El golpe fallido, el contragolpe congresal, la usurpación consecuente y la brutal represión desatada contra el movimiento popular que se levantó en defensa de la democracia, han dado lugar a un debate sobre la caracterización del actual gobierno. Este es un asunto de vital importancia para poder desarrollar una estrategia adecuada que nos lleve a una salida democrática a la actual situación de ilegitimidad de los que detentan el poder.

La pregunta es clara ¿estamos o no estamos en una dictadura? La dureza de la represión con más de sesenta muertos, el asalto a las instituciones y el retorcimiento cotidiano del estado de derecho, nos pueden llevar rápidamente a señalar al actual régimen político en el Perú como una dictadura. Creo, sin embargo, que el asunto es más complejo.

Para empezar, no partimos de una democracia liberal en pleno funcionamiento, sino de una democracia limitada, el régimen producto de la breve transición liderada por Valentín Paniagua el 2001, que algunos han calificado también, de democracia neoliberal. ¿Cuál era su limitación? Que criminalizaba la movilización social, un empeño que, luego de Fujimori, desarrollan los gobiernos de Toledo, García y Humala a través de diversas piezas de legislación. Esta criminalización ha afectado el motor más importante de la democracia política que es la democratización social.  Sin democratización social la democracia se esclerotiza y pierde la capacidad de representar terminando por mirarse al ombligo y hundirse en su propia limitación.

Esta democracia sin democratización es la que entra en crisis cuando se explicita la corrupción que atraviesa la política del 2016 en adelante. Aquí está el punto de viraje, la pérdida de la hegemonía erosionada por el disolvente de la corrupción cuyas consecuencias vivimos hasta hoy. Allí se desata la inestabilidad que no sólo es causada por la interacción de personajes diversos sino porque esta interacción toca las estructuras profundas de una democracia que pierde su capacidad de reproducción. 

De allí para adelante se desata una lucha por darle salida a esta inestabilidad. La derecha neoliberal que vira su representación política hacia la extrema derecha y la tolerancia sino la participación abierta en la corrupción. Asimismo, la elección de un gobierno supuestamente de izquierda que fracasa en su cometido y le da a la extrema derecha un espacio que buscaba desde años atrás. El movimiento social, por otra parte, que en su espontaneidad asume una agenda de poder, como nunca se había visto, pidiendo elecciones adelantadas y nueva constitución. El problema está en su representación política, con una izquierda fragmentada y un centro muerto. De todas formas, el choque de trenes es frontal porque las agendas, al menos las simbólicas, son contrapuestas.

En el proceso, luego de golpe y contragolpe, la extrema derecha avanza a establecer un viraje autoritario, camino a una dictadura. En primer lugar, niega la usurpación y no me refiero principalmente a las personas: Pedro Castillo y Dina Boluarte, sino en un sentido más amplio a las opciones de gobierno. Sale uno pretendidamente progresista y entra otro reaccionario. Esto que es meridianamente claro para la mayoría del país, lo ocultan los que hoy detentan el poder.

En este curso, desconocen a su adversario: la movilización popular, por la vía de convertirlo en enemigo, estigmatizándolo como terrorista, la descalificación suprema en este contexto político. Siguen con el retorcimiento del estado de derecho, sacando reformas constitucionales, acusaciones fiscales, leyes y sentencias, de la manga, del forro y de donde hubiere lugar para continuar con sus tropelías. Continúan con el asalto a las instituciones, el propio Congreso que usan para ocupar el Ejecutivo y luego el sistema judicial. Curiosamente leyes e instituciones que en buena parte tiene su origen en la constitución de 1993, que ya no les es suficiente. Esta situación, es importante decirlo, vulnera seriamente los derechos de las personas.

Corolario de todo esto es el anuncio de Dina Boluarte que se queda hasta el 2026, renegando de su promesa original de llamar a elecciones adelantadas y concebirse como una presidenta de transición. Tan no hemos oído mal que hasta los medios internacionales se han hecho eco de este despropósito llevándolo a titulares. Pero, para cerrar con broche falsificado, insulta a los líderes opositores, refiriéndose a los que denuncian a su gobierno en el exterior como traidores a la patria, que están contra el Perú. Nuevamente, si alguien es traidor a la patria, no se trata de un adversario sino de un enemigo. Verdaderamente lamentable.

En estas condiciones ¿queda algo que nos separe de una dictadura? Sí, la esfera pública. Este espacio fundamental de deliberación y participación ciudadana en el que están personalidades, medios de comunicación, partidos, iglesias, universidades, organizaciones de la sociedad civil, que, en su actividad, seriamente recortada, es verdad, sobrevive el intercambio político. Esto nos hace permanecer en un régimen de tránsito, que ya mencionara Francois Bourricaud en los años sesenta del siglo pasado, denominado democradura.

Si la esfera pública se cierra estamos en dictadura. Algunos dirán ¿Cuál es la diferencia? Les voy a poner un ejemplo más concreto todavía. Es la diferencia ente estar preso o abiertamente perseguido y estar libre. Este espacio, que nos distancia aún de la dictadura abierta debemos defenderlo con uñas y dientes para poder luego recuperar una vida democrática y poder avanzar en poner al Perú en una orientación distinta de la actual.