La discusión acerca de qué salida debe darse a la presencia de Martín Belaunde Lossio en Bolivia ha eclipsado una maraña de casos de corrupción en este y anteriores gobiernos. Lo grave es que esta postergación en la atención pública es consecuencia del empleo de oscuras maniobras para provocar la impunidad.

Encontramos así a Alan García tratando de borrar su firma de los miles de indultos otorgados a narcotraficantes durante su gobierno o a Alejandro Toledo ensayando su undécima explicación para justificar el dinero que fue a parar a Ecoteva. Por supuesto, a los fujimoristas, que disimulan las condenas de su líder disfrazándose de zares anticorrupción de este gobierno.

Buena parte de las fuerzas políticas representadas en el Congreso son o han sido objeto de investigación por casos de corrupción y al mismo tiempo integran las comisiones que investigan al gobierno nacionalista. Ello explica que el cálculo político haya primado sobre el interés por esclarecer los casos. Sintomático es el caso de la Comisión Óscar López Meneses.

El parlamentario fujimorista Juan Díaz Dios utilizó el caso para intentar desestabilizar al gobierno, tratando por todos los medios de que Humala fuera citado y filtrando información confidencial a la prensa. Queda claro que su objetivo era dañar al gobierno sin tocar al principal investigado, hombre cercano al fujimorismo y a quien se dio un trato preferencial durante toda la investigación.

La estrecha relación entre el prófugo Martín Belaunde Lossio y la pareja presidencial dio pie a una serie de especulaciones desde el inicio de este gobierno. Un reportaje de Cuarto Poder reveló que este personaje había intermediado para que empresas de sus allegados lograran importantes contratos con el Estado. Resta definir si lo hizo avalado por el presidente o si se aprovechó de la posición ganada en tiempos de la campaña electoral.

Los ministros Cornejo, Castilla, Von Hesse y Mayorga fueron acusados de beneficiar a grupos de poder con la elaboración de leyes con nombre propio como la ley Coca-Cola o la firma de contratos con empresas amigas como Interoil. Los Cornejoleaks dejaron ver la práctica continua del lobby al interior de este gobierno, con personajes cuestionados influyendo sobre las decisiones de dichos ministros en temas sensibles para la economía.

A nivel regional, el gobierno actuó de forma tardía y desarticulada ante las redes de corrupción de gobiernos regionales como los de Ancash, Cajamarca, Huánuco, Pasco, Cuzco y Loreto. Solo a partir de la muerte de Ezequiel Nolasco, conocido opositor de César Álvarez, se adoptaron algunas medidas para combatir en serio el crimen y el abuso de poder ejercido en las regiones. Lastimosamente esto no impidió que algunos de los 19 presidentes regionales investigados fueran reelectos.

Hay que añadir que el papel del Ministerio Público en el caso Ancash fue objeto de cuestionamientos por la sospechosa remoción de fiscales que investigaban a Álvarez y por la propia participación del ahora suspendido Carlos Ramos Heredia en maniobras para proteger a la mafia enquistada en dicho gobierno regional.

La captura del empresario Rodolfo Orellana en Colombia, considerada un gol por el ministro Urresti, no fue otra cosa que el cumplimiento de una obligación por parte de un gobierno que, al igual que el anterior, permitió que este y sus colaboradores se infiltraran en instituciones clave para desarrollar negocios ilícitos con la mayor impunidad.

En suma, el caso  Martín Belaunde Lossio es apenas la punta del iceberg de un problema que está presente en este y los anteriores gobiernos, con partidos políticos e instituciones cómplices actuando en un contexto de vergonzosa impunidad. Si ese es el panorama actual, resulta inquietante preguntarse a qué extremos llegaremos cuando encontremos a estos mismos actores compitiendo por volver al poder en el 2016.