La negociación política que terminó decantando en el indulto a Fujimori es la estocada más importante de un largo proceso cargado de pugnas y tensiones entre los dos modelos que se debate el porvenir del  Perú. La realidad que ha cuajado en los últimos días, arrincona finalmente la posibilidad de hacer factible esa agenda alternativa de gobernabilidad democrática que algunos sectores propugnaron a partir de la transición que lideró Valentín Paniagua en su breve gobierno. El indultó ha liquidado o pospuesto por un largo tiempo esa posibilidad, que ya había logrado producir algunos tibios avances democráticos. La victoria decisiva de las fuerzas que desde 2002 trabajan para el regreso de una hegemonía asfixiante, de cuño antiliberal y con un estado que asegure buenos negocios para ciertos sectores, supone la imposición nuevamente de una agenda dura que encuentra apoyos en sectores populares y también en sectores que se han beneficiado con la concentración de una economía primario-exportadora. La confirmación de este rumbo significa un retroceso de envergadura para un país que se veía en la antesala de  la organización que nuclea a los países más desarrollados de la tierra (OCDE). 

El emprendimiento político familiar fujimorista, a través de sus tres accionistas principales, supo recuperar, con paciencia y sin disimulo, la iniciativa política perdida tras la indecorosa fuga a Japón de su principal líder histórico en 2001. El exitoso regreso al poder, que incluyó como táctica la promesa fallida de superar su reflejo autoritario,  supone consolidar una dinámica económica, política y social centrada en reglas de juego de mercado, algo que desde su implantación por la fuerza, el 5 de abril de 1992, ha logrado anclarse con éxito y sin una alternativa superadora a la vista. 

El modelo neoliberal impuesto por el fujimorismo había nucleado un sector contestatario que intentó revisar sus premisas. Fue apenas un intento valioso pero infructuoso. La vuelta a la carga del fujimorismo viene a garantizar, a los sectores que resisten la discusión de reglas de juego que permitan mayores equilibrios y cohesión social, que la revisión quedará suspendida. La ingenuidad o mala intención del gobierno está ahora en una propuesta de reconciliación sin legitimidad social después de haber facilitado el regreso a una dinámica política autoritaria, que limita y frena la demanda de un estado al servicio de sus necesidades más básicas y que fundamentalmente respete y asegure la vigencia de los derechos humanos.

El dique para evitar el regreso al poder del fujimorismo, que se activó por última vez en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de 2016, terminó de ceder justamente por esa debilidad intrínseca de articular con éxito una agenda alternativa de gobernabilidad democrática con reglas de juego distintas en la relación entre el estado y la sociedad. Los cuatro gobiernos que sucedieron a Paniagua no supieron, no pudieron o no quisieron dar cabida a esa posibilidad. En un ejercicio consumado de gatopardismo se presentaban como los líderes para el impulso y consolidación de esa alternativa. Las mayorías ciudadanas así también lo creían otorgando su voto una y otra vez, pero como se diría en la jerga futbolera rioplatense, se comieron todos los amagues. Con algunos retoques cosméticos y concesiones menores, oficiaron en realidad de custodios y garantes de un modelo que en sus entrañas no fue revisado. Todos los intentos fueron hábilmente desactivados y bien justificados. La alternativa era, según aclamaban una vez que habían llegado al poder mientras consumaban la traición, condenar al Perú a un regreso de estancamiento, caos y atraso. Pero el olor a podrido ya no puede ser contenido. Los presidentes prefirieron la estabilidad de corto plazo antes que el bronce de la historia. La sacrificada y patriótica tarea de custodia del bienestar del Perú, según está saliendo a la luz, fue bien recompensada.

Es que la demanda internacional extraordinaria y coyuntural, que nos llevaría a codearnos entre las democracias más consolidadas, fue el placebo que permitió maniatar y desactivar los cambios que podrían hacer del Perú un país con condiciones estructurales distintas. La prosperidad compró y silenció a muchos. Con la ayuda y complacencia de prestigiosos voceros, que se inmolaron en la defensa del modelo, el debate sereno basado en la evidencia empírica, que hubiera permitido abrir una alternativa distinta, quedó arrinconado y salpicado de suspicacias caviares. La ciudadanía y los sectores más postergados han sido las víctimas que quedaron atrapadas en esa dinámica sin mayores cambios.  Es por ello que desde hace décadas se manifiesta, en valores cercanos al 80%, como desencantada o desilusionada con la tarea de custodia que hacen la mayoría de representantes que eligen para decidir el rumbo de un país que, a pesar de haber tenido un crecimiento económico elevado durante los últimos años, no llega a generar bienes públicos de calidad ni mejores condiciones para su vida diaria. La posibilidad de una nación que integre y englobe a las mayorías no tiene cabida en el modelo de ajuste y negocios que ha logrado sortear con éxito cualquier posibilidad de cambio. 

Los sectores más duros y reaccionarios han tomado el control del poder. Su convencimiento sin fisuras es que el tiempo económico es siempre anterior y más importante que el tiempo político. Primero debemos acumular y dejar que el mercado haga su trabajo, argumentan con autoridad. Después iremos soltando prenda política, defienden como un mandato bíblico.  La democracia, bajo esta concepción, no es un fin sino un medio a domesticar para que la economía de mercado se instale y lleve al Perú al paraíso que nos prometen. Es extraño el predicamento que se impone porque a pesar de la evidencia del colapso institucional de 2001 y el entramado de colusión entre poder político y poder económico que está saliendo a la luz, el rumbo que se confirma es el mismo ¡Qué bicentenario nos espera!

(*) docente ciencia política UARM.