"…tarde o temprano estallará la tormenta" editorializa el diario Gestión el viernes último, refiriéndose al gobierno de Dina Boluarte. Y no le falta razón. La situación del régimen es muy crítica e inestable debido a la confluencia de tres grandes factores: Primero, la pobre legitimidad del régimen; segundo, los factores externos; y, tercero, los aliados precarios. 

Un gobierno sin bases. 

La última encuesta de IEP, ratifica la muy alta desaprobación del gobierno (78%, promedio nacional), demostrándose así que la dupla Boluarte/Otárola y sus aliados, ha fracaso en su intento por revertirla. Varios factores suman a este pobre resultado.  

Primero, los casi 70 muertos, 49 de ellos víctimas directas del uso abusivo de la fuerza represiva, todos ellos cubiertos por el manto de la impunidad, como es el caso del flagrante asesinato de Rosalino Florez. A estas muertes se suman cientos de detenidos y víctimas de la criminalización de la protesta, el “terruqueo” y las múltiples expresiones de racismo. 

A la violencia institucional, se suma el mediocre desempeño del gabinete Otárola. El rechazo que genera es tal que los ministros, ministras, al igual que la propia presidenta, han terminado recluidos en las cuatro paredes de sus oficinas, prácticamente imposibilitados de hacer gestión relevante alguna que signifique exponerse a la población, ya que pueden ser expulsados en medios de insultos. Algunos ministros han agregado de su propia cosecha; ahí están las infelices declaraciones del ministro de educación y de la ministra de la mujer.  
Las agudas necesidades generadas por los embates de la naturaleza no han hecho más que hacer evidente esta inoperancia. Para la presidenta y su corte, salvo la foto, todo es ilusión. 

La corrupción no podía estar ausente. Cada vez son más frecuentes y sonados los casos que tienen como protagonistas a altos funcionarios ministeriales y sus cortesanos. Pero las denuncias no se quedan sólo a ese nivel, las aguas negras también han llegado al propio palacio de gobierno. El “caso Shimabukuro” pone en tela de juicio las autoproclamadas “manos limpias” de la presidenta. A las manchas de sangre, ahora se suman las de las mentiras. 

Un entorno internacional adverso. 

Si los problemas internos son serios, el panorama internacional no se presenta más auspicioso. Los desórdenes climáticos asociados al calentamiento global golpean duramente al país. El rápido incremento de las lluvias y el impacto del ciclón Yaku han colapsado los pocos y malos servicios existentes del estado y el daño en las viviendas e infraestructura productiva de las zonas afectadas es mayúsculo. De instalarse un “Niño costero”, las afectaciones serán aún más devastadoras. A la destrucción, le siguen las enfermedades y, por supuesto, la estela de pobreza. Todas ellas, un caldo de cultivo para oposiciones de diverso calibre.  

El entorno económico internacional también dista de ser promisorio. Lamentablemente, el año 2022 no fue el de la gran recuperación que esperábamos y, al parecer, tampoco lo será el 2023. La guerra en Ucrania, la rampante inflación mundial, la crisis de los precios de la energía, materias primas y alimentos, además del efecto combinado de grandes sequías e inundaciones, terminó afectando severamente la economía mundial y, por supuesto la nacional. El crecimiento de nuestro PBI en el 2022 sólo llegó al 2.7% y el proyectado para este año es similar, incluso menor. 

Es más, la inestabilidad, la desesperanza e incertidumbre se acrecentaron con la quiebra (y posterior rescate) de bancos en EE. UU., Suiza y Alemania. Las amenazas de una recesión global son cada vez más patentes. La expresión concreta de la falta de crecimiento es el incremento del desempleo y sus secuelas asociadas.

Aliados precarios. 

Sin mayores fortalezas y con un entorno global complicado, el gobierno debiera ser capaz de generar y movilizar alianzas que le garanticen cierta estabilidad y la recuperación paulatina de la legitimidad. En este frente, también ha fracasado. 

Su principal aliado, el Congreso de la República, se hunde en su propia crisis de legitimidad ya que su situación de rechazo es aún peor que el de la presidenta. Según el IEP, 91% de la población desaprueba su desempeño. 

Otros aliados importantes han sido los grandes conglomerados mediáticos, quienes se jugaron enteros por la dupla Boluarte/Otárola, pero con magros resultados. Esta alianza, sin embargo, parece haber llegado a su fin, ya aparecen resquebrajaduras y el viraje editorial de las últimas semanas da cuenta de ello. 

Los informes de las Naciones Unidas y la del Departamento de Estado de los Estados Unidos sobre la situación del Perú; los reportajes de medios importantes, como el New York Times, así como el reporte de Amnistía Internacional, sitúan al gobierno de Boluarte como un régimen autoritario, violador de los derechos humanos y con un manifiesto sesgo racista.

El aislamiento del Perú es mayúsculo. 

En resumen, sin apoyo popular, con aliados precarios y en un entorno climático, económico e internacional poco halagüeño, la tormenta, como editorializa el diario Gestión, está a punto de estallar. 

¿Qué elemento prenderá la mecha y desencadenará los eventos que harán caer al régimen? Nadie lo sabe; tampoco si se producirá pronto. Lo que es innegable, es que la condición crítica del paciente no hace sino agravarse cada día más.