Las masivas protestas en Brasil del pasado domingo, que reunieron a más de 800.000 personas en un centenar de ciudades, no solo han puesto contra las cuerdas al Gobierno de la presidenta Dilma Rousseff, siete meses después de su reestreno al frente del país, y al Partido de los Trabajadores, sino que amenazan con llevarse por delante el duro ajuste fiscal que necesita la maltrecha economía brasileña. El mercado financiero corrigió ayer sus previsiones para 2016 y proyecta que la recesión se extenderá hasta 2017.