El saqueo del gas y los gobernantes felipillos

El saqueo del gas de Camisea sobre el cual alertamos en nuestro primer suplemento “Gas de Camisea: el regalo de dios que nos quieren quitar” (encarte en La República, agosto de 2009) hace nueve meses, está a punto de consumarse.


En las próximas semanas empezaría a exportarse por parte del Consorcio Perú-LNG, un aproximado del 47% de las reservas probadas de gas que posee el Perú.
 
El asunto es gravísimo ya que compromete nuestra independencia energética y, por lo tanto, nuestras posibilidades de desarrollo para los próximos cincuenta años. Pero no sólo eso. Se trata del gas barato, aquel que descubrió la Shell hace 25 años y revirtió al Estado Peruano al dejar esta empresa su explotación y retirarse del proyecto. Es decir, se trata de la fuente de energía que por su bajo costo, que abarataría la actividad doméstica y productiva, constituye una ventana de oportunidad para un país pobre como el nuestro.
 
El caso es que se quiere exportar 4.08 TCF (trillones de pies cúbicos) de los 8.79 TCF de reservas probadas con los que cuenta el Perú. Esto sucede cuando hay una demanda local insatisfecha de 6.89 TCF que se expresa en las necesidades de amas de casa y choferes postergados y en la larga lista de industriales, especialmente los proyectos petroquímicos con años de espera, cuyos pedidos no han podido ser atendidos, además de la demanda del gaseoducto surandino, puesta sobre la mesa por los presidentes regionales, que el gobierno se empeña en ocultar.
 
Por otra parte, Carlos Herrera Descalzi calcula en 43 mil millones de dólares el costo para el Perú de la exportación de los 4.08 TCF que está a punto de empezar. Este cálculo resulta de proyectar el costo del gas que el Perú tendrá que comprar para reemplazar el gas que hoy se pretende exportar. Además, la falta de gas hará que se desarrolle con más fuerza la búsqueda de petróleo en la Amazonía, con el daño social y ambiental consecuente.
 
La exportación está llena de irregularidades legales que han sido denunciadas, entre otros, por el propio Presidente Alan García. Se han cambiado irregularmente leyes y festinado trámites, en los últimos años del gobierno de Alejandro Toledo, para hacer esta vergüenza posible. No cabe, por lo tanto, el argumento del actual gobierno aprista de señalar que se deben “respetar los contratos”, para defender la exportación del gas, porque el mismo contrato de exportación, firmado el 2006, es producto de una operación ilegal.
 
La insolencia del Consorcio Perú-LNG se basa, sin embargo, en que en la Constitución fujimorista de 1993  le da la propiedad del recurso en boca de pozo a quien lo extrae del subsuelo, por ello hablan de “su gas” y dicen que pueden hacer con él lo que quieran. Una razón más para mandar ese texto írrito donde pertenece, es decir, al tacho de basura y darle una nueva y verdadera Constitución al Perú.
 
Lo mismo sucede con el uso del gaseoducto, financiado por todos los peruanos a través de un pago que hicimos en las tarifas eléctricas, que ahora se quiere usar para traer el gas desde  Camisea y ponerlo en los barcos. El contrato de transporte del gas, firmado por el Ministerio de Energía y Minas y Transportadora de Gas del Perú (TGP) establece que, por un periodo de 10 años a partir de la operación comercial (2004), el gasoducto solo puede transportar, exclusivamente, gas del Lote 88. Sucede que el consorcio Perú LNG quiere transportar gas del Lote 56, lo que no está permitido, hecho que ha sido ratificado por el estudio de abogados Payet, Rey y  Cauvi. Esta es una razón más que nos proporciona valiosas herramientas para que el gas del Lote 88 y 56 se dediquen exclusivamente al mercado interno.
 
¿Por qué entonces el afán del gobierno aprista de persistir en la exportación? Como lo ha dicho el propio Presidente del Consejo de Ministros Javier Velásquez Quesquén, porque el Perú no puede dar “una mala señal”. En otras palabras porque hay que defender este modelo corrupto de capitalismo de amigotes que existe en el país. Un modelo que no tiene que ver con el mercado ni con la libre competencia sino con la capacidad que tengan los privados de capturar el Estado para su propio beneficio. Como en otros momentos en nuestra historia, cuando se firmó el Contrato Grace o se expulsó a la IPC, hay necesidad de tomar posición sobre una cuestión de fondo. ¿Qué somos? ¿Nación o tierra de nadie?

Por estas razones, desde Otra Mirada nos unimos al movimiento nacional contra la exportación del gas y proclamamos junto con los presidentes regionales del sur y múltiples líderes sociales y políticos y expertos en la materia: “ni una sola molécula de gas fuera del Perú”.

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