Los familiares y las víctimas de las esterilizaciones forzadas durante la dictadura de Alberto Fujimori no solo deben resistir el paso de los años y la ausencia de la justicia, sino que también deben soportar que el Estado que los violentó no reconozca las reparaciones a las que tienen derecho y que incluso los “ninguneen” como si no existieran para el país.

Uno de los casos emblemáticos de este hecho, es el de Mamérita Mestanza quien vivía con su compañero Jacinto Salazar y sus siete hijos en el distrito Encañada, provincia y departamento de Cajamarca. En 1996, los profesionales de salud del Distrito de la Encañada comenzaron a realizar visitas a su domicilio para presionarla a que se sometiera a una ligadura de trompas. Durante estos encuentros, los profesionales de salud la intimidaron, diciéndole que si no se operaba, ella o su compañero podrían ser enviados a prisión. El 27 de marzo de 1998 tras la intimidación Mestanza aceptó, fue sometida al procedimiento sin los cuidados necesarios y el 04 de abril de ese año falleció.

Recién en 2003 (5 años después) se concretó un acuerdo entre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Estado peruano, para que los familiares de Mestanza fueran objeto de reparaciones en salud y educación. Sin embargo, tras 16 años de este proceso, el Estado no cumple con estos procesos.

Frente a esta situación los hijos e hijas de Mestanza, solicitaron durante el 171 Periodo de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que el Estado Peruano cumpla con la reparación en educación derivada del Acuerdo de Solución Amistosa al que se comprometió de manera voluntaria el año 2003.

El acuerdo consiste en la entrega de becas para continuar sus estudios, como parte del programa de reparaciones que según el Sistema Interamericano de Derechos Humanos “deben ser implementadas y ejecutadas adecuadamente, y promover un sentido de reparación transformadora e integral”.

Esperaron reunión con Vizcarra

El pasado mes de febrero una delegación de 30 mujeres sobrevivientes de las esterilizaciones forzadas llegó a Lima. Su objetivo era buscar una reunión con el presidente Martín Vizcarra con el fin de plantear su problemática y la situación en la cual se encuentran a la espera de una judicialización de sus casos.

Como se recuerda, el proceso judicial del caso de las esterilizaciones forzadas continúa en un vaivén donde los principales responsables -Alberto Fujimori y sus ministros de Salud, Alejandro Aguinaga, Yong Motta y Marino Costa Bauer- son librados del juicio y de las sentencias que se puedan dictaminar.

Recién en noviembre del año pasado tras decisiones judiciales que fueron rechazadas por las organizaciones de derechos humanos, la Fiscalía retomó la denuncia de los personajes antes mencionados, en una búsqueda de lograr justicia para resarcir a las víctimas y a sus familiares.

Al respecto, la delegación que estuvo en Lima recordó que en el año 2015 se publicó el Decreto Supremo N°006-2015-JUS, que declaró de interés nacional la atención prioritaria, la asistencia legal gratuita, acompañamiento psicológico y atención de salud integral a las víctimas de esterilizaciones forzadas producidas entre los años 1995 a 2001. 

Sin embargo y pese a sus esfuerzos, tal como es el caso de la familia de Mamérita Mestanza, hasta hoy son pocos los avances y las mujeres sobrevivientes siguen recibiendo un permanente maltrato por parte de las instituciones responsables de la implementación de la presente norma.

El presidente de la República no las recibió. Y el proceso judicial seguirá su curso de acuerdo a las velocidades a las cuales nos tiene acostumbrado el organismo que imparte justicia en el país.

A pocos días de conmemorarse el Día Internacional de la Mujer, toca preguntarse si es que el Estado cumple con proteger a todas las mujeres, si las reparaciones son ejecutadas en su totalidad y de forma integral para el bienestar de las afectadas y sus familias. La justicia que tarda, como ya se ha dicho, no es justicia.