cambio constitucional

En el debate de cara a la segunda vuelta se ha puesto especial énfasis en las garantías democráticas que deben presentar ambos candidatos presidenciales, tanto Pedro Castillo como Keiko Fujimori. De la primera sabemos sus antecedentes autoritarios por la participación en la dictadura que lideró su padre junto con Vladimiro Montesinos, entre 1992 y el año 2000, así como por su discurso posterior; asumiendo, negando y luego volviendo a asumir, en esta campaña, el legado paterno —lo que incluye hasta los horrores de las esterilizaciones forzadas—, y sus actuales promesas de mano dura.

La aguda inestabilidad que padece el gobierno de Pedro Castillo: cuatro gabinetes en menos de 7 meses de gestión, no hace sino evidenciar las debilidades del sistema político peruano, de las elites políticas y la institucionalidad, en resumen, de la precaria democracia peruana.

Según la encuesta de enero 2023 del Instituto de Estudios Peruanos- IEP(1), el 69% de la población consultada quiere una nueva constitución. Pero este dato no le importa al gobierno cívico-militar de la señora Dina Boluarte. La democracia, para ella, pasa por parámetros definidos por el sofisticado bagaje de represión criminal que a la fecha tiene un saldo de 63 muertos por balas y gases de las Policía.

La Constitución de 1993 acaba de cumplir 30 años, es la tercera con más años de nuestra historia luego de las constituciones de 1860 y 1933 y, es la que ha permitido el proceso democrático más largo del Perú; es una constitución parchada, ha sufrido más de 40 “reformas” sustantivas y formales, su texto actual no es el original, los diferentes gobiernos la han tasajeado; es una constitución sobrevalorada tanto por sus críticos que quisieran cambiarla como por sus defensores que quisieran circunscribir el llamado “milagro peruano” a su existencia; como ninguna otra, ha sobrevivido, conducido