Los defensores mediáticos del aumento ministerial y el propio ministro Castilla, autor de la medida, parecen sorprenderse por el escándalo frente al suculento aumento decretado. Pero, ¿cuál es el fondo de la cuestión? ¿Pura envidia, como dicen algunos, de las buenas remuneraciones para gente capaz? No, de ninguna manera. La gente se escandaliza porque vivimos en un país en el que solo una pequeña minoría, 12% de la PEA, tiene un trabajo en planilla con todos los derechos respectivos, y el 70% de la población solo puede acceder a algún tipo de ocupación informal, sin derechos y en la mayoría de los casos con una remuneración por debajo del salario mínimo. Esta realidad se agrava porque los sucesivos gobiernos, luego del ajuste económico de 1990, carecen de una política de creación de empleo decente y se niegan a un aumento progresivo del sueldo mínimo, de acuerdo al alza del costo de vida. El dogma del “cholo barato” continúa siendo uno de los pilares del modelo económico en funciones y aún así pretenden que los que sufrimos este maltrato aplaudamos la medida.

Pero la situación es más grave aún porque se usa como argumento para el aumento la necesidad de remunerar convenientemente a técnicos que de otra forma serían jalados por el sector privado. Aquí hay un doble error. Primero, que los ministros y vice-ministros sean técnicos. Falso, son políticos, que llegan a esos puestos por designación del Presidente de la República para implementar, se supone, un programa votado en las urnas. Ser ministro o vice-ministro, es entonces, antes que nada, un honor, al que se llega para servir, no para servirse. Segundo, la competitividad con el sector privado. Habría que preguntarse con quién en el sector privado, porque la abrumadora mayoría de las personas que trabajan en el sector privado ganan el sueldo mínimo o están en alguna forma de trabajo informal con menor remuneración y peores condiciones de trabajo. Quizá habrán querido hacer la comparación con los dueños o los gerentes de las grandes empresas, que son un número reducido de personas, entre las que Castilla y sus amigos suponen que deben salir ministros y vice-ministros. Esto nos da una idea del apartheid social en el que se mueven los autores de la medida.

La arbitrariedad del aumento nos hace ver entonces que tenemos un Estado que no refleja la voluntad general de la población, sino el interés particular de un grupo que lo usa para satisfacer sus propios intereses. Si no hay la noción del interés general no existe tampoco el honor del servicio público ni menos la satisfacción del deber cumplido en relación a los demás. En esta perspectiva el objetivo de la función pasa a ser la satisfacción salarial, dejando de lado el bien que se le pueda hacer a la comunidad. Esta es la moral con la que nos ha infestado el neoliberalismo.

¿Cuál es la salida para esta situación de aumentazos, sueldos mínimos e informalidad? La solución de fondo es una política de empleo, usando las ganancias de los últimos años para promover la industrialización del país y de esta manera generar trabajo estable para la mayoría de los peruanos.  De lo contrario, la desigualdad y la discriminación prevalecerán y seguiremos en lo mismo. Pero además, de inmediato, tenemos en agenda la ley general de trabajo, un proyecto ya terminado que se guarda bajo siete llaves por presión empresarial. Su aprobación promovería el trabajo decente y le daría perspectiva al empleo de los peruanos.

Asimismo, mantenemos la perspectiva de una reforma democrática del Estado, que lo haga un aparato al servicio de todos los peruanos, que se preocupe por el conjunto de la población y no solo por el porvenir de unos cuantos. Por último, para el sector público, insistimos una vez más en una ley del servicio civil distinta de la actual, que integre en una sola carrera a las diversas formas de empleo en el Estado, terminando con el archipiélago actual en el que hay islas de modernidad engreídas del MEF y mares abandonados a su suerte con sueldos, literalmente, de hambre.  ¿Alguien dijo que un ministro no podía vivir con 15,000 soles al mes? Preguntamos ¿puede un maestro o un policía vivir con 1,200 soles mensuales?

Queda nomás una pregunta en el tintero. ¿Quién habrá movido los hilos de esta medida? ¿Habrán creído que el triunfalismo por lo de La Haya era cortina suficiente para que la opinión pública no se diera cuenta? Todo indica que los puntos que cosechó Ollanta Humala con la sentencia por el diferendo marítimo se esfumarán rápidamente con este despropósito. ¿Seguirá después de este escándalo el inamovible Castilla en su puesto?