El historiador y profesor brasileño Valter Pomar, fue durante 8 años el Secretario Ejecutivo del Foro de Sao Paulo (entre 2005 y 2013), y responsable de relaciones internacionales en la dirección del Partido de los Trabajadores. En esta entrevista a Mundo Obrero, Valter Pomar ofrece un análisis del golpe parlamentario de la derecha brasileña, una ofensiva que se remonta a 2013 y que ese ha ido intensificando hasta llegar al golpe institucional contra la presidenta Dilma Rousseff, Lula y el PT. Explica lo que podría pasar de consumarse ese golpe y la respuesta de la izquierda para impedirlo. “El rumbo ahora es resistir e intentar derrotar el golpe” explica, porque este golpe “es apenas un primer paso para revertir todo lo lo positivo que hemos hecho desde 2003”, empezando por la privatización de Petrobras y anulando los derechos laborales, sociales y económicos, entre otras cosas.

Mundo Obrero: El golpe parlamentario contra Dilma Rousseff, y la forma de hacerlo, sugieren que más que un cambio de presidente persiguen un cambio de modelo que quiere llevarse por delante no sólo los logros del gobierno del Partido de los Trabajadores, sino hasta la inhabilitación de Lula. ¿Si el Senado y el presidente del Supremo Tribunal Federal no paran el proceso el 11 de mayo, ¿qué puede pasar en las próximas semanas en Brasil?

Valter Pomar: La oposición de derecha tiene mayoría simple en el Senado Federal. Por lo tanto, tiene los votos necesarios para aceptar el proceso de impeachment que fue enviado por la Cámara de los Diputados. Una vez aceptado, la presidenta será apartada provisionalmente de su cargo, por un tempo máximo de 180 días. El proceso de destitución como tal se producirá durante este periodo. Para completar el proceso, la oposición necesitará tener dos tercios de los votos del Senado para aprobar el impeachment y el cese definitivo de la presidenta Dilma Rousseff.

Durante el proceso, el vicepresidente Michel Temer asumirá provisionalmente la presidencia de la República. En caso de que el impeachment sea aprobado, el vicepresidente asumirá de forma definitiva, hasta el 31 de diciembre de 2018. Al menos este es su plan. Un plan que, hasta ahora, ha tenido éxito y cuenta con el respaldo, por activa o por pasiva, de la mayoría del Supremo Tribunal Federal. 

Nuestro plan es otro: lucharemos contra el golpe parlamentario; y si los golpistas vencen, haremos todo lo que esté en nuestra mano para que el golpista Michel Temer sea “Temer, el Breve” –o sea, haremos lo posible para que Temer no cumpla el mandato para lo que no fue elegido.

M.O.: Muchos analistas coinciden en que en estos momentos solo la movilización popular puede parar el golpe ¿Que está haciendo el PT y la izquierda sindical y social frente a al impeachment? 

V.P.: Aquí pasa como en el fútbol, donde cada brasileño es un seleccionador. En este asunto cada uno se cree analista, y por supuesto su análisis no coincide con el de los demás. Por ejemplo no todos los analistas consideran que la movilización popular puede parar el golpe. Algunos porque entienden que la movilización tiene un límite, que es el hecho de que tenemos diez millones de desempleados, o sea, hay un ambiente que no estimula que algunos sectores de la sociedad se movilicen duramente contra el golpe. Hay otros que entienden que la movilización ya alcanzó su punto máximo y ahora vivimos un momento de reflujo, una vez que las personas de a pie perciben (sin necesidad de que ninguno analista los diga) que la derecha goza de una sólida mayoría en el Congreso y no le importa lo más mínimo lo que piense o diga la calle. Y aparte hay otros que consideran que también está movilizada una derecha favorecida por los medios de comunicación, lo que neutraliza la movilización de la izquierda. Por estos y por otros motivos, no hay consenso entre los analistas.

Por nuestra parte, en el Partido de los Trabajadores (PT), la Central Única de los Trabajadores (CUT), el Movimiento de los Sin Terra (MST), el Frente Brasil Popular y otras organizaciones, hay dos consensos. El primero: que la movilización es un aspecto esencial de la lucha contra el golpe, pero era y es necesario que el propio gobierno apoye ese la movilización. De nada sirve que pongamos a cientos de miles de personas en la calle si el gobierno no corresponde con medidas en favor de las clases populares. El otro consenso es que, pase lo que pase en el Parlamento, sin movilización popular en las calles, en las empresas, en las escuelas, en los barrios, no habrá forma de retomar el gobierno. Por eso para nosotros la movilización es necesaria tanto por razones tácticas y defensivas, como por razones estratégicas y ofensivas.

En este punto hemos avanzado mucho. Para los que nos ven desde fuera, tal vez no parezca de este modo pero nosotros tenemos claro que estamos mejor hoy que en 2015. Hoy podemos ser derrotados, pero si eso llega a ocurrir caeremos de pie, no de rodillas. Caeremos combatiendo y dejando claro lo que ha pasado. No seremos desmoralizados, que era el riesgo que corríamos hasta diciembre de 2015. Y si te derrotan pero no te desmoralizan, es más fácil retomar el camino del cambio.

M.O.: ¿Cuál sería el mejor desenlace de este proceso para el país y la democracia?

V.P.: En primer lugar, que el Senado no aceptase el proceso de impeachment. Segundo, que la presidenta Dilma formase un gobierno minoritario en el Parlamento, pero mayoritario en las calles. Tercero, que ganáramos las elecciones presidenciales de 2018. Cuarto, que durante el mandato presidencial 2019-2022 hiciéramos las reformas estructurales que demanda el país, especialmente la estatalización del sistema financiero, la democratización de los medios y la reforma política.

M.O.: La fórmula de la ofensiva de la restauración conservadora para desestabilizar a la izquierda latinoamericana se repite en varios los países. Con diferentes resultados, ya sea en Paraguay, Honduras, Argentina y Venezuela, la receta que se aplica es la misma: generar descontento, confrontación en las calles, ataques a la estabilidad del gobierno y cuestionamiento de su legitimidad, ataque de los medios de comunicación. ¿Cómo se ha concretado esa ofensiva en Brasil y cuándo empezó a generarse?

V.P.: Lo primero que hay que destacar es que la ofensiva de la derecha está teniendo éxito, independientemente de la orientación política de la izquierda que gobierna. O sea, los hechos han demostrado la tontería de los que decían que en América Latina había dos izquierdas, una carnívora y otra vegetariana, una radical y otra moderada. La verdad es que existen muchas izquierdas, pero forman parte de un proceso común que ha evolucionado positivamente hasta 2008 y desde entonces entró en una fase de reflujo.

Lo segundo a destacar, en el caso de Brasil, es que los hechos desmoralizaran tanto a la extrema izquierda como a los ultramoderados. La extrema izquierda creía que el PT era un instrumento del capital y ahora no entiende por qué el capital hace todo lo posible para destruir al PT. Los ultramoderados creían que el capital les venía bien por las concesiones que se han hecho, y ahora no entienden por qué es el Capital el que lidera operación de derecha contra nosotros. La verdad es que la extrema izquierda y los ultramoderados tenían ilusiones de clase simétricas. Y ahora no entienden correctamente lo que pasa.

Por resumir: la ofensiva de la derecha empezó en 2011, cuando los efectos de la crisis internacional de 2008 se hicieron sentir de forma más intensa en Brasil. Desde entonces el capital está buscando que Brasil vuelva a su “modo normal”, o sea, a un capitalismo que basado en la superexplotación, en la escasa democracia política y en la relación casi carnal con los gringos. Para alcanzar esos objetivos, necesitaba recuperar el gobierno nacional. Casi lo logra en 2014. Como no fue posible, al día siguiente de la elección presidencial desata una doble operación. Por una parte, fuerza al gobierno de Dilma a aplicar un programa recesivo, lo que facilitaría los objetivos de la derecha en 2018. Por otra parte, crea las condiciones para acortar el mandato presidencial. Para esto, contribuye mucho una operación policial-mediática llamada ‘Operação Lava Jato’. Esta operación ha creado la idea de que el PT es una organización criminal y corrupta que se apoderó del aparato del Estado brasileño. Hasta partidos amigos del PT se dejaron influenciar por esta idea y la repiten sin prestar mucha atención a los hechos, que son testarudos y demuestran algo un “poquito” diferente.

Desde marzo de este año, la derecha está unida en torno a la táctica de acortar el mandato presidencial. Y en esas estamos.

M.O.: ¿De qué se les acusa exactamente a Dilma Rousseff y a Lula?

V.P.: A Dilma y a Lula se les acusa mediáticamente de las siete plagas de Egipto. Pero judicialmente las acusaciones son un poco más modestas.

No hay ninguna, insisto, ninguna acusación de corrupción contra Dilma. La petición de impeachment se hace con base en dos acusaciones: de que habría destinado recursos del presupuesto estatal sin la aprobación del Congreso, y de que habría permitido pagos sin tener los recursos en el año corriente. Son dos cuestiones técnicas, que el Abogado General de la Unión ya ha demostrado que son absolutamente falsas. Pero es que, además, ha probado que, en el caso de que fueran actos criminales, entonces el vicepresidente Temer, más de quince gobernadores estatales y el expresidente Fernando Henrique Cardoso, también serían criminales.

En cuanto a Lula, la acusación principal es que habría favorecido, en sus ochos años de gobierno, a las empresas de construcción pesada. Y que, en contrapartida, las empresas habrían financiado al PT. Sobre ambas cuestiones podemos tener muchas opiniones políticas pero ninguna de las dos son hechos criminales.