Corrupción

Esta semana me tocó estar en Buenos Aires para asistir a un evento sobre criminalidad económica y lavado de activos en la sede del Banco Central. El foco de este diálogo en el que participaron funcionarios de alto nivel de la unidad de inteligencia financiera, la fiscalía, la administración tributaria y otras importantes instituciones, fue lo que se conoce como “beneficiario final”, es decir las personas, familias o grupos empresariales que están detrás de testaferros usados para esconder dinero negro.

El exsecretario de Alan García en su segundo gobierno, Luis Nava Guibert, amenazó con denunciar a la congresista Rosa Mavila, presidente de la comisión que investiga los vínculos del narcotráfico con los partidos políticos, pues considera que adelantó opinión sobre los presuntos nexos de Nava con el extitular de la Comisión de Gracias Presidenciales Miguel Facundo Chinguel.
 

El hábeas corpus a favor de Nadine Heredia que impide que se le investigue por los US$ 216 mil que recibió en sus cuentas entre el 2005 y 2009, trae a la mente el dinero de la corrupción que algunas exautoridades y personajes siniestros deben al país.
 
El mayor deudor sigue siendo Vladimiro Montesinos, quien durante el régimen fujimorista hizo y deshizo con los recursos del Estado con la anuencia del expresidente Fujimori que purga condena en la Dinoes y cuya hija Keiko, que también disfrutó del dinero de la corrupción, ahora quiere ser presidenta del Perú.

Lula busca despegarse de “su” Partido de los Trabajadores y del gobierno que contribuyó a elegir, para erigirse en líder de los indignados con la corrupción y la crisis. Si el fin del PT como alternativa de poder parece inminente, el fantasma mayor para el progresismo es la eventualidad de que el propio Lula sea detenido.

Alan García inició el mes de julio recorriendo el norte del país en lo que podría denominarse la campaña aprista con miras al 2016. A su paso por Chimbote, Trujillo y Chiclayo hizo derroche de promesas electorales como optimizar los servicios de agua y electrificación, así como combatir la inseguridad ciudadana. ¿A qué juega García?
 

No ha sido una buena noticia para el ex presidente Lula da Silva ni para la actual presidenta Dilma Rousseff. Pero, principalmente, no ha sido una buena noticia para el país: luego de intentos de intermediarios con tránsito libre entre todos, el ex presidente Fernando Henrique Cardoso (1995-2002) rehusó, al menos por ahora, establecer un diálogo con sus dos sucesores para tratar el complejo y preocupante cuadro político brasileño.

El tono en que Cardoso contestó los intentos de acercamiento y diálogo lanzados de manera no tan discreta por Lula y Dilma sorprendió.

La apuesta de la oposición brasileña, tras el fin del receso parlamentario, es que se pongan en marcha varios pedidos de juicio político contra la mandataria Rousseff. Y, de esta forma, agitar el clima hasta la concentración encabezada por Aécio Neves.

Las masivas protestas en Brasil del pasado domingo, que reunieron a más de 800.000 personas en un centenar de ciudades, no solo han puesto contra las cuerdas al Gobierno de la presidenta Dilma Rousseff, siete meses después de su reestreno al frente del país, y al Partido de los Trabajadores, sino que amenazan con llevarse por delante el duro ajuste fiscal que necesita la maltrecha economía brasileña. El mercado financiero corrigió ayer sus previsiones para 2016 y proyecta que la recesión se extenderá hasta 2017.

Nuevas revelaciones que comprometen al, dos veces expresidente Alan García, se dieron a conocer durante la sétima audiencia del juicio oral por el caso “Narcoindultos”. El exasesor jurídico de Palacio de Gobierno y exintegrante no permanente de la Comisión de Gracias Presidenciales, Renato Quiroz Zegarra, declaró que los expedientes con los propuestas de gracias llegaban a Palacio de Gobierno “en cajas”, para ser revisadas por el propio García.

En el Perú, quince regiones se dedican a la producción de droga. El 60% de la producción de esta termina en el mercado norteamericano. El transporte de tal cantidad de droga se realiza a través de los 115 aeropuertos clandestinos ubicados estratégicamente en el territorio nacional. El narcotráfico mueve anualmente US$22 mil millones, lo que equivale al 17% de nuestro PBI.