En medio del pedido de facultades por parte del Ejecutivo y el descenso de la aprobación del Presidente Ollanta Humala, la población se pregunta en qué terminará este gobierno. Hasta el momento pocos han sido los aciertos y muchos son los cuestionamientos. De la Hoja de Ruta poco se ha cumplido y todo indica que es hora de buscar la más decente ruta de escape.

Hace exactamente un año se aprobó el primer paquetazo para reactivar la economía del país. Dicha medida económica, así como las otras tres que le siguieron, han fracasado. En noviembre del año pasado, a fin de aumentar la inversión privada, se aprobó la reducción del Impuesto a la Renta a las grandes empresas. Hemos cerrado el primer trimestre del año con una disminución porcentual de 1.5% de inversión privada. La desaceleración de la economía es un problema que debe enfrentarse aplicando medidas orientadas a incentivar la demanda.
 
En lugar de solicitar facultades tan generales y que requieren de un tiempo prolongado para su ejecución, deberían realizarse acciones concretas que contemplen resultados inmediatos. Hay problemas en torno a economía y seguridad ciudadana que esperan soluciones rápidas pero también el transporte público y el sector salud esperan una respuesta oportuna de parte del Ejecutivo. A continuación, proponemos cinco medidas elementales que el gobierno debería tomar en cuenta y efectuar lo antes posible.

¿Qué se debe hacer?
 
En primer lugar, en el aspecto económico, es necesario incrementar el salario mínimo vital a S/.1000. Esta medida contribuiría directamente a que la población tuviera una mayor capacidad de consumo. Estamos hablando de 780 mil trabajadores formales que emplearían esos recursos en una mayor adquisición de bienes y servicios. Además, contrariamente a lo que se cree, aumentarían los puestos formales de trabajo, se extendería la equidad económica y se generaría dinamismo en el mercado, que finalmente se traduciría en mayores utilidades para las empresas.
 
En segundo lugar, el Banco Central de Reserva (BCR) debe reducir la tasa de referencia, lo que tendría repercusión en la disminución de las tasas de interés sobre los créditos. Ahora, este impulso no solo debe incrementar el consumo sino que también debe estar orientado al sector productivo, a fin de dinamizar la economía y evitar un mayor endeudamiento a futuro.
 
En tercer lugar, en materia de seguridad ciudadana, se debe potenciar la labor coordinada de los gobiernos municipales y la policía. Es necesario desarrollar una labor conjunta que permita a los primeros fiscalizar el cumplimiento del servicio de seguridad brindado por los efectivos. La celeridad de acción por parte de la policía es fundamental y debe ser supervisado. No basta con invertir en equipos de última generación, es preciso articular la labor de los diferentes grupos operativos al interior mismo de la policía. Esto permitiría fortalecer a la institución y canalizar esfuerzos en la lucha contra la criminalidad.
 
Con respecto al problema del transporte público, se debe nombrar una autoridad central de transporte que se imponga y que no permita que en Lima Metropolitana, en el Callao o en otras jurisdicciones, se haga y deshaga a gusto de los transportistas. Es necesario poner orden y regular por igual a todas las empresas. La gestión del transporte no puede quedar únicamente en manos de las municipalidades. Las limitaciones de estas instituciones ya se han hecho evidentes. Por eso es preciso que desde el Ejecutivo se cree un órgano autónomo que trabaje en coordinación con las municipalidades y que tenga injerencia sobre todas las empresas de transporte y sus operadores, que intervenga en las distintas instancias, regule y sancione de ser necesario.
 
Finalmente, en el aspecto social, se debe llevar a cabo una lucha frontal contra la anemia y desnutrición infantil. De acuerdo a las cifras de la Encuesta Demográfica de Salud Familiar (ENDES) registradas el año pasado, uno de cada tres niños menores de cinco años sufre de anemia en el país. Las regiones con mayor incidencia son Puno, Pasco, Madre de Dios y Loreto. Por otro lado, la desnutrición infantil se ha incrementado en seis regiones y los afectados suman más de 400 mil. Frente a esto, debe realizarse un trabajo conjunto entre el Ministerio de Salud (Minsa), el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), el Ministerio de Educación (Minedu) y las autoridades locales. De nada sirven los programas sociales que afrontan el problema de manera independiente. Este debe ser atacado desde distintos frentes: ofreciendo un adecuado servicio de salud para el tratamiento de los afectados, poniendo a disposición los alimentos necesarios para combatir estos índices y desarrollando una cultura de prevención al respecto. El desarrollo social implica la disminución del porcentaje de morbilidad de las poblaciones más vulnerables y la mejora de su calidad de vida.
 
Estas son algunas de las acciones concretas que el gobierno debería tomar en consideración y realizar en los últimos meses que le quedan, a fin de salvar su alicaída imagen. No se trata de medidas extraordinarias que impliquen mayor esfuerzo de parte del Ejecutivo. A estas alturas es lo mínimo que podría hacerse para evitar salir por la puerta falsa.