A fines del año que acaba de terminar, diversas encuestas señalaban una alarmante desaprobación del Congreso de la República: alrededor de 70% de peruanos desaprobaban esta institución. Este dato, sin embargo, no resultaba novedoso toda vez que en cada encuesta que se hace pública, el Congreso es siempre una de las instituciones con menor aprobación, que genera mayor desconfianza y que, según los encuestados, no cumple con su función.

El Congreso de la República, como espacio fundamental de representación en nuestro sistema democrático, debería constituir un frente en el cual los ciudadanos en su mayoría se sintieran representados, escuchados y partícipes de las discusiones que, finalmente, traen consecuencias para todos los peruanos. Alarma, por eso, cada paso en falso que puedan dar los congresistas. La ratificación del aumento del bono congresal de libre disponibilidad, ha sido el último y ha enardecido un ánimo de rechazo ya existente entre los peruanos que, en su mayoría, consideran que los congresistas no hacen sino servir a sus propios intereses.

Por ello, desde que el último escándalo salió a la luz, han empezado a circular en las redes sociales y cadenas de correos electrónicos, opiniones que sostienen que cerrar el Congreso sería una solución ya que, en sus propias palabras, “se lo merecen”. La pregunta es “¿quiénes?”

Resulta ingenuo y ciertamente absurdo defender al 100% a un Congreso como el que tenemos en la actualidad. Los pasos en falso han sido varios, el último, mayúsculo y si a ello sumamos “las perlitas” develadas de ciertos congresistas (todas con nombre propio) el malestar ciudadano es comprensible y lógico. Sin embargo, dejando de lado el ánimo extremista, es preciso tener en cuenta lo siguiente.

En primer lugar, guste o no, la existencia de una institución como el Congreso de la República no es un capricho prescindible. Se trata del espacio en el cual se encuentran representadas las voces de todos los peruanos. Un espacio de debate sobre temas que atañen a todos, pero, sin duda, uno de sus roles fundamentales es el de fiscalizar al Poder Ejecutivo. Sin la presencia de un Congreso fuerte, no existe un contrapeso para este poder, contrapeso fundamental para que se desarrolle una democracia real y no una cáscara de democracia que adorne una dictadura, como ocurrió durante el gobierno de Alberto Fujimori. Las consecuencias de este escenario las conocemos.

En segundo lugar, el Congreso es un espacio donde 130 congresistas son elegidos democráticamente por nosotros. Es fundamental reconocer nuestra responsabilidad en los representantes que tenemos. Si bien los partidos políticos elaboran sus listas, no siempre con los filtros idóneos (muchas veces con el filtro del dinero), somos nosotros los encargados de ejercer la memoria política que nos corresponde y no volver a permitir que un congresista que ha demostrado no ser el que merecemos ocupe un escaño el próximo período.

Finalmente, si bien podemos entender el descontento ciudadano respecto al Congreso de la República, no hacemos bien considerando que son los congresistas solamente los perjudicados con el cierre de esta institución. Sino que los perjudicados seríamos todos quienes nos quedamos sin nuestro espacio de representación, sin la posibilidad de reclamar por nuestros propios intereses y sobre todo, sin fiscalizar al gobierno de turno que, aunque elegido democráticamente, debe ser observado con responsabilidad durante todo su período.

A los ciudadanos y ciudadanas nos corresponde exigirles a los congresistas que cumplan con su labor y que expliquen las razones que conducen actos tan políticamente inaceptables  como el del aumento del bono congresal. En un país donde las desigualdades siguen siendo nuestro mayor problema y donde la mayoría no tiene los recursos para alcanzar calidad de vida, los llamados “padres de la patria” no hacen sino demostrar indiferencia con actos como el mencionado.