En el Perú, gobernar se parece cada vez más a conducir una combi informal en hora punta: demasiados pasajeros, semáforos y autoridad que no se respetan, sin licencia, sin seguro, frenos desgastados y un conductor que cambia antes de llegar al siguiente paradero.

La metáfora no es gratuita. En una década, el país ha tenido una sucesión grosera de presidentes-actualmente José María Balcázar es el 8vo-, decenas de gabinetes y alianzas políticas cada más mafiosas. La política dejó de ser un sistema de pesos y contrapesos para convertirse en un tránsito caótico donde ningún político respeta señales, pero todos reclaman el volante.

La combi avanza, sí. La economía peruana sigue funcionando a pesar del ruido institucional. La producción nacional creció en un 3.5% durante el 2025, la inflación se mantuvo por debajo del 2% anual (1.5% exactamente). Sin embargo, avanzar no es lo mismo que tener dirección. Y hoy el Perú parece moverse más por inercia que por proyecto de país. ¿A dónde va el Perú?

La crisis no es únicamente política. Es estructural. El uso abusivo de los mecanismos de control político como la vacancia y la censura; la fragmentación parlamentaria y la ausencia de partidos sólidos (y decentes) han convertido al sistema político en una pista sin semáforos que respetar. El Ejecutivo gobierna con fragilidad; el Legislativo ejerce poder sin asumir costos de gobernabilidad. El resultado es una tensión permanente que erosiona la confianza ciudadana, le resta oportunidades de futuro a las nuevas generaciones y maltrata sistemáticamente a la población.

En este escenario, la democracia se deteriora, se desgasta y limpia el camino para la aparición del autoritarismo. Cada uno de estos cambios en el Ejecutivo reduce la previsibilidad institucional. Cada conflicto entre poderes normaliza la excepcionalidad. Y cuando lo excepcional se vuelve cotidiano, la población empieza a naturalizar el desorden. 

Lo más preocupante no es la crisis en sí —las democracias atraviesan ciclos de inestabilidad— sino la ausencia de una narrativa de reconstrucción. No hay horizonte compartido, solo supervivencia política. Como en la combi informal, mientras se pelean por el volante con maniobras bruscas y sin mapa claro; los pasajeros —la ciudadanía— se aferran como pueden: algunos reclaman, otros se resignan y la mayoría calcula en silencio en qué momento conviene bajar. No hay trayecto común, solo equilibrios individuales en medio del movimiento.

Esta combi llamado país no solo se dirige por un camino institucional frágil, sino que transita un territorio social complejo. El individualismo que se ha instalado en la cotidianeidad —fruto de décadas de precariedad económica, desigualdad y ausencia de redes colectivas sólidas— se refleja también en la manera en que la población lidia con la política: priorizando la supervivencia diaria frente a la construcción de una agenda pública común. El cálculo por el propio bienestar inmediato, más que la articulación de demandas colectivas sostenidas, es una estrategia racional de adaptación en un contexto de incertidumbre permanente.

Este paisaje no es solo político, también es geográfico y económico. Temas como la minería ilegal, la informalidad, la criminalidad y las tensiones territoriales se han convertido en puntos de conflicto que superan lo discursivo. La criminalidad, por ejemplo, no es solo un asunto de seguridad ni una economía subterránea que opera al margen del sistema; es también un síntoma de captura institucional. La expansión de la criminalidad en distintos territorios del país a través de redes de extorsión, economías ilícitas y organizaciones violentas logran operar con continuidad, infiltrar dinámicas locales y desafiar abiertamente la autoridad, lo que queda expuesto no es únicamente la audacia del delito, sino la fragilidad de la presencia estatal. La respuesta fragmentada y episódica —estados de emergencias que no funcionan— terminan reforzando la percepción de que el Estado no gobierna plenamente el territorio, sino que interviene de manera tardía, presionado por la crisis y no por una estrategia sostenida.

La crisis, entonces, no es únicamente de liderazgo político. Es también una crisis de comunidad. Cuando el horizonte común se diluye, predomina el cálculo individual. Cuando las reglas son frágiles, la supervivencia reemplaza a la planificación. Y cuando la política se percibe como un campo de confrontación permanente, la población deja de esperar dirección y se concentra en resistir el movimiento.

Esto no significa que el país esté inmóvil. La economía continúa, muchas familias siguen emprendiendo, las regiones siguen produciendo y las familias se organizan para sobrevivir, como puedan. Pero ese dinamismo social convive con una institucionalidad debilitada. La combi avanza porque el motor social funciona, no porque la conducción sea estable. 

Finalmente, el país enfrenta elecciones en un clima de escepticismo. El próximo gobierno no solo heredará un Estado fragmentado, sino una ciudadanía fatigada y asqueada. Recuperar gobernabilidad exigirá algo más que mayorías circunstanciales: demandará reconstruir reglas, fortalecer partidos y reducir los incentivos para el conflicto permanente entre poderes.

El Perú no necesita un conductor temerario ni un salvador. Necesita licencia. Es decir, institucionalidad. Necesita reglas claras que se respeten incluso cuando incomodan. Necesita previsibilidad. Porque una combi puede avanzar sin licencia durante un tiempo, pero cuando la precariedad se normaliza, el desenlace no es un simple tropiezo, sino un daño que puede resultar institucionalmente mortal.