Tras la disolución del Congreso y el pugilato entre el fujiaprismo y el Ejecutivo, hay un capítulo que no puede quedar de lado y que ha quedado plasmado en diversas puestas en escena que involucra a diversos sectores. Hablamos del capítulo de la lucha anticorrupción que se vincula también con estrategias y leguleyadas propias de quien se sabe perdido en su intención de promover la impunidad.

Revisando las cosas, los escenarios se perfilan de esta forma:

1.Odebrecht: ¿la plata o la verdad? La jueza María de los Ángeles Álvarez tiene en sus manos una decisión que es la bisagra para terminar de desenredar el caso #LavaJato en el país. Hay 71 “codinomes” que deben terminar de ser revelados por la empresa brasilera y que deben ser contrastados con los registros y programas de la “Caja 2” que estipula meticulosamente cada detalle de los “aportes” y coimas pagados por Odebrecht.

De la decisión de la magistrada, dependerá si se paga o no los 524 millones de soles del saldo de la venta de la hidroeléctrica Chaglla por parte de la empresa. Este monto, debería servirle a Odebrecht para poder cubrir parte de su bancarrota y cancelar -entre otras cosas- el pago a los especialistas que pueden desentrañar los enrevesados archivos del sector de Operaciones Estructuradas.

Este monto también forma parte del acuerdo al cual se llegó con los ex directivos de la empresa brasilera en el marco del proceso de colaboración eficaz, el cual -como ya se ha mencionado- permitirá conocer la verdad de los pagos hechos por la corporación y que le han permitido llenarse los bolsillos con las obras ganadas.

Para un sector -vinculado a los corruptos- el pago a la empresa refleja “el temor de Vizcarra” para que no se conozca sus presuntas implicaciones con la brasilera. Sin embargo, el mismo Vizcarra ha criticado el pago, argumento que ha sido utilizado por la defensa de Jorge Barata y Marcelo Odebrecht para decir que no existen garantías para seguir colaborando con la justicia.

De la decisión de la magistrada dependerá el camino de esta investigación.

2.Olaechea, el TC, el primo y los bonos. La “elección” de Gonzalo Ortiz de Zevallos como magistrado del Tribunal Constitucional fue uno de los detonantes para que el presidente Vizcarra decidiera disolver el Congreso, al haberse hecho el proceso pese a que existía un pedido de cuestión de confianza por parte del presidente del Consejo de Ministros respecto al proceso de elección de magistrados. Días después de la disolución el primo de Pedro Olaechea ha insistido en la necesidad de ser nombrado por el colegiado como nuevo miembro. Sin embargo, el silencio ha sido la reacción del máximo ente constitucional. Al menos lo era hasta el último lunes en que su presidente dijo que verían ese tema este jueves.

La insistencia de GOZ, aparentemente, era por la necesidad de atender un tema de interés, digamos, familiar. El diario La República reveló hace una semana que el titular de la Comisión Permanente se reunió con magistrados del TC en el año 2014 cuando era directivo de la Asociación de Tenedores de Bonos de la Reforma Agraria (ABDA). En el 2014 Olaechea se reunió con diversos magistrados del recién elegido TC para que deroguen una sentencia que les negaba el pago de los bonos “según el índice del precio al consumidor y una valorización actual de sus tierras”. El monto es de 14 mil millones de dólares.

Esto, sumado a la necesidad (de Olaechea) de fallar a favor de su demanda competencial y del amparo para retroceder en el tiempo y que puedan volver al Congreso, forman parte de un “pliego de reclamos” que ya parece más individual que grupal.

3.El TC (otra vez) y Keiko: Recién salido de su recuperación el presidente del TC, Ernesto Blume, salió para reclamar “la independencia” de su organismo y anunció que además de decidir sobre la incorporación del primo de Olechea, verá también la demanda competencial y lo que sería la cereza del pastel en este tema: el hábeas corpus que busca la libertad de Keiko Fujimori, a quien le queda medio año de prisión preventiva.

Precisamente uno de los cuestionamientos de la elección de los nuevos magistrados tenía que ver con las cercanías al “keikismo” y el aprismo de los candidatos, lo cual ponía en una presumible bandeja la libertad de Fujimori. Blume ha señalado que se decidirá con total independencia. Pero ¿con una denuncia de una magistrada presionada y otros tres magistrados que pueden inclinar una balanza, se puede hablar de independencia? Cosa difícil.