El Congreso de la República está, otra vez, en el ojo de la tormenta tras la aprobación en la comisión de Constitución de una norma que propone limitar los tratados internacionales y que evitaría que se juzgue a responsables de delitos de lesa humanidad. 

La medida que tendrá un impacto significativo en la lucha contra la impunidad y la protección de los derechos humanos en el país y planteada por el otrora defensor de estas causas, el hoy fujimorista Fernando Rospigliosi y el ex general de la Marina, José Cueto, propone que solo podrán ser acusados y procesados por estos delitos siempre y cuando hayan ocurrido a partir del año 2002.

El origen 

El proyecto de ley Nº6951 fue presentado el 1 de febrero por los congresistas Rospigliosi y Cueto, ante la comisión de Constitución que preside la fujimorista Marta Moyano. El documento se aprobó en tiempo récord: tan solo en tres sesiones donde se presentó, se discutió con “especialistas” y se votó. Todo en tres semanas. 

Una de las primeras polémicas tiene que ver con la “mesa técnica” realizada en la segunda semana tras la presentación del proyecto. Esta mesa debía convocar a especialistas versados en la materia, sin embargo, más de uno de los citados ya ha emitido opinión sobre la necesidad de “salirnos” de la competencia de la justicia supranacional y además defienden a más de un implicado en casos de violación de derechos humanos o corrupción. 

Así lo recuerda el portal Ojo Público que señala, entre otros a: “(…) José Luis Sardón, miembro del actual Consejo Directivo de la Sunedu; Humberto Abanto Verástegui, abogado de Alejandro Aguinaga Recuenco, quien ha sido procesado por el caso de esterilizaciones forzadas; y Lucas Ghersi, quien se ha mostrado públicamente a favor del retiro del Perú de la CIDH. Además, la comisión también le solicitó opinión a Aníbal Quiroga, abogado de la suspendida fiscal de la nación, Patricia Benavides. Todos ellos se pronunciaron a favor de la iniciativa legislativa”.

En todos hay un sesgo por demás incómodo que no permitió una discusión plural ni tampoco observaciones que contrapesen la decisión -al parecer- ya tomada por la mayoría de los integrantes de la comisión. Además, se debe señalar que esta “mesa técnica” a diferencia de otras actividades, no fue difundida por ninguno de los canales digitales de las redes sociales del Congreso, ni tampoco se tomó en consideración las opiniones de los funcionarios de los ministerios de Justicia y de Relaciones Exteriores que se mostraron en contra del proyecto. 

Los riesgos 

La norma, que está a la espera de ser presentada al Pleno para su aprobación, tiene un punto polémico. La mayor parte del concepto de la prescripción de los delitos de lesa humanidad se basa sobre la entrada en vigor del Estatuto de Roma, que da pie a la Corte Penal Internacional (CPI). 

La CPI es un organismo jurídico supranacional de última instancia para el enjuiciamiento de crímenes graves internacionales, como el genocidio, los crímenes de guerra y los delitos de lesa humanidad.  Su jurisdicción entró en vigencia con el Estatuto de Roma adoptado en 1998 y funcionó de forma activa en el año 2003. 

En el año 2001, el Estado peruano suscribió su adhesión al Estatuto de Roma, luego de la recuperación de la democracia tras la dictadura fujimorista. Como dato, cabe señalar que en el año 2000 en el fragor de la lucha contra Alberto Fujimori, el hoy congresista Fernando Rospigliosi era un asiduo defensor de los derechos humanos y desde su tribuna en un programa radial defendía la suscripción del Estatuto de Roma e instaba al régimen de Alberto Fujimori a firmar dicho acuerdo. 

La entrada en vigencia en el orden jurídico peruano del Estatuto de Roma tras la ratificación del Congreso se produjo en julio de 2002. Es precisamente, ese año el que plantea el proyecto para retrotraer todo lo actuado hasta el momento en procesos judiciales contra los derechos humanos, al considerar que la figura de “delitos de lesa humanidad” no se encontraba en el orden legal nacional hasta antes de la entrada en vigencia del Estatuto. 

Al respecto, el abogado del Instituto de Defensa Legal, Carlos Rivera, ha advertido las incongruencias de esta norma. En declaraciones al portal Infobae Rivera asegura que “ningún proceso penal, en temas de derechos humanos, se ha abierto o se ha tipificado sobre la base de los delitos contemplados en el estatuto de Roma”.

Asimismo, Rivera señala que todos los hechos que hoy son parte de procesos judiciales por violaciones a los derechos humanos “han sido tipificados sobre la base de la ley penal nacional; por lo tanto, es una mentira tremenda la que se afirma en este proyecto”.

Rivera Paz también afirma que existe un riesgo de intromisión hacia el Poder Judicial si es que esta ley llega a ser aprobada en el Pleno del Congreso, pues “pretende archivar procesos judiciales y además plantea decirles a los jueces cómo resolver los asuntos y las causas judiciales que tienen en trámite o que tienen que sentenciar.” 

Para la abogada Joséfina Miró Quesada este proyecto “pretende anular las condenas que ha emitido el Poder Judicial, que es un poder del Estado”. En declaraciones para Ojo Público, afirma que “el Legislativo no puede intervenir para anularlas (las condenas), porque ha habido un proceso para dictar estas sentencias y que están debidamente amparadas en el derecho nacional e internacional. Lo que plantean es un disparate y generaría una afectación a la seguridad jurídica y también una vulneración al acceso de justicia de las víctimas”,

Es en este contexto, que se destaca la preocupación por el potencial retroceso en la protección de los derechos fundamentales de las personas, así como el impacto negativo en la imagen internacional del país en materia de cumplimiento de compromisos internacionales.

El debate en el Congreso se da en un momento en que Perú enfrenta importantes desafíos en materia de derechos humanos y corrupción, con casos emblemáticos que han generado conmoción social y demandas de justicia, “aderezados” con un indulto manoseado a uno de los principales perpetradores de violaciones a los derechos humanos: Alberto Fujimori.

Las críticas a la propuesta han sido contundentes por parte de diversas voces, tanto a nivel nacional como internacional. Organizaciones de la sociedad civil, académicos, defensores de derechos humanos y representantes de la comunidad internacional han expresado su rechazo a esta medida, señalando sus potenciales consecuencias negativas para el Estado de derecho y la democracia en Perú.

En conclusión, la discusión en el Congreso sobre la limitación de tratados internacionales representa un momento crucial para el futuro del sistema legal peruano y su compromiso con la justicia, la transparencia y el respeto a los derechos humanos. La sociedad civil y los organismos internacionales están atentos a este proceso, con la esperanza de que se priorice el fortalecimiento de las instituciones democráticas y el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por el país.