A propósito del nombramiento de Salvador del Solar como presidente del consejo de ministros, ¿cuál será una de las tareas más duras que afrontará el gobierno de Martín Vizcarra?

Un revelador reportaje de “Ojo público” señaló que la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP) envió una carta al Ministerio de Economía y Finanzas con el fin de que no se apruebe la “norma XVI”, ley que busca identificar todos los mecanismos que inventan los estudios de abogados con el fin de esconder las fortunas de sus clientes en paraísos fiscales fuera del país y que no paguen impuestos.

El reportaje de Elizabeth Salazar señala que la norma se aprobó el 2012, en el gobierno del expresidente Ollanta Humala, pero nunca entró en funcionamiento porque el Congreso exigió un reglamento donde se detallen los casos de elusión empresarial.
 
En la misiva, enviada al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el presidente de la CONFIEP y empresario minero, Roque Benavides pedía que la Norma XVI “no fuera agresiva”, desincentive la inversión privada y que siga las tendencias mundiales.

Vamos, que hasta aquí nada que nos cause asombro, pero si nos lleva a la reflexión saber que CONFIEP haga este pedido a escondidas de los peruanos, quienes buscamos cada vez más se trate a todos igualitariamente y que paguen impuestos los grandes conglomerados y el pequeño empresario.

Lo que sí sorprende es que la CONFIEP siga moviéndose entre las sombras y hasta hoy no haya hecho ningún mea culpa luego de ser descubierta en el marco de las revelaciones del caso Lavajato; entregando un aporte no declarado de un grupo de empresarios -entre los que estaba Odebrecht- afiliados a CONFIEP, de 2 millones de dólares en el 2011 para que no gane la presidencia, Ollanta Humala.

"[El entonces presidente de la Confiep, Ricardo Briceño pidió dinero a [Jorge] Barata para la campaña de Keiko Fujimori (...) y esperaba que los empresarios [aportaran] usando a la Confiep como intermediario”, indicó la información fiscal sobre el papel de la CONFIEP en las elecciones del 2011.

Según declaró el Ministerio de Economía y Finanzas a Ojo público, a propósito de las presiones de la CONFIEP: "Lo más importante es tener una Norma Antielusiva General que nos permita, de ahora en adelante, combatir las prácticas elusivas que perforan nuestra recaudación”.

Primer reto: la ley antielusiva

Es por ello, que uno de los retos más duros que enfrentará el flamante presidente del consejo de ministros, Salvador del Solar, es poner la norma XVI en marcha y afrontar la presión del poder empresarial quien se opone con dureza a la misma.

Apenas asumió el cargo, Del Solar ha señalado que la norma antielusiva “va”, al tiempo que agregó: “Nuestro país se va a fortalecer contra mecanismos que se han venido utilizando para que las arcas del estado se empobrezcan”.

En primer lugar, ¿por qué la norma XVI pisa tantos callos?, porque por vez primera legisla sobre la elusión tributaria que no es lo mismo que evasión tributaria. 

La elusión es el ahorro tributario para lo cual se realizan actos, en principio, lícitos que carecen de causa económica, porque en realidad, no tienen coherencia con los fines; es decir, las empresas realizan actos de fachada lícita con el fin de pagar menos tributos.

La evasión es el acto abiertamente delictual por que es abiertamente opuesta a la ley tributaria, en la cual se realiza una doble contabilidad, facturas negras, etc.

Esta norma XVI del Código Tributario publicada en julio de 2012 habilita a la SUNAT a identificar conductas que se califican como elusivas luego de la aplicación de exámenes. 
¿Cómo así?, a través de una herramienta evalúa a las empresas para averiguar si realizan o no elusión tributaria, por ejemplo, verifica los actos de las empresas con el fin de obtener una explicación a los hechos.

¿Cuándo pare Paula?

Hasta el 2014, la SUNAT no implementó la norma XVI y ese vacío permitió la presión empresarial,  el Congreso promulgó la ley 30230 que señala que se suspende la aplicación de la norma previa al 2012 y para el periodo a partir del 2012, se suspenda la norma hasta que el MEF publique un decreto supremo con parámetros de fondo y forma.

¿Por qué no se publicó el reglamento que se debió hacer en el 2014?, porque la presión empresarial surtió efecto y tuvo éxito. 

A fines del gobierno de Humala, el entonces ministro de Economía, Alonso Segura, intento sin éxito publicar el Decreto Supremo que ponía en marcha la norma XVI.

Ya en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski (2016-2017), los entonces ministros de economía, Alfredo Thorne, Fernando Zavala y Claudia Cooper dejaron dormido el Decreto Supremo.  Según fuentes, el decreto supremo nunca estuvo en su agenda ni cuidaron en conocer todos los beneficios que podía traer la norma XVI.
 
De acuerdo con las mismas fuentes, el ex ministro David Tuesta, reactiva el interés por la norma antielusiva e inicia la formulación de una ley para solicitar facultades delegadas e introducir algunas mejoras en ella.  

Ya con el Ministro Oliva se publica el Decreto Legislativo 1422 en el 2018 (dentro de las facultades delegadas), que autoriza un comité revisor donde se señala que la decisión del auditor será elevada un comité revisor formado por tres funcionarios de la administración pública con más de diez años de experiencia. Solo así el auditor cierra su caso y luego la SUNAT declara que la entidad empresarial o particular, ha eludido impuestos. 

La segunda línea del Decreto Legislativo 1422 identifica al director de las empresas o al directorio como “responsable solidario” de la deuda tributaria generada con elusión tributaria, y luego se coloca a la elusión en la lista de situaciones que hacen a la SUNAT presumir dolo e imputar responsabilidad a los representantes legales.  Así su patrimonio puede ser usado para pagar la deuda ante el Estado.

Por último, el Decreto Legislativo 1422, le da como aviso al director de la empresa que revise las movidas tributarias de su empresa con el fin de aprobar, ratificar o desmontar; toda actividad trucha que realice su empresa. Es por ello que los directores tienen hasta el 29 de marzo próximo para señalar que actividades son o no ilícitas.

En estos momentos, un grupo formado en la Comisión de Constitución realiza el control constitucional del decreto 1422 y al día de hoy han mostrado su oposición a que los directores sean considerados responsables solidarios y que se evalué la elusión tributaria a partir que la norma entre en vigencia y no se revise nada del pasado.

El reto del gobierno es pelear ante el Congreso con el fin de aumentar la recaudación tributaria y la moral del sistema tributario; que no se toque el decreto 1422. 

Veremos, veredes, si el gabinete del Solar pasa esta dura prueba.