Aún no tenemos un defensor del pueblo. Este cargo relevante sigue acéfalo y la pregunta inmediata refiere a las posibles motivaciones detrás de la postergación de esta elección. Esta semana diversas voces alarmaron sobre la poca idoneidad del candidato más fuerte para ocupar el cargo: Walter Gutiérrez, quien ha sido Decano del Colegio de Abogados de Lima, cercano al partido aprista y, por ello, anteriormente rechazado como opción para la defensoría, por la entonces bancada nacionalista.

Entonces, ¿qué ocurrió esta vez?
Diversas organizaciones se manifestaron en contra de Gutiérrez como posibilidad pues la falta de consenso en torno a este candidato resultó evidente, motivada también por la fragmentación propia en el Congreso.

Además, la falta de independencia política en un cargo gravitante en la defensa de los derechos ciudadanos fue otro motor de esta polémica. Un documento firmado por estas agrupaciones señaló también que la Defensoría del Pueblo, al mediar en una serie de conflictos sociales relacionados con demandas legítimas de los pueblos indígenas, necesita a un defensor que inspire confianza.

Sin embargo, esta postergación devela una crisis política institucional en crecimiento, la que se agrava día a día. Las cúpulas de los poderes legislativo y ejecutivo,  negocian en conjunto el nombramiento para cargos que formarían mayorías decisivas en tres entidades fundamentales del Estado. En el Banco Central de Reserva, en el Tribunal Constitucional y en la Defensoría del Pueblo.  Todo indica que están en curso una serie de acuerdos políticos, que se negocian bajo la mesa. El Indulto a Alberto Fujimori, las posibles candidaturas presidenciales y el pago de la “Deuda Agraria”.

Durante las últimas semanas hemos asistido a la sobreexposición mediática, respecto de la posibilidad de un indulto humanitario a favor del condenado expresidente Alberto Fujimori quien cumple una condena de 25 años por crímenes de lesa humanidad, entre otros. Entre idas y venidas, todo indica que el tema se mantiene en el candelero entre el Ejecutivo y el Fujimorismo, porque es baraja de una negociación política más compleja, ya que es evidente que a Fujimori no  le corresponde el indulto. Si se mantiene en cartelera la pregunta es: ¿a cambio de qué? Se especula que el Tribunal Constitucional estaría en juego pues los que se designen deberán decidir la posible viabilidad constitucional de una especulativa candidatura de la esposa del Presidente a las elecciones presidenciales del 2016.

Al mismo tiempo, en el Congreso se han tratado de negociar juntos los cargos del BCR, Defensoría y TC, para distribuirlos entre todos. El fracaso de la candidatura de Gutiérrez a la Defensoría  evidencia que fracasó la formula de distribuir naipes para todos. La mitad de Gana Perú y Perú Posible, no aceptaron esta fórmula. Se vuelve a fojas cero. ¿Por qué? Nadie sabe.
Para ponerle ají y pimienta a la baraja, ha estallado otro asunto en el Tribunal Constitucional, actual y próximo. El  Presidente del TC, que está próximo a dejar el cargo, anuncia, en forma sorprendente, que antes de irse, en menos de 3 meses, el TC va a dictar sentencia para el canje y actualización de “bonos agrarios”. De esta forma, regala recursos públicos a favor de especuladores bancarios. Señalan los medios de prensa, que a la norteamericana  Gramercy (típico fondo buitre que habría comprado el 60 %)  y el Banco de Crédito (poseería entre 20 y 25 %). Algunos medios señalan que el monto oscilaría entre US$ 4 mil millones y US$ 8 mil millones, valor que se incrementaría entre 5 y 10 veces en el mercado internacional. En la historia del Perú, este asalto a las arcas públicas sólo ha ocurrido en la época de los bonos de la independencia y en lo pagado a los consignatarios del guano.    

Es necesario superar esta creciente crisis política. Para ello debe primar en las diversas autoridades, y exigirse por la ciudadanía, que se adopten las decisiones con criterio institucional para beneficio del bien común de la república, en forma legal y transparente, y dejando de lado las formulas de cartas bajo la mesa, que sólo debilitan a la nación.