El lunes 6 de enero se aprobó la Ley de Organizaciones de Usuarios de Agua y fue publicada el domingo 19 en El Peruano.

El lunes 6 de enero se aprobó la Ley de Organizaciones de Usuarios de Agua y fue publicada el domingo 19 en El Peruano. Algunos días antes de esta publicación, la Junta Nacional de Usuarios de los Distritos de Riego del Perú presentó un pronunciamiento público en el cual solicitaron mantener su autonomía pero además, señalando algunos alcances de esta ley que no resultaban adecuados. Asimismo, realizaron algunas peticiones. No les hicieron caso, siete días después la autógrafa fue publicada. A la fecha el clima es de inestabilidad pero, sobre todo, de desconocimiento.

El Ministro de Agricultura, Milton Von Hesse, ha sido enfático al señalar los beneficios de esta ley. Señala, por ejemplo, que habrá mayor transparencia pues la elección de consejos directivos se realizará con la participación de todos los usuarios de agua del valle mediante votación directa, universal y secreta. Este consiste, sin duda, en un avance. Pero, OJO, en el pronunciamiento, la junta se encuentra totalmente de acuerdo y reconoce el avance. Los puntos de discordancia son otros.

Un primer detalle importante es que el proyecto de ley ha sido elaborado y debatido sin la participación de la Junta Nacional de Usuarios de los Distritos de Riego del Perú. Este detalle resulta importante en tanto se trata de una autógrafa que afectará a más de dos millones de agricultores. Con una participación de los representantes del espacio afectado se podría evitar la confusión en la que se encuentran los involucrados. Basta con ver la situación de las autoridades elegidas para entender este clima confuso. A la fecha, los directivos electos no saben si lograrán concluir el periodo por el que fueron elegidos (2014-2016) ya que no queda claro si esta nueva ley, al haber entrado en vigencia, implica la aplicación inmediata de la votación directa y universal que mencionamos líneas arriba. Por esta razón, varios agricultores han señalado que se está vulnerando la autonomía de estas organizaciones pues no se han considerado las elecciones ya desarrolladas para el nuevo período que recién inicia.

Por otro lado, la junta también solicita que se mantenga la condición de personas jurídicas de las comisiones de usuarios, tal como ocurría antes de la publicación de la ley. Lo cierto es que, como nos señala el especialista Laureano del Castillo, la Junta tiene mucho poder respecto de los recursos. Se entiende que exista una resistencia a los cambios que esta ley propone. Sin embargo, considerando que las organizaciones de usuarios de agua poseen una vida activa durante más de 35 años y han sido el “brazo operativo” de la junta de usuarios, la elaboración conjunta del proyecto hubiera sido lo ideal.

Finalmente, otro de los puntos importantes es respecto del plazo de adecuación y convocatoria a elecciones. La Ley señala que existe un plazo de 180 días para que las organizaciones de usuarios de agua se adecuen y convoquen a elecciones. El ministro Von Hesse, al ser preguntado al respecto, indicó que aún no está definida la fecha en que la Autoridad Nacional del Agua (ANA) convoque a las mismas. Por ello, los miembros de la junta solicitan que, dado que no se señala a partir de cuándo se computa el plazo, se concluya primero con la delimitación de sectores y subsectores hidráulicos a nivel nacional, responsabilidad de la ANA, y que no ha sido realizado ya que ni un solo sector o subsector se encuentra delimitado a nivel nacional. Dicha tarea demandará aproximadamente 18 meses.

Como vemos, se trata de un tema complejo que afecta a millones de agricultores. El diálogo entre ellos y las autoridades se hace urgente en tanto la confusión y el desconocimiento respecto del alcance de esta nueva ley no hacen sino generar también un clima de inestabilidad. Hubo en Lima ya una manifestación la semana pasada y, según lo que nos indicó Francisco Barreto, Presidente de la Junta de Usuarios de Tumbes, se preparan para realizar otra movilización hasta que los puntos demandados en el pronunciamiento queden establecidos. No se trata pues, de ir en contra de una ley que pueda beneficiar ciertos aspectos respecto del uso del agua, sino de elaborarla considerando las dinámicas locales y regionales, respetando la autonomía de las organizaciones y su desarrollo durante años para lo cual es fundamental dialogar y no imponer una normativa.