“El poder adquisitivo del ingreso laboral promedio cayó 7,2% como consecuencia de las recesiones 2020 y 2023, así como del proceso inflacionario 2021-2023.”

Luego de la recesión económica sufrida en Perú el 2023 (el PBI cayó 0,6%), con sus consiguientes efectos negativos en el mercado laboral y la pobreza, nuestra economía parece haber empezado a reactivarse, considerando que el PBI creció 2,5% en el primer semestre del 2024 y el MEF proyecta que se incrementará por encima del 3% el presente año.

Además, la inflación, que se ubicó por encima del límite superior (3%) del rango meta del BCR en el periodo 2021-2023, erosionando significativamente el poder adquisitivo de los trabajadores, nuevamente se encuentra dentro de los parámetros establecidos por la política monetaria aplicada por la referida entidad pública (entre 1% y 3%).

No obstante, los problemas persisten en cuanto a la falta de empleo de calidad y los bajos niveles de ingresos laborales, como veremos a continuación.

Según la Encuesta Permanente de Empleo Nacional del INEI, el empleo agregado (dependiente e independiente, formal e informal) se incrementó apenas 0,2% en el segundo trimestre del 2024 respecto al mismo periodo del 2023, mientras que los inactivos laborales (personas en edad de trabajar que no trabajan ni buscan trabajo) crecieron 3,1% y la tasa de desempleo subió 0,6 puntos porcentuales (pp), alcanzando el 5,9%.

En Lima metropolitana, si bien el empleo agregado creció 11,5% en el segundo trimestre del 2024 en relación al mismo periodo del 2019 (prepandemia del COVID-19), los inactivos laborales también lo hicieron en 14,5%, la tasa de empleo adecuado se redujo 6,4 pp y las tasas de subempleo (empleo precario) y desempleo se incrementaron en 6,1 pp y 0,3 pp, respectivamente.

Además, el poder adquisitivo del ingreso laboral promedio cayó 7,2% como consecuencia de las recesiones 2020 y 2023, así como del proceso inflacionario señalado previamente, factores que incidieron en el incremento de casi 10 pp en la pobreza monetaria y en que la pobreza extrema se haya duplicado.
En cuanto al empleo formal privado (dependientes declarados en planilla), en el primer cuatrimestre del 2024 apenas creció 1% a nivel nacional respecto al mismo periodo del 2023, alcanzando los 4 millones de trabajadores, según la planilla electrónica del MTPE (ver gráfico a continuación).

El 70% de dichos trabajadores tiene un contrato temporal, es decir, 3 pp por encima de lo registrado antes de la pandemia del COVID-19, limitando así aún más el ejercicio de la sindicalización y negociación colectiva, principales mecanismos para acceder a mejoras remunerativas y en las condiciones laborales en general.

En esa línea, el poder de compra de bienes y servicios de la remuneración promedio en el sector privado formal se mantuvo prácticamente estancado entre el primer cuatrimestre del 2024 y el mismo periodo del 2023; mientras que la remuneración mínima ha perdido el 13% del poder adquisitivo que alcanzó el 2018 (su valor más alto en los últimos 16 años).

A partir de lo señalado, podemos concluir que los principales indicadores laborales aún se encuentran por debajo del estándar prepandemia, que ya era bastante precario.

¿Qué hacer?

Para empezar a solucionar la problemática laboral nacional se requiere aplicar una política monetaria expansiva vía la reducción gradual de la tasa de interés de referencia del BCR, con el fin abaratar el acceso al crédito y contribuir a reactivar la demanda interna a través del despegue del consumo y la inversión, y, por ende, incrementar el empleo.

Asimismo, se debe implementar una política fiscal expansiva liderada por el MEF, sobre todo acelerando la inversión pública en infraestructura productiva. Para ello, es fundamental una reforma tributaria que permita incrementar la recaudación de recursos públicos y mantener el orden en las finanzas estatales.

En materia de políticas activas de empleo, es clave destinar mayores recursos al programa Trabaja Perú del MTPE para generar empleos/ingresos temporales para los más vulnerables; aplicar un subsidio temporal a la cotización en la seguridad social para incentivar la contratación formal y estable en MYPEs, sobre todo de trabajadores jóvenes; así como, masificar y elevar la calidad del programa de mejora de la empleabilidad del MTPE, que brinda servicios de capacitación laboral, certificación de competencias laborales y gestión de la inserción laboral para los segmentos vulnerables de la población.

Por otro lado, para ampliar la masa asalariada (empleo que suele generar las mejores condiciones laborales) resulta imprescindible iniciar un proceso serio de diversificación productiva, el cual incluya incentivos económicos a sectores con potencial de generación masiva de empleo asalariado formal.

A la par, para reducir significativamente la informalidad laboral es urgente fortalecer la fiscalización. Ello implica otorgarle más competencias (como la facultad de incorporar directamente en planilla a los trabajadores encontrados fuera de ella) y presupuesto a la SUNAFIL (para incrementar el personal que integra el proceso inspectivo), con el fin que pueda ampliar su cobertura y mejorar su efectividad. Asimismo, se deben generar sinergias entre la SUNAFIL y SUNAT.

Una política seria de formalización laboral también implica el fomento del crecimiento de la productividad, que incluye: acceso masivo a crédito barato, capacitación laboral, innovaciones, nuevos mercados, compras estatales, articulación productiva, simplificación administrativa, medidas tributarias promocionales, etc.

En lo referido a la regulación laboral, se debe realizar una reforma integral que genere equilibrio entre trabajadores y empleadores, y promueva el empleo formal, estable y productivo. Ello implica aprobar –vía el CNTPE- una Ley General de Trabajo que limite la contratación temporal y tercerización laboral con destaque de personal, vincule el despido a causas objetivas con un procedimiento adecuado, fomente la sindicalización y negociación colectiva para que el crecimiento económico y de la productividad se traduzca en mayores remuneraciones y mejores condiciones laborales, regule el trabajo para aplicaciones, etc.

También se requiere una nueva ley agraria que equipare los derechos laborales y de seguridad social con los del régimen general, brinde estabilidad laboral (continua o discontinua, según corresponda), fomente la negociación colectiva y reduzca progresivamente los beneficios tributarios otorgados a la agroexportación.
Por otra parte, se debe contar con un mecanismo técnico de revisión de la remuneración mínima institucionalizado vía una norma del Poder Ejecutivo, el cual debe ser aplicado anualmente de manera vinculante. Urge un incremento de la remuneración mínima el 2024.

En lo concerniente a las políticas pasivas de empleo, se necesita una reforma integral de la seguridad social que implemente un seguro de desempleo en lugar de la CTS, así como un sistema previsional con componentes complementarios: pensiones no contributivas y pensiones generadas a través de la capitalización colectiva con aporte tripartito, complementadas por la capitalización individual.

Finalmente, se debe relanzar la reforma del servicio civil, destinando el presupuesto necesario, actualizando las escalas salariales, acelerando el tránsito al nuevo régimen y fortaleciendo la negociación colectiva en materia económica.

* Economista de la Universidad del Pacífico. Ex viceministro de promoción del empleo.