La cuarta manifestación contra la “Ley pulpín”, que dejó como saldo una decena de heridos y unos 50 detenidos, puso al descubierto un uso desproporcionado de la fuerza por parte del gobierno. Nos referimos al uso desmedido de bombas lacrimógenas, pero también al traslado de 15 jóvenes a las instalaciones de Seguridad del Estado, un lugar al que solo deberían ser llevados personas que ponen en peligro la paz social. El gobierno vuelve a cometer el error de criminalizar la protesta social mientras insiste en defender una ley políticamente muerta.

Otra vez el cuco senderista

Antes de la marcha, el Ministro del Interior, Daniel Urresti, afirmó que la Policía Nacional asistiría a la movilización con el fin de custodiar su normal funcionamiento, sin armas, pues no se pretendía reprimir una protesta considerada legítima. ¿Qué pasó, entonces? ¿Por qué esta cantidad de detenidos? Para justificar el uso de la fuerza, Urresti no tardó en vincular los disturbios a “organizaciones violentistas”, colocando en el mismo saco a centrales sindicales con MOVADEF. Por supuesto, nada es casual y menos en este caso.

Urresti, al igual que el gobierno de Alan García y al mismo estilo del fujimorismo, busca descalificar la movilización juvenil levantando el cuco senderista que “representa” MOVADEF. El uso de este chivo expiatorio ha sido una constante por parte de Urresti, quien prefiere usar esta táctica en lugar de realizar un trabajo de inteligencia serio que permita realizar denuncias con fundamento si así se diera el caso. Vincular la lucha social de los jóvenes con organizaciones como MOVADEF es un hecho condenable que no debería pasar desapercibido.

El escarmiento

Luego de los condenables actos de violencia en el centro de Lima, se detuvieron a unas 50 personas. De ellas, 15 jóvenes fueron trasladados a Seguridad del Estado porque “supuestamente” estaban atentando contra la paz social, por lo que representaban un peligro para la tranquilidad, la seguridad y la administración pública.

Una vez en las oficinas de Seguridad del Estado, a donde llegaron los abogados de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos en calidad de defensores de los jóvenes detenidos, se dispuso la exposición de videos y fotos para comprobar la participación de los detenidos en actos vandálicos. A decir de la abogada Yorka Gamarra, se logró identificar a solo un joven, quien apareció dando declaraciones sobre la “Ley pulpín” a un medio de prensa. ¿Por esa razón lo apresaron?

Después de 12 horas en la detención policial, donde los 15 jóvenes pernoctaron enmarrocados, adoloridos y sin mayor atención médica, se los trasladó a la 46º Fiscalía de turno donde se les abrió un proceso de investigación que seguirá el curso correspondiente. Los jóvenes fueron dejados en libertad en medio de una situación que más parece un escarmiento por atreverse a criticar la “Ley pulpín”.

¿Así trata a los jóvenes el mal llamado gobierno de la “inclusión social”? Una pena que se insista en criminalizar la protesta y no en debatir como lo hace un gobierno democrático. Mientras tanto, los jóvenes ya preparan una quinta movilización. Este miércoles 28, el Congreso podría derogar la “Ley pulpín” dejando mas solitario que nunca al gobierno de Ollanta Humala.