La continua falta de oportunidades de trabajo decente, la insuficiente inversión y el bajo consumo producen un deterioro del derecho de todos a compartir el progreso. Por ello es necesario promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente.

Para lograr el desarrollo económico sostenible, las sociedades deberán crear las condiciones necesarias para que las personas accedan a empleos de calidad, estimulando la economía sin dañar el medio ambiente. Además, tendrá que haber oportunidades laborales para toda la población en edad de trabajar, con condiciones de trabajo decentes.

A través de la iniciativa Diálogos de Política Pública, un grupo de exministros, viceministros, altos funcionarios y expertos comparten sus conocimientos y reflexiones sobre los tópicos que son prioritarios para lograr este objetivo.

LOS DESAFÍOS
De acuerdo a ese análisis, se necesita redoblar los esfuerzos en mejorar la educación, sobre todo en formación para el trabajo, reducir la informalidad y mejorar las condiciones de trabajo para la mayoría de la población. Otra tarea impostergable es el fomento de la innovación, investigación y desarrollo. Y, además, potenciar los espacios de discusión de las políticas públicas.

El Perú es una economía pequeña (0,26% del PBI mundial en 2014) y de apertura comercial media (puesto 40 de 75 países del Índice de Mercados Abiertos 2015 de la Cámara de Comercio Internacional –ICC). Las economías pequeñas abiertas, incluso si poseen una cantidad favorable de recursos naturales, necesitan integrarse lo más posible al mundo para desarrollarse de manera importante en el largo plazo.

El llamado súper-ciclo del precio de los commodities iniciado en 2003 llegó a su fin en 2013, y las proyecciones indican que las cotizaciones internacionales no se recuperarán durante la próxima década.
En este contexto, hay una necesidad de acelerar el desarrollo de nuevas actividades productivas con talla internacional, lo que demandará un esfuerzo concertado entre el sector público y el sector privado.

¿QUÉ HACER?
Los especialistas consideran que para promover el crecimiento económico sostenible con empleo de calidad en casos como el del Perú, se debe incrementar la cantidad y calidad de infraestructura; simplificar las regulaciones para el comercio de bienes y servicios, incluyendo trámites y costos; mejorar las capacidades de la mano de obra nueva que entra al mercado y de la existente.

Además, proveer o facilitar el acceso a recursos financieros e información relevante del mercado; perfeccionar el marco regulatorio del mercado laboral con la participación de todos los actores y fortalecer las instituciones correspondientes; promover la innovación empresarial, la adopción de tecnologías modernas existentes, la investigación científica, entre otros.

RECOMENDACIONES
Para lograrlo se tiene que priorizar la capacidad de la fuerza laboral que tiene un impacto muy grande en la productividad de una economía, y esta puede impulsarse por dos vías: con la capacitación y asesoramiento a las empresas, y con la llamada formación o educación para el trabajo.

Para ello plantean iniciar la discusión y estructuración de un sistema nacional de formación para el trabajo, en el que el sector público y el sector privado tengan roles complementarios.

Definir conjuntamente entre el poder ejecutivo, el sector educativo público y privado, y las empresas, las capacidades que se requiere fortalecer en los estudiantes y trabajadores por sectores productivos, regiones o tipos de empresa.
Junto con las deficiencias del talento humano en el país, otro factor que limita el crecimiento de las empresas, especialmente las de menor tamaño y para la formación de nuevos emprendimientos, es la falta de financiamiento.

En este punto, recomiendan convertir a la Corporación Financiera de Desarrollo (COFIDE) en un banco de desarrollo orientado a apoyar la mejora de productividad de las empresas con mayores condiciones para crecer. También podría otorgar fondos de garantía para la realización de proyectos con mayor nivel de valor agregado y de riesgo.

Asimismo, sugieren incrementar el financiamiento público y facilitar el privado o las asociaciones público-privadas, para la formación laboral en la educación básica técnica. 

TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
La última gran recesión mundial experimentada, aproximadamente a partir del 2008, trajo como consecuencia lógica un recorte drástico de gastos tanto públicos como privados a todo nivel. Sin embargo, las economías más grandes del mundo reaccionaron, en muchos casos, incrementando el gasto en investigación y desarrollo como porcentaje del PBI.

En el Perú, el gasto en investigación y desarrollo solamente llega a 0,1% del PBI. Mientras que Chile invierte 0,7%, Brasil 1,1%, y muy por encima está, por ejemplo, Israel con 4,5%.

Frente a ello es necesario fortalecer los programas que promueven los negocios entre las empresas peruanas y cadenas de valor internacionales, pues estas últimas tienen exigencias de calidad y cumplimiento que obligarán a las empresas nacionales a sofisticar su oferta.

Atraer proyectos de inversión extranjera que impliquen la transferencia tecnológica a los proveedores y trabajadores locales. Incluir proyectos referidos a servicios, como logística, desarrollo de software, etc.

EL TRABAJO
Un requisito importante para el desarrollo sostenible es lograr condiciones laborales adecuadas para la población. La informalidad laboral, que conlleva la carencia de aseguramiento social, de pensiones y otras condiciones laborales, involucra al 68,6% del empleo en el Perú. Este promedio, incluye el 100% de los trabajadores familiares auxiliares y el 95,4% de los independientes.

Para mejorar las condiciones laborales, consideran necesario abrir la discusión sobre la informalidad, e incluir en ella al Poder Ejecutivo, Legislativo, el sector privado, la sociedad civil y la academia.

Difundir y discutir el efecto que tienen los distintos regímenes tributarios, la corrupción, la inestabilidad política (sobre todo en el interior del país), las capacidades de los trabajadores, la regulación laboral, entre otros, sobre la informalidad, y definir medidas para reducirla.

Además fortalecer las capacidades de la SUNAFIL y de los gobiernos regionales en materia de fiscalización para que puedan actuar no solamente de manera reactiva, sino realizar fiscalizaciones efectivas y llegar a las empresas de menor tamaño.
Finalmente, entre las recomendaciones que hacen los especialistas convocados por el Instituto de Estudios Peruanos (IEP) y otras organizaciones, está la necesidad de la institucionalidad para la definición de políticas y de las principales líneas de acción.