Llama la atención el editorial de El Comercio del domingo 4 de enero de 2015 bajo el título “El negocio seguro de Petro-Perú”, no tanto porque pretenda denostar de cualquier actividad empresarial de la estatal peruana de petróleo, lo que viene haciendo desde tiempo atrás, sino por la oportunidad de su publicación. Resulta que la poderosa Graña y Montero Petrolera (GMP), cuyos dueños están ligados familiarmente al grupo El Comercio, ganó hace pocos días la buena pro para la explotación de los lotes petroleros III y IV ubicados en Talara, región Piura. La concesión de ambos lotes durará 30 años. En la actualidad, GMP ya opera los lotes I y V. Con los lotes III y IV, la empresa tendrá alrededor del 6% de la producción total nacional de petróleo, con una producción promedio de 4,400 barriles al día.

El editorial de El Comercio critica cualquier proyecto empresarial de Petro-Perú, pasado, presente o futuro, sin mencionar que han sido, precisamente, los candados que ha puesto en los últimos 25 años la política económica neoliberal que promueve, lo que ha impedido que se desarrolle nuestra petrolera estatal. Como hemos dicho ya en diversas oportunidades el Perú es uno de los pocos países de América Latina que no cuenta con una empresa petrolera estatal poderosa que asegure la soberanía energética del país. Países con políticas económicas tan diferentes como México, Venezuela, Brasil, Chile, Colombia y Argentina, tienen muy importantes empresas petroleras estatales  –varias de ellas paradójicamente con inversiones en el Perú-  que son potenciadas por sus gobiernos para asegurarse los recursos para su desarrollo. Como consecuencia de esta política anti Petro-Perú, la producción de petróleo ha descendido de 165 mil a 65 mil barriles diarios, haciéndonos crecientemente dependientes de la importación de este combustible fundamental.

A diferencia de las otras petroleras estatales de la región a Petro-Perú, con el beneplácito de El Comercio, se le cortan las alas. El precio que le hacen pagar por la ampliación y modernización de la refinería de Talara (ley 30130) es la exclusión de cualquier operación de endeudamiento mientras no pague el préstamo para los trabajos de esa refinería. Esto supone dejarla fuera del negocio de la explotación, de altos márgenes de ganancia y arrinconarla en la refinación de márgenes mucho más bajos. Por esta razón también se ha evitado en los últimos dos años sacar a licitación los lotes petroleros cuyos contratos se vencían (II, VI, VII, IX y XV) y se ha ajustado la legislación para evitar que Petro-Perú estuviera tentado de volver a participar en la explotación de estos lotes que en el pasado fueron suyos.

Sin embargo, Luis Ortigas, presidente de Perú-Petro, afirmó que las bases del concurso establecen que la compañía estatal Petro-Perú tiene la opción de una participación  hasta de 25% en los contratos que han concesionado los lotes III y IV a GMP. El directorio de Petro-Perú tiene un plazo máximo de 90 días para decidir si tomará o no dicha participación. Asumir el 25% le serviría para fortalecer la economía de la empresa petrolera estatal y ayudaría a pagar el préstamo de Talara.

A estas alturas nuestra pregunta inicial continúa flotando en el ambiente ¿Qué negocio tiene El Comercio en Petro-Perú? Este es un período delicado, en el cual el directorio de la empresa estatal tiene que tomar una decisión de participación hasta de 25% en los contratos que han concesionado los lotes III y IV a GMP. ¿Apunta el decano a influenciar esta decisión? Esperemos los próximos días y semanas y veremos si por lo menos en esta oportunidad se deja a Petro-Perú, aunque fuere como socio minoritario, participar en el negocio de la explotación del petróleo, como la empresa pública y peruana que es.