Con 85 votos a favor, cinco en contra y dos abstenciones, en altas horas de la noche, se aprobó en el Congreso la derogación del artículo 7 de la Ley 29914 que establecía que las universidades públicas utilizaran sus recursos directamente recaudados para financiar el ascenso del personal docente. Con ello, no sólo se impedía el desarrollo calificado de las casas de estudios toda vez que los recursos con los que cuentan son limitados y se distribuyen en la renovación de equipos, infraestructura, etc.; sino que además constituía una seria amenaza contra la gratuidad de la enseñanza superior, lo cual responde a intereses de ciertos grupos que han visto en la educación una oportunidad de negocio.

Varios congresistas que suscribieron esta derogación coincidieron en señalar que la iniciativa del ejecutivo era perjudicial para la educación en nuestro país y, algunos plantearon la necesidad de debatir una nueva Ley universitaria, así como el voto universal en las universidades públicas.

Con esta derogación se ha logrado poner un alto a esta intención del ministro de Economía y Finanzas, Luis Castilla, quien no parece comprender la importancia de invertir en sectores fundamentales para el desarrollo del país como lo son el sector educativo y el sector salud. En el caso de educación, resulta cuando menos preocupante que el Presupuesto Público para el año 2013 no alcance un aumento de recursos considerable al constar de apenas un 9 por ciento de aumento, lo cual dista de la meta del Acuerdo Nacional firmado por diversas agrupaciones políticas.

Esta visión centralista del presupuesto y que apuesta únicamente por la creación de superávit a como dé lugar es una de las razones de la convulsión social por la cual atraviesa el país debido las huelgas y protestas iniciadas en diversos sectores. Si bien el tema magisterial no es únicamente remunerativo, resulta injusto y lamentable que los sueldos de los docentes en nuestro país sean unos montos que parecen una burla.

En la misma línea, las demandas en el sector salud apuntan ya, con nombre y apellido, al actual ministro de Economía que con un afán de cortar la inversión en aquello que urge no hace sino contribuir con el clima de inestabilidad política por el cual atraviesa el país en estos momentos.

La pregunta es qué está esperando este personaje para dar un paso al costado en función del bienestar del país o para virar el timón con urgencia ante los reclamos que llegan desde diversas partes del país. No basta con dialogar para parchar demandas a corto plazo, sino que hay que planificar con una visión de integración e inclusión nacional que ponga a quienes lo necesitan primero y no a los amigotes que se han acostumbrado a tener más derechos que otros peruanos.