En las últimas semanas, el motín del penal de Huancas en Chachapoyas que finalizó con la muerte de dos internos, la fuga de cuatro narcotraficantes del penal de Abancay y la reciente muerte de Director del Penal Miguel Castro Castro, Manuel Vásquez,

supuestamente en manos de miembros vinculados al narcotráfico, han puesto en discusión cómo se viene administrando los penales en el país.
Hace unos días, el Congresista de Unidad Nacional, Juan Carlos Eguren, propuso privatizar el sistema penitenciario para garantizar la administración, la seguridad y la resocialización de los internos. En otras palabras, con esta medida se busca quitarle al Estado su actual potestad en el control de las cárceles. ¿Será esta la mejor solución? 
Hacinamiento y “cárceles doradas”
Según el último Informe del INPE, a partir del 2002, el crecimiento geométrico de la población penitenciaria ha conllevado a un nivel alarmante de hacinamiento. Hasta el mes de noviembre de 2009, la tasa de sobrepoblación nacional era de 192%, es decir, había 21,404 internos más frente a la capacidad de albergue de los actuales penales. En contraposición, somos testigos de cómo algunos internos gozan de “cárceles doradas” con privilegios que no están señalados en las normas penitenciarias. Por ejemplo, hace unos días, el diario El Comercio denunciaba cómo el narcotraficante Lucio Tijero Guzmán, alias “El Ingeniero”, vivía a cuerpo de rey en una celda que contaba, entre otras cosas, con artefactos eléctricos y minibar. 
Frente a estos problemas, se opta por simples soluciones como cambiar a los directores de los penales y endurecer las leyes, sin que se toquen los temas de fondo, como son implementar una reforma integral del sistema penitenciario y enfrentar la corrupción.  
La solución en manos del Estado
¿Vale la pena privatizar la administración de las cárceles como propone el Congresista Eguren? Stephen Nathan, investigador del Instituto Latinoamericano para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente (ILANUD)¹, afirma que privatizar las prisiones crearía un “mercado” que va contra los intereses de la sociedad, que no es tener millones de personas encerradas, sino tratar las causas por las cuales se comenten ciertos crímenes o delitos. Así, quienes ganarían con el negocio de privatizar las cárceles serían las compañías que buscan beneficiarse con los contratos. 
Nathan señala, además, que esta iniciativa le quitaría al Estado su responsabilidad en el control de los penales, así como también se dificultaría elementos claves del proceso de readaptación de los internos: el ingreso de las familias de los reclusos, de las organizaciones de derechos humanos, de los abogados, entre otros.   
Por esto, más allá de resolver el problema de los penales con manos privadas, se debe fortalecer la capacidad del Estado para enfrentar la actual problemática penitenciaria. ¿Hay herramientas para hacerlo? Pues, sí. Desde el 2003, se cuenta con un Plan Nacional de Tratamiento Penitenciario que se podría actualizar. Además, existe el Informe Defensorial 113, Supervisión del Sistema Penitenciario 2006, que recomienda una serie de aspectos para que el Estado asuma un rol más activo en este tema.
Entonces, lo que realmente falta es la voluntad política del actual gobierno para tomar en cuenta estas iniciativas y no quedarse solo con medidas para las tribunas.

¹ El ILANUD fue establecido en la ciudad de San José, Costa Rica, mediante acuerdo suscrito en 1975 entre la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y el Gobierno de la República de Costa Rica.