En el debate sobre la pertinencia de una carrera pública en el Perú suele discutirse todavía si esta debe o no ser por méritos. Creo que a estas alturas caben pocas dudas sobre que uno de los pilares de una democracia avanzada es la meritocracia. El asunto es no caer en la deformación de esta como se ha hecho en el caso de los maestros peruanos. Los méritos de cualquier persona se deben evaluar de acuerdo con las condiciones individuales y colectivas de su desarrollo y no a partir de criterios extraños a su entorno y peor, a la sociedad y el país a los que pertenece. El mérito entonces, procede, en tanto su evaluación no sea arbitraria ni guiada por propósitos subalternos. De lo contrario, se convierte en herramienta de los privilegiados para discriminar a los demás.

Pero veamos cuáles son los términos actuales del debate. A propósito de las declaraciones del actual ministro de Educación Carlos Gallardo, sobre la carrera pública magisterial y cómo esta ha afectado a los maestros, ha tomado nuevamente actualidad la necesidad de revisar la ley que norma esta carrera fundamental. Sorprende, sin embargo, que en medio de la controversia y a pesar los anuncios de “revolución educativa” del gobierno del presidente Castillo, que suponen una revisión del actual concepto meritocrático, se haya convocado a un nuevo proceso de nombramiento que debe empezar el sábado 13 de noviembre, con cambios parece que menores con respecto a las evaluaciones anteriores. 

Empero el tema viene de varios años, casi una década, atrás. La ley de carrera pública magisterial del año 2012, considerada la “joya de la corona” por los promotores de la llamada reforma educativa que se impulsa de 2013 en adelante, a diferencia de lo que tercamente se ha querido convertir en sentido común, ha sido el punto central del grave desorden existente en los últimos años en el sector educación.

Lo más destacable de los que han impulsado esta política educativa ha sido las buenas relaciones que han tenido con los medios de comunicación, porque a pesar de que los números nunca los han favorecido, siempre han recibido buenos comentarios en los grandes medios. La razón ha sido su afinidad ideológica con los mismos. Tanto ellos como la mayor parte de estos medios han impulsado la captura del estado por la razón neoliberal, buscando convertir un derecho como es la educación en una mercancía al alcance de quien tiene plata para comprarla.

¿Qué nos han vendido esta campaña mediática? Una verdad supuestamente de Perogrullo: que la carrera magisterial tiene que ser por méritos que deben ser medidos a través de un proceso de evaluación para el cual no dan la talla los maestros peruanos. Qué duda cabe, debe haber evaluaciones, tanto para el acceso como para la promoción docentes, de manera tal que tengamos a los mejores docentes en la educación pública. De hecho, hemos tenido evaluaciones, bajo diferentes normas legales, en los últimos veinte años de manera continua. En un primer momento casi todos los maestros se oponían a las evaluaciones, pero poco a poco se fue venciendo esa resistencia integrando a los maestros al proceso. Sin embargo, la resistencia recrudeció en la última década, cuando las pruebas empezaron a volverse de promotoras en punitivas. Contra esta grave situación de flagrante injusticia es que el profesor Pedro Castillo, hoy presidente de la República, lidera la gran huelga nacional del magisterio el año 2017, que lo hace una figura nacional y le permite luego llegar a la presidencia de la república. 

Pero veamos los números, que no les cierran a los promotores de la “reforma educativa”. A partir de la última ley que se aprueba el 2012, hemos tenido cuatro evaluaciones nacionales de acceso a la carrera docente:  2015, 2017, 2018 y 2019; con resultados más que preocupantes. El objetivo ya no ha sido evaluar a los maestros para que accedan o se promocionen en la carrera magisterial, sino castigarlos impidiendo su acceso o promoción con pruebas imposibles de aprobar. Si tomamos el ejemplo de la prueba de acceso del año 2019, de acuerdo con datos del propio Ministerio de Educación, tenemos que 230,952 docentes se inscribieron para darla, 212,456 fueron evaluados, 15,874 aprobaron la primera etapa, 6,526 la segunda y tan sólo 4,554 alcanzaron plaza siendo nombrados. Es decir, nada más que el 2% de los que postularon. En los otros años, con algunas variantes, los porcentajes de aprobación son también bajísimos.

En cualquier contexto educativo un profesor que toma una prueba y jala una y otra vez al 98% de los alumnos es simplemente despedido. Es decir, la responsabilidad pasa del que da la prueba al que la toma. Y aquí hay responsabilidades tanto técnicas, de los que hacen la prueba y se suponen que la han validado, como políticas, de los que ordenan las mismas, empezando por el ministro del ramo. Pero lo más grave es que esto ha tenido consecuencias en la aguda precarización del trabajo magisterial. De los aproximadamente 330,000 maestros nombrados que existían en el servicio público una década atrás, hoy quedan, también según el Ministerio de Educación, 243,602 nombrados y 148,332 contratados. Es decir, esta política ha eliminado a un 30% de las plazas de maestros nombrados en el Perú y ha aumentado por tres y hasta cuatro veces, dependiendo del año de referencia, los maestros contratados en referencia a la primera década del siglo XXI. ¡Cómo no van a estar molestos los maestros con el estado! 

A la luz de estos números sólo queda concluir que el objetivo de estos concursos ha sido precarizar el trabajo magisterial, tener a una mayoría de los maestros como contratados y por lo tanto a un magisterio frágil, laboral y políticamente, a merced del Ministerio de Educación. La fragilidad del magisterio es un primer paso, para luego dar el siguiente: la privatización de la educación pública, librada de lo que consideran su “lastre” más importante, es decir un cuerpo magisterial mayoritariamente nombrado, que es la base para cualquier organización sindical que pueda luchar por los derechos de sus afiliados.

Pero cómo ha sido presentada esta destrucción de las plazas magisteriales y el aumento de los contratados, por los funcionarios y medios que se han inventado o comprado el cuento. Como un salto cualitativo en la educación peruana que nos debería brindar maestros competentes. Sin embargo, la amargura dominante en el magisterio y los padres de familia, las huelgas y el voto, en buena medida de protesta, de la última elección nacional, señalan en una dirección contraria. En especial es relevante en la queja de los maestros la distancia que se ha establecido entre ellos y los funcionarios del Ministerio de Educación, especialmente de la alta dirección en Lima. Una distancia que para empezar es profesional, han disminuido claramente los funcionarios formados como maestros en instituciones públicas y han aumentado aquellos que vienen de otras carreras, educados en instituciones privadas. Ello permite señalar una distancia también étnico social, que ya apuntaba en mis comentarios a la huelga de 2017, entre comunidades diferenciadas, donde una da directivas y establece estándares sobre otra que en buena medida habita un mundo con el que la primera no intenta conectarse.

La solución, por supuesto, no puede ser eliminar las evaluaciones, de ninguna manera. Hay que revisar la experiencia de la evaluación en los últimos años, quitarle su carácter punitivo y volverla a hacer una evaluación promotora, que integre a los maestros en la aplicación de la misma, tal como sucede en la mayor parte del mundo. Sin embargo, hay fuerzas muy poderosas que se oponen a esta revisión. Por una parte, los ideólogos de lo establecido, que añoran la privatización de la educación pública, pero por otra los consultores que han ganado dinero e influencia con estas evaluaciones fallidas. Hay que poner de lado los grandes y pequeños intereses en función de los niños y jóvenes del Perú que se merecen mejores maestros, definitivamente mejor tratados por las autoridades educativas y políticas, regionales y nacionales.

En este estado de la controversia ¿tiene sentido que la autoridad educativa repita un proceso de nombramiento docente que todo indica, salvo vicios ocultos, que va a repetir los resultados de los anteriores? Creemos que no, es hora de poner en marcha la tan mentada revolución educativa que ha prometido el presidente Castillo, con otros criterios de evaluación meritocrática distintos a los actuales.