Se preguntaba Zavalita: ¿En qué momento se jodió el Perú? Es claro que fue desde su concepción bastarda. No fue una independencia redentora del oprimido, sino una evasión tributaria ante la lejana España. El Bicentenario es para reforzar lo último dicho. Lo demás, es cuento. Fuegos artificiosos de los herederos de esos padres putativos ad hoc de una historia forzada.

César Acuña Peralta y el partido que preside y fundó, Alianza Para el Progreso (APP), son corresponsables de la grave crisis política que atraviesa nuestro país. Convertidos en una de las muletas de Dina Boluarte, niegan la manifiesta debilidad de su gobierno porque sería admitir su propia pequeñez y decadencia. 

Después del retiro del gobierno militar de Francisco Morales (1978), la democracia peruana subsiste en condiciones de riesgo por la precariedad de los partidos políticos, la extendida corrupción, el poco compromiso por una visión compartida de país, una creciente desconfianza de la población hacia la política y el incremento de la inseguridad ciudadana.

Necesario deslinde:

Es necesario hacer algunos necesarios deslindes a determinadas interpretaciones y toma de posición respecto de la crisis política, moral e institucional que vive el país.
Se trata de una crisis administrada desde el ámbito político estatal en una relación interdependiente entre el Congreso y Ejecutivo mediante un pacto de intereses subalternos, que compromete a la política y a la sociedad.

Lo ocurrido en semanas pasadas con el derrumbe del puente Chancay, es un suceso tan trágico como representativo de nuestra realidad. Hay un simbolismo, tan evidente como desalentador, de que el derrumbe del puente haya sucedió en la misma vía que se ha proclamado como un enlace clave hacia el megapuerto de Chancay. Si ni siquiera podemos asegurar el adecuado mantenimiento de una obra de comunicación tan importante, que podemos entonces esperar. 

La censura del ministro del Interior, José Santiváñez, no fue un acto de responsabilidad política del Congreso, sino una victoria obtenida por la ciudadanía movilizada. Una vez más, la movilización ciudadana ha demostrado ser el único contrapeso efectivo ante un gobierno coludido con la corrupción y una clase política indiferente a las problemáticas de las mayorías.

Con su principal alfil fuera de juego, el inicio de movilizaciones y la necesidad del congreso de limpiarse la mugre y maquillar su desastrosa gestión, el país da inicio al fin de la etapa más oscura de los últimos 25 años.

A propósito de la muerte del papa Francisco, me surge la fortísima enseñanza desde su gestión en la silla petrina. Recibió una iglesia infecta, corrompida a punto de reventar. Desde el concilio, llamado Vaticano II, ya la iglesia entendió, siguiendo el evangelio, que debía de estar en el mundo, sin ser en el mundo y eso suponía, lo que se llamó, un “aggiornamento”, traducido desde el italiano como un “ponerse al día”. Antes del concilio vaticano II, hubo uno que concluyó en 1870. Llamase Vaticano I. Casi cien años.  

La política es un negocio y, como todo negocio en Perú, puede ser mercantilistamente formal, informal e ilegal. La política sirve para llegar comercialmente al gobierno y poder y, desde ellos, usarlos para enriquecerse, protegerse y aplastar adversarios. La política es un gran mercado, en Perú, una gigantesca cachina nacional que recicla todo: usados y sentenciados. En ese mercado político, muy liberal, funciona como nunca el “dejar hacer, dejar pasar”, fluyen negocios formales e informales, legales y criminales.

El 9 de diciembre cerramos el bicentenario de la independencia del Perú y constitución de nuestra república, iniciamos nuestro tricentenario, con nuestra república corrompida, nuestra democracia destruida; presos de la criminalidad institucionalizada en la vida económica, social, política, moral y cultural del país; gobernados por una podredumbre llegada al poder vía elecciones que envilecen y han envilecido todo en el periodo democrático más largo de nuestra historia. La democracia destruye la democracia, corrompe nuestra república.