“Una pensión mínima de S/600 parece un avance, pero la nueva ley de pensiones en Perú podría aumentar el gasto público sin un financiamiento claro y excluir a miles de peruanos. Es crucial que esta reforma sea transparente y verdaderamente inclusiva”.

Es usual decir que Lima no sabe parar. Pero esa es una verdad a medias. Lima, ante sus problemas concretos, sí para; sí sabe parar.

“Desde julio del 2016, el Perú vive bajo la amenaza de golpe de Estado permanente. Hay diversos actores que lo buscan y lo impulsan, hay instituciones que lo permiten y hay factores estructurales que lo alimentan.
El elemento más crítico del sistema político es la forma de gobierno que, en el Perú́, es el presidencialismo parlamentarizado”. (López, Sinesio. La Republica)

Necesario deslinde:

Es necesario hacer algunos necesarios deslindes a determinadas interpretaciones y toma de posición respecto de la crisis política, moral e institucional que vive el país.
Se trata de una crisis administrada desde el ámbito político estatal en una relación interdependiente entre el Congreso y Ejecutivo mediante un pacto de intereses subalternos, que compromete a la política y a la sociedad.

La inhabilitación de 10 años impuesta a Víctor Zamora, ex ministro de Salud, por el Congreso de la República es un hecho que va mucho más allá de su caso particular. Se trata de un patrón preocupante en el que se busca inhabilitar a funcionarios y funcionarias que han demostrado capacidad técnica, probidad y compromiso con el país. No es solo Zamora; la lista incluye al expresidente Francisco Sagasti, al ex primer ministro Salvador del Solar y a la expresidenta del Congreso Mirtha Vásquez, entre otros.

El gobierno en Perú está, hace tiempo, en el piso. No representa al pueblo peruano, sí a una mafiosa coalición gubernamental. No es un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo; es un gobierno del crimen, por el crimen y para el crimen. Su legitimidad es una ilusión y su legalidad un anacronismo. Perú, un novedoso laboratorio político en las últimas décadas, ha sido convertido, por la criminalidad, en un comprobado estado fallido. El Leviatán de Hobbes ha sido derrotado por la “naturaleza salvaje” y criminal de las mafias gubernamentales.

El 02 de octubre, los diferentes gremios de transporte han realizado una medida de fuerza potente, que paralizó el tránsito en varias importantes vías de la Capital, exigiendo a las instancias de gobierno, una solución a la ola de asesinatos generados por el sicariato y extorsionadores y que se han ensañado con toda la sociedad, principalmente con los transportistas y emprendedores.

Ha caído Dina Boluarte, la marioneta que la coalición mafiosa que nos gobierna se encontró para librarse de Pedro Castillo. Digo caído y no vacado, porque lo último supondría que aceptamos vivir en un Estado de Derecho y lo que hemos vivido los últimos casi tres años es todo torcido.

No debemos olvidar que, con su caída, da paso al séptimo presidente, en este caso José Jerí, que tiene el Perú en siete años, en una crisis que se abrió con la también caída de Pedro Pablo Kuczynski en marzo de 2018 y que todavía espera los actores que escriban su final.

Perú, luego de su independencia, se constituye como estado, una república democrática, cuyos pilares de su régimen político gubernamental eran la separación de poderes y el presidencialismo. En nuestro bicentenario, ambos no existen realmente, pese a seguir vigentes legalmente, fueron destruidos desde el gobierno mismo. Ni las dictaduras tradicionales llegaron a tanto, como la parlamentocracia mafiosa que hoy gobierna. El régimen gubernamental vigente, realmente existente, el gobierno parlamentario, no tiene ningún sustento legal; ha sido deformado desde dentro, es inconstitucional.

¿Cómo serán las bancadas que se configuren en el Congreso de la República en las elecciones de 2026? Existen dos posibilidades:

Primera, que sean la réplica de las actuales, es decir, una copia del pacto mafioso, a las que se agregarán otras bancadas transversales. Cuando decimos bancadas transversales nos estamos refiriendo a lógicas de intereses que atraviesan bancadas (por ejemplo, minería ilegal y conexos, etc.).