El paso de Fiorela Molinelli, del viceministerio de Transportes, a su similar en la cartera de Construcción pone en evidencia la incapacidad de recordar –a propósito- la actuación de diversos funcionarios en casos polémicos que comprometen intereses del Estado peruano. 

El “divorcio” con Kuntur  Wasi para dejar sin efecto el contrato y la Adenda para la construcción del aeropuerto de Chinchero reveló los roles que varios personajes jugaron en el nacimiento de este proyecto que parecía concretar un sueño de 40 años de la población cusqueña, por tener un terminal aéreo que le permita mejorar la cantidad de turistas que llegan a la Ciudad Imperial. 

Un recuento de los hechos nos permite ver cómo han aparecido diversos actores políticos y administrativos que hoy deben responder ante la inminente responsabilidad que el Estado debe asumir frente a un contrato que inició y que terminó mal. 

Año 2014 El papel de Ositran y la firma del contrato
Presidente de la República: Ollanta Humala. Ministro de Transporte: José Gallardo Ku. Presidenta de Ositran: Patricia Benavente. Presidente de Proinversión Carlos Herrera Perret. 

Durante el gobierno de Ollanta Humala, se promulgó el D.S. 376 del ministerio de Economía y Finanzas que modificaba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1012, que aprueba la Ley Marco de Asociaciones Público Privadas (APP). Dicha norma le retiraba al Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte (Ositran) el carácter vinculante de sus opiniones respecto a los contratos de las APP. 

En enero, la presidenta del consejo directivo de Ositran, Patricia Benavente, advertía que esa modificación dejaba sin peso al organismo regulador frente a cualquier contrato entre el Estado con las empresas privadas para la ejecución de proyectos bajo el formato de APP. 

Proinversión publicaba un informe técnico sobre Chinchero, que fue objeto de observaciones por parte de Ositran, las cuales no resultaban vinculantes debido a la modificación de la ley. 

El 04 de julio de 2014, se firma con Kuntur Wasi el contrato de concesión para diseño, financiamiento, construcción, operación y mantenimiento del Aeropuerto de Chinchero. 

Año 2015: Kuntur Wasi no inicia obras en Chinchero
Gobierno de Ollanta Humala. Ministro de Transportes, José Gallardo. Gobernador Regional, Edwin Licona.

En junio de 2015 el gobernador regional de Cusco, Edwin Licona, señalaba que las obras se iniciarían en octubre, pues el expediente técnico se encontraba con algunas observaciones que debían ser levantadas por la empresa. 

En septiembre del mismo año, Licona aseguraba que el proceso se iniciaría en diciembre, según le había informado Kuntur Wasi. El saneamiento de tierras para la construcción “se encuentra en su última fase”, señalaba la autoridad regional. 

Año 2016: La Adenda de la discordia
Presidente: Pedro Pablo Kuczynski. Ministro de Transportes: Martín Vizcarra. Viceministra de Transportes: Fiorella Molinelli. Presidenta de Ositran: Patricia Benavente.

En noviembre del año pasado, el gobierno anuncia la firma de la adenda con Kuntur Wasi, en la cual se “solucionaban” las observaciones que fueron vistas por Ositran durante el gobierno anterior. Sin embargo, llamaba la atención el compromiso del Estado de asumir una inversión de 265 millones de dólares, mientras que el consorcio solo arriesgaría 120 millones. 

En diciembre del 2016, Andino Investment Holding (AIH) vendió su subsidiaria Penta Tanks Terminals para amortizar deuda corriente. Es decir, se firmaba una Adenda con un consorcio en el cual uno de sus integrantes, asumía compromisos cuando su riesgo crediticio era alto.  El 22 de diciembre se remite el informe técnico de Ositran a los Ministerios de Transportes y comunicaciones.

Año 2017: El quiebre en Ositran, las renuncias, la interpelación y la renuncia
Presidente: Pedro Pablo Kuczynski. Ministro de Transportes: Martín Vizcarra / Bruno Giuffra. Viceministra de Transportes: Fiorella Molinelli. Presidenta de Ositran: Patricia Benavente.

En enero de este año Ositran revisa la Adenda del contrato con Kuntur Wasi. El organismo se divide y Patricia Benavente renuncia al señalar que no se tomó en cuenta la opinión de su organismo donde señala que existe un perjuicio al Estado (Lea la editorial de Otra Mirada al respecto).

En febrero el presidente Kuzcynski y el ministro Vizcarra llegan a Cusco, a la zona de Chinchero para colocar la primera piedra y anuncian que el aeropuerto va sí o sí. Incluso el presidente trata de explicar en un video los “beneficios” de la Adenda. 

17 de marzo: la primera fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios allana oficinas de Kuntur Wasi en San Isidro. 

18 de mayo: interpelación a Martín Vizcarra en el congreso. Censura queda en suspenso a la espera del informe del Contralor, Edgar Alarcón.

21 de mayo: anuncio por parte de Martín Vizcarra, “Chinchero no va”. Titular del MTC se adelanta a informe de la Contraloría y señala que el contrato con Kuntur Wasi, será revisado y se buscará una salida. Kuntur lamenta acción del Estado y anuncia posibles acciones legales. 

22 de mayo: Renuncia de Martín Vizcarra, horas antes que Contraloría presente el  informe donde recomienda acciones legales contra seis funcionarios del MTC, dos del MEF y dos de Ositran. En conferencia de prensa, menciona a Fiorella Molinelli como una de las supuestas responsables. En realidad, Molinelli impulsó dentro del gobierno la firma de la Adenda. 

25 de mayo: El nuevo ministro del MTC Bruno Giuffra, anuncia que el gobierno logro un mutuo acuerdo con Kuntur Wasi para disolver el contrato. Según Giuffra se buscará con el concesionario los mejores términos para llegar a buen puerto. Molinelli pone su cargo a disposición.  En esta semana, Molinelli fue “premiada” y pasó del sector Transportes a Construcción. 

La pregunta nuevamente cae de madura. ¿Quién ganaba con esta Adenda?, ¿es beneficioso el formato de las APP? Tal como lo dijimos en nuestra editorial de febrero: 

“Es indiscutible que estamos ante casos donde la inversión privada quiere seguir ganando, tomando concesiones por décadas y sin poner en riesgo su capital. Las APP que deben funcionar como una alternativa para potenciar lo que la inversión pública no alcanza, se han convertido en un maquiavélico aparato donde el sector privado busca que todos los peruanos paguen lo que ellos deben invertir para la construcción de infraestructura.”