Apuntes sobre ciudadanía, derechos y educación.

El año escolar inició para todas las escuelas públicas peruanas este lunes 11 de marzo. Apenas terminada la ola de calor, pero aún con altas temperaturas, una epidemia de dengue y brotes de sarampión. Con retrasos en la distribución de materiales1 y la contratación docente2, además de infraestructura educativa deteriorada.

Pero, ¿Qué hay de lo que alguna vez el Ministerio de educación llamó “Infraestructura emocional”? 

Entre los diversos (y poco exitosos) esfuerzos del Ministerio de Educación por abordar la formación en ciudadanía, democracia y derechos humanos, el 2018 acuñaron este neologismo, aunque sin mayor fundamento técnico o teórico. Esa propuesta duró lo que duró aquella gestión, interrumpida por lobbies anti derechos que construyeron una posverdad atacando la educación sexual integral3. 

Esta no ha sido ni la primera ni la última propuesta de educación ciudadana. Desde su creación hace más de 180 años, el MINEDU siempre tiene una apuesta acorde a lo que el gobierno de turno espera de sus ciudadanos, solo que estas propuestas no suelen ser explícitas.

Antes de profundizar en ello, es necesario definir la relación entre ciudadanía, derechos y educación.

La educación es un derecho humano, tal como lo reconoce nuestro marco normativo nacional y convenios internacionales. Tiene, además, la particularidad de ser un medio para el conocimiento y ejercicio de otros derechos a través de la comprensión lectora, el desarrollo del pensamiento crítico y habilidades socioemocionales como la comunicación asertiva y la empatía, así como el conocimiento del funcionamiento del Estado, la democracia y los derechos humanos. Todas ellas son competencias reconocidas por el actual Currículo Nacional de Educación Básica (CNEB), y el Proyecto Educativo Nacional (PEN) al 2036 denominado “El reto de la ciudadanía plena”. 

Existe la educación en derechos, la educación para el ejercicio de derechos, y el derecho a la educación.

Durante la etapa escolar las y los estudiantes no solo se forman, sino que ejercen su ciudadanía acorde con los derechos reconocidos según la edad. De esta forma se preparan para las responsabilidades y el ejercicio de derechos que adquieren progresivamente con su desarrollo evolutivo y la normatividad, pudiendo trabajar desde los 14 y votar desde los 18, por ejemplo.

La formación en ciudadanía es entendida tanto por el CNEB como por el PEN como un conjunto de competencias que incluyen actitudes y comportamientos, no solamente conocimientos. Es decir, no basta con saber que el segundo artículo de la constitución prohíbe la discriminación, sino ser capaces de identificarla, evitarla y denunciarla si es necesario.

No es solo memorizar que existen tres poderes independientes en un sistema democrático, sino reconocer cómo funcionan en una situación real o si están siendo atacados, para formarse una opinión propia, crítica e informada, y ser capaces de debatirla de manera respetuosa, acorde con el grado educativo y su edad.

Retomando el anterior hilo, planteamos la pregunta: ¿Qué ciudadanía espera formar el Ministerio de Educación este inicio de clases 2024?

El año escolar inicia en medio de una profunda crisis de la institucionalidad democrática, acompañada de propuestas legislativas que buscan limitar la libertad de cátedra docente, como el “proyecto de ley que establecerá causales para el cese inmediato de los docentes que pertenezcan a ideologías violentistas, que contravienen la Constitución”4  

La propuesta actual de formación ciudadana se presenta a modo de currículo oculto, y pretende educar niñeces incapaces de reconocer y ejercer su ciudadanía y sus derechos.

Similar a la propuesta de los años noventa, que también estuvo acompañada de macartismo disfrazado de lucha antisubversiva. Quienes estudiaron en esa década y los años posteriores tienen hoy entre 30 y 45 años y son cerca de un tercio de la población electoral actual. En otras palabras, hoy se promueve una educación adoctrinadora, que limite las libertades de opinión, expresión y protesta, funcional a un proyecto autocrático.

Después de más de un año de las protestas que costaron la vida de estudiantes y menores de edad que ejercían su derecho a la protesta y a la información, ¿se hablará de ellas y ellos en las aulas durante este año escolar?, ¿se discutirá la crisis democrática?, ¿se usará el texto “educativo” del Congreso que reivindica el autogolpe?, ¿se cuestionarán las razones estructurales de ineficiencia y corrupción por las que su colegio está en malas condiciones? 

La respuesta está en cada docente, en su capacidad de ir más allá de las sesiones prefabricadas que les alcanza el Ministerio y atreverse a analizar la realidad para fomentar pensamiento ético y crítico en sus estudiantes. Ello implica un ejercicio autocrítico del profesorado y ceder el poder que tienen en el aula, reconociendo sus propios derechos y los de sus estudiantes como ciudadanos para desarrollar auténticas prácticas democráticas.

El verdadero reto está en un proceso de enseñanza aprendizaje que responda a lo que el país hoy demanda.

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1Si bien el MINEDU distribuye los materiales con cierta anticipación a las regiones, los gobiernos regionales (GORE) y las instancias de gestión educativa descentralizadas (IGED) son responsables de su distribución a los colegios. Allí presentan dificultades por tres factores que se interconectan: (1) Ámbitos rurales de difícil y costoso acceso; (2) Limitada planificación de los GORE e IGED; y (3) Insuficiente presupuesto propio de los GORE y limitadas transferencias desde MINEDU, en parte por incumplimiento de compromisos de gestión, creando un círculo vicioso en que los limitados recursos generan faltas y las faltas afectan la asignación presupuestal.

2El proceso de nombramiento docente 2023 tuvo incidentes por asignar maestros castellanohablantes para estudiantes hablantes de lenguas originarias como lo denunciaron las organizaciones indígenas. Este 2024, el proceso de contratación se desarrolló sin mayores contratiempos, pero quedan plazas no asignadas en zonas de difícil acceso y sin conectividad.

3El exministro Alfaro aún enfrenta persecución judicial de los grupos anti derechos y sus aliados en estamentos de poder. Ver nota periodística de INFOBAE: https://www.infobae.com/peru/2023/11/16/congreso-denuncia-constitucional...

4Texto del PL presentado por MINEDU: https://andina.pe/agencia/noticia-conoce-proyecto-para-cese-maestros-ide...