprendente aplomo para dedicarle a la prensa amenazas veladas. 

Después de las movilizaciones del 19 de julio y al acercarse las Fiestas Patrias, muchos retoman la resobada pregunta de Zavalita en la puerta del diario La Crónica y otros intentan buscar salidas a esta crisis, que está haciendo crecer el número de los que quieren irse del Perú a vivir a otra parte. Tiempos de ¡sálvese quien pueda! ¡mueran Sansón y los filisteos! ¡después de mí, el diluvio! ¡apaguen la luz y vámonos!

La inversión pública junto a la privada, constituyen uno de los factores fundamentales de la economía y se sustenta en aspectos como la transparencia y la eficacia; por ello, es importante introducirnos en las entrañas del aparato estatal, es decir, del gobierno nacional, regional y municipal, para conocer de cerca su dinámica, con el objetivo de conocer los aspectos que determinan el nivel de ejecución del gasto público. Teniendo en cuenta que este es un aspecto de los muchos que conforman la gestión pública.

La crisis en la que estamos no parece tener fin. La extrema derecha que le dio el contragolpe a Castillo no puede ella misma gobernar. A pesar de controlarlo casi todo y de no poder echarle la culpa a nadie, no puede manejar la economía, de la que tanto se jactaba, ni menos todavía la política. Se pelean entre ellos y culpan al fantoche de presidenta que inventaron por los problemas: “Dina es de izquierda y como buena caviar le gustan las joyas, he ahí el origen de los problemas”. ¿Se imaginan?

Es usual decir que Lima no sabe parar. Pero esa es una verdad a medias. Lima, ante sus problemas concretos, sí para; sí sabe parar.

La inconstitucional e ilegítima presidencia fraternal de Dina y Nicanor está en campaña política, hace tiempo, han logrado inscribir, ilegalmente, usando al gobierno y ausencia del JNE, su partido Ciudadanos por el Perú (con firmas falsas y uso de recursos del estado), han designado y contratado personas, sin cumplir requisitos, en todas las instituciones para apoyar su campaña y, acaban, al fin, de designar a uno de los operadores de Nicanor, un “cuello blanco”, un “hermanito”, como Premier y muchos otros ministros más.