Nuevamente la justicia nos demostró, después de muchos años, que no existen personajes intocables. Esta semana, el exalcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio, aquel que logró evadir a la justicia en reiteradas oportunidades fue finalmente tocado, al igual que su aliada Keiko Fujimori, por una decisión judicial promovida desde una acción fiscal.

Castañeda Lossio, quien cumple ahora una prisión preventiva de 24 meses, superó la tesis fiscal del desarraigo familiar, domiciliario y laboral toda vez que su defensa logró argumentar que el tres veces alcalde de Lima vive -en efecto- solo y que está divorciado pero que la vivienda consignada es habitada por él, además que el adelanto de herencia a sus hijos no conlleva tampoco un desarraigo patrimonial. Respecto a lo laboral, la jueza María Álvarez estimó que a una persona jubilada mayor de 75 años no se le puede exigir un arraigo laboral, razón por la cual se desestimó este ítem junto al de peligro de fuga, argumentando que existe una imposición de impedimento de salida del país en su contra que lo tiene “varado” en el territorio nacional.

Lo que sí contempló la jueza Salazar -al menos en el caso de Castañeda- fue el peligro de obstaculización de la justicia que el también excandidato presidencial representaba al considerar el testimonio de un colaborador eficaz que -debido a su cercanía con el imputado cuenta con las garantías para que sus declaraciones sean útiles- señaló que Castañeda Lossio le exigió no involucrar en sus declaraciones a sus coimputados José Luna y Giselle Zegarra.

Organización criminal

Un tema importante, y el cual los solidarios han querido pasar por alto tiene que ver con la conformación de una organización criminal liderada por Castañeda Lossio y que se instaló al interior de la comuna limeña y que, según señala la jueza “se encuentra entrelazada con dos organizaciones internacionales: como son OAS y Odebrecht”, ambas involucradas en el caso LavaJato y que forman parte de este expediente.

Álvarez respaldó la tesis fiscal según la cual, Castañeda antes de representar los intereses de la Municipalidad Metropolitana de Lima como alcalde, “colocó” en puestos claves a personas vinculadas a su entorno como Giselle Zegarra, quien a su vez brindó servicios a la empresa OAS hasta antes de ingresar a la comuna capitalina, lo que le permitió un margen de acción para negociar con ventaja las comisiones y cobros por las concesiones.

“Castañeda se presentaba [en la campaña] con la mejor aceptación para regresar a la municipalidad con propuestas como el baipás de 28 de Julio, lo que generó el acercamiento de organizaciones como OAS y Odebrecht”, afirmó la magistrada.

La jueza Álvarez consideró también que hay datos objetivos proporcionados por la Fiscalía que muestran la existencia de un esquema de asociación ilícita y de tráfico de influencias.

El baipás de 28 de julio

Respecto al baipás, es precisamente, esta obra la que implica el mayor problema para Castañeda Lossio pues como se recuerda, a través de Giselle Zegarra, ya se encontraban negociando con Leo Pinheiro, presidente de OAS, la anulación del proyecto Río Verde, impulsado por la gestión Villarán y que finalmente culminó en la firma de adendas y pagos extras que terminaron perjudicando a la ciudad.

Este baipás habría sido -según la fiscalía- una obra entregada “a dedo” a OAS luego que Castañeda recibiera dinero por parte de la constructora -a través de Martín Bustamante- para financiar la campaña electoral del 2014. Además del baipás de 28 de julio, Castañeda amplió adendas en Línea Amarilla, incluyendo el aumento de la tarifa de los peajes, en beneficio siempre de la empresa.

De acuerdo con la tesis fiscal, Castañeda Lossio habría recibido 480,000 dólares para su campaña a la alcaldía de Lima en el año 2014. Bajo esa premisa, considera que incurrió en presunta comisión de los delitos de lavado de activos, colusión agravada y asociación ilícita para delinquir en la modalidad de organización criminal.

Lo que se viene

Castañeda puede enfrentar una sumatoria de 12 años de prisión por el delito de colusión, 13 años por lavado de activos en modalidad agravada y 10 años por asociación ilícita, lo que hace un total de 35 años de prisión.

Y si bien José Luna, excongresista, exmontesinista y exfinancista de Castañeda, no ha pasado el fin de semana en un penal, lo cierto es que el proceso que se sigue lo tiene bastante implicado y podría ir a prisión con una pena de 13 años por lo menos, por el delito de lavado de activos toda vez que habría “pitufeado” también parte de los aportes entregado por los brasileros a través de contratos ficticios con la universidad Telesup en beneficio de Castañeda Lossio.

Así las cosas, el resumen de los acorralados por la justicia es de: 1 presidente con pedido de extradición (Toledo), uno que se suicidó al verse acorralado por la justicia (García), uno con orden de comparecencia y a punto de iniciar su juicio (Humala) junto a su esposa, uno con prisión domiciliaria (Kuzcynski) y dos exalcaldes de Lima con prisión preventiva (Villarán y Castañeda), si a esto le sumamos a la principal lideresa de oposición (Keiko) pues, el menú está completo. Ahora queda en manos de la fiscalía especial acelerar los procesos e iniciar ya las acusaciones para ir a los juicios orales.