Hay momentos en la historia política republicana donde el problema de la corrupción irrumpe como un huayco y arrasa con la clase política peruana. Estamos frente a uno de estos raros momentos debido a que por primera vez la fuente de la corrupción, las empresas constructoras brasileñas, han sido investigadas en su país de origen, los empresarios han sido encarcelados y están hablando. La justicia federal brasileña recurre al mecanismo de “delación premiada”, para identificar mecanismos, montos de sobornos, cuentas donde se colocaron y la lista de los funcionarios o políticos que favorecieron sus proyectos en el Estado. El país está en vilo, a la espera de la famosa lista. Ya tenemos algunos presos y fugados y varios políticos están siendo arrasados.  

El Perú ha sido sacudido recurrentemente por estos fenómenos, siendo el más reciente el 2000, cuando cayó Fujimori. En esa ocasión se obtuvieron (también por primera vez) pruebas irrefutables del delito al conocerse (gracias al Congreso, no así el Poder Judicial) los vladivídeos. Siguieron investigaciones y juicios, pero a pesar de la cantidad de procesados, la lógica que siguió la prensa y los jueces fue concentrarse en militares y políticos, dejando de lado o poniendo poco énfasis en la corrupción empresarial, la de cuello y corbata.  El ex ministro de economía y constructor Jorge Camet (cuya constructora JJC fue transferida a su hijo, pero favorecida por licitaciones, pasando de mediana a grande en ese periodo), no fue suficientemente investigado sobre este punto; tampoco la constructora Odebrecht, en ese entonces sospechosa del pago de coimas, ni su socio principal en el Perú, la constructora Graña y Montero (G y M). El ex ministro Camet, apenas salido en 1998, integró al directorio del Instituto Peruano de Economía (IPE) y del Banco de Crédito siendo más tarde sentenciado a 3 años de prisión el 2001, pena que cumplió primero en su domicilio y luego en una clínica privada. Cosa de ricos.  Este sesgo punitivo dirigido principalmente hacia la clase política y los funcionarios públicos, y la falta de investigación de los mecanismos empresariales de corrupción en obras públicas, hizo que, a pesar de los avances de los juzgados anticorrupción (luego desfinanciados por el gobierno de García), no se  avanzara lo suficiente en conocer el sistema mismo. 

De haber procedido mejor las investigaciones del 2000-2001, de haberse indagado de manera más ordenada y sistemática, de haberse entendido mejor la naturaleza relacional del fenómeno de los sobornos (la mano que da, y la que recibe; las tretas que usan para recibir los pagos, el tipo de claúsulas de los contratos de obras públicas, las fallas del sistema de control interno y externo), en fin, de haberse identificado la red de apoyo legal y político de estas prácticas, quizás hubiéramos podido prevenir o limitar el escándalo de Lava Jato 2016. 

No fue así y no vamos a lamentarnos. 

La cuestión es si hemos aprendido la lección para no caer en los mismos errores. Me temo que, a pesar que esta vez la información viene del exterior e involucra a varios gobiernos, y que por lo tanto escapa al control de la red de corrupción nacional que envuelve como mínimo a las cuatro hermanas (Odebrecht, Camargo Correa, Andrade Gutierrez y OAS). Los poderes fácticos están direccionando las investigaciones de la misma manera que el 2000. 

Sin embargo, este huayco recién comienza, todavía tiene que llover mucha información. Tiempo tenemos y quizás el sistema de justicia funcione mejor ahora. Gracias a que el Consejo Nacional de la Magistratura sacó del cargo al fiscal anterior, Carlos Ramos Heredia, por formar parte de la red de apoyo legal de la mafia ancashina, existe la posibilidad de una gestión más eficaz (aunque lenta). El  nombramiento de Duberlí Rodríguez como Presidente del Poder Judicial genera esperanza. La creación de un sistema anticorrupción, y la mayor capacidad de investigación financiera con levantamiento de secreto bancario y tributario (medida resistida por muchos), podría reforzar esta tenue esperanza que tenemos. PPK ayuda en algo, dicen que es lobista pero honesto, aunque sus nexos con las grandes empresas privadas y algunos de los operadores (Barata, el encargado de las coimas de Odebrecht en el Perú fue director de su ONG, Asociación Empresarial para el Desarrollo Rural, el 2008) causa preocupación.

Este claroscuro en que se encuentran las posibilidades institucionales de dar pasos sustantivos que vayan más allá de las denuncias y condenas a los “políticos corruptos”, esta pugna entre los que investigan y empujan las investigaciones, y los que ocultan pruebas y frenan las indagaciones, no está entonces decidida. Las pugnas se libran en varias arenas (el Poder Judicial, el Congreso, los medios, los gremios empresariales). 

Veamos lo que pasa en los gremios empresariales. Esta arena es importante porque los propios gremios tienen como miembros a empresas corruptas y deberían tomar medidas para que, como mínimo, se las separe o expulse. Nuevamente, el caso brasileño ilumina este lado oscuro y de apariencia respetable de la corrupción corporativa. En CAPECO, por ejemplo, ¿qué correlación interna existe entre “buenos” y “malos”?  Cabe recordar que Lelio Balarezo, quien fuera presidente de CAPECO y vicepresidente de la CONFIEP, fue acusado en abril del 2015 por defraudación tributaria (facturas falsas). Balarezo (jefe de Balarezo Constructores Generales) se fugó del país y sigue como no habido. Que se sepa nadie lo busca. La misma CONFIEP, que no ha podido guardar silencio sobre este caso por ser tan evidente, ha actuado con blandura.  El caso Balarezo nos sugiere que, cuando se trata de grandes empresarios, la justicia y los mecanismos de control interno gremial son poco propensos a actuar, y aun cuando funcionan las sanciones son blandas. Este es el problema de los crímenes de cuello y corbata, que pueden manejarse y minimizarse porque a fin de cuentas los involucrados tienen dinero, socios y conexiones; en fin, poder.
El caso Odebrecht (y si se demuestra culpabilidad, el caso Graña y Montero, su principal socio en el Perú) es más complicado porque sus empresas, al ser grupo, participan en varios gremios.  La Cámara de Comercio afirma hace unos días haber expulsado “a la corrupta Odebrecht”  (El Comercio, enero 23, 2017). ¿Por qué la tardanza? Por su parte, AFIN informa que “desafilió a Odebrecht Latinvest” el 7 de diciembre pasado, y también al consorcio Gaseoducto Sur Peruano, GSP, pero no a otros donde participa Odebrecht. La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía “ha separado” a GSP, pero ni siquiera ha publicado un comunicado. La falta de indignación ética de los gremios empresariales parece ser una constante, lo que agrava su daño reputacional. 

El actual presidente de la CONFIEP, Martin Pérez (grupo Romero), ha declarado en una entrevista publicada en su portal institucional lo siguiente. Ante la pregunta: “¿Este es un caso de corrupción de una compañía o revela cómo en muchas ocasiones puede ser la relación entre empresas y Estado?”, el empresario responde: “Creo que el Caso Odebrecht le hace un daño enorme al Perú. Odebrecht ya fregó al Perú”. Bueno, lo fregó es cierto, pero lo que le preocupa no es la dimensión ética del fenómeno sino que frene las inversiones. Más adelante evalúa el daño y dice: “Creo que le ha pegado a la poca credibilidad de nuestras instituciones, del sector público. Ha debilitado más su imagen. También la del sector privado. Evidentemente, al sector privado le ha hecho un daño enorme.” Resulta interesante el orden de ideas que propone: el primer daño que menciona es en el sector público, en segundo lugar la empresa privada. 

¿Podemos esperar entonces que los poderes facticos (CONFIEP, grupo El Comercio, para mencionar dos de los más importantes) van a investigar la corrupción como sistema relacional a partir del caso Odebrecht y los otros tres que se vienen? Cabe considerar lo siguiente. En realidad, no se puede argumentar que se trata de extorsión o de sugerencias de los políticos que obligaron a la empresa a corromperse. Odebrecht ha operado durante años con un sistema institucionalizado de corrupción de políticos y funcionarios en varios países, al punto que creo una División de Operaciones Estructuradas y nombró a una persona, Jorge Barata, como encargado del pago de coimas en el Perú. Asimismo, este grupo económico creó un sistema de empresas offshore para esconder la ruta del dinero que pagaba para ganar los contratos inflando precios, que es donde está el negocio, la ganancia extraordinaria. Es más, las cuatro hermanas desarrollaron un sistema tipo cartel, donde se repartían las licitaciones para inflar precios, bajar la calidad de las obras, y seguir ganando regularmente a costa del Estado y los contribuyentes. Este sistema de cartel, según he podido escuchar, podría también existir en el Perú y sería organizado por las principales empresas de CAPECO, asunto que habría que investigar.

Una cuestión más. Todo este sistema no sería posible sin que alguien haya inventado el mecanismo legal para poder facilitar la corrupción y aumentar exponencialmente las ganancias de las empresas constructoras. Me refiero al hecho que las empresas pueden presentar un precio bajo y atractivo para ganar licitaciones (en una competencia posiblemente amañada) y luego, legalmente, introducir adendas, claúsulas extrañas de compensación, y hacer obras adicionales, que es donde desfalcan al país. Ahí está la clave. De no eliminarse estos mecanismos facilitadores de la coima y sus versiones más modernas no corregiremos realmente el problema. 

Hablemos pues de lo sustantivo. Vayamos más allá de lo superficial. Estos mecanismos, a los que se suma la débil supervisión del Estado, existen no solo en los contratos tradicionales de obras públicas sino en la nueva generación, el sistema de Obras por Impuestos y de Asociaciones Público Privadas. De no corregirse, de seguirse aprobando y perfeccionando, lo más probable es que la corrupción siga con otras empresas. Ello no quiere decir que todas estén involucradas (en algunos países las sanciones son muy fuertes y tienen la obligación de actuar legalmente en todas sus operaciones mundiales), pero si les ponen ese incentivo perverso empresarial es posible que muchas más se apunten. Alerta entonces. Lo digo porque en medio del pedido de facultades extraordinarias aparece sin mayor discusión el DL 1251 de Asociaciones Público Privadas. En esta norma se busca darles discrecionalidad a los ejecutores privados de obras y limita al mismo tiempo las funciones de la Contraloría para fiscalizarlo.  Es la combinación perfecta y  muy propia de los tiempos neoliberales que nos dicen y repiten hasta el cansancio: “el problema es el Estado, la solución el mercado”, “no hay nada mejor que la auto regulación”.  

Calculando que esta norma permisiva encuentre resistencia, Roberto Abusada, fundador y cabeza del Instituto Peruano de Economía (IPE), en un artículo publicado en el portal de la CONFIEP, titulado “El misterio de la inversión”, advierte que el escándalo brasileño puede dar lugar al “aprovechamiento político para satanizar todas la APP”. Al mismo tiempo, anima al gobierno a invertir, a que dé incentivos y facilidades a las grandes inversiones privadas, a acelerar los trámites, evitar que se traben los proyectos; criticando de paso el estatismo, condenando a los funcionarios que tienen “incentivos perversos” y bloquean las inversiones. Conveniente teoría.

¿Se trata acaso de una opinión neutral y profesional con miras a un mejor rendimiento económico? Nos hacemos la pregunta para entrar a discutir otra dimensión del problema de la corrupción institucionalizada de cuello y corbata: las redes informales y formales que articulan a la elite del poder. Este influyente economista empresarial, e importante “opinólogo” del grupo El Comercio en materia económica, no nos revela, como debería por transparencia, que se encuentra íntimamente vinculado al grupo Graña y Montero; el socio principal de Odebrecht en el Perú. A la fecha Abusada es accionista y director en varias empresas de ese vasto conglomerado (GMD, G y M Petrolera), además de ser parte de la plana gerencial del buque bandera del grupo, Graña y Montero SAA.   Para seguir desenredando la madeja, y meter en el análisis la puerta giratoria, sabemos que el CEO de este grupo constructor, José Graña Miroquesada, fue director de El Comercio hasta el 2014, pero sigue como importante accionista y participe activo de la coalición que decide quién es el director del diario (y de la “línea noticiosa corporativa” que obedece rigurosamente Peru21, Canal 4 y Canal N). El Comercio, dada la asociación con G y M, afirma simplemente que ya no está en el directorio, cuando lo sustancial es su rol de accionista. Por su parte, Graña Miroquesada dice no saber nada de la corrupción de  Odebrecht a pesar de su larga y próspera relación.  Otra posible implicancia de estos escándalos es que puede debilitar a importantes grupos económicos peruanos vinculados. Si cae G y M puede arrastrar o debilitar más al mal gerenciado grupo El Comercio. Los principales accionistas de G y M, que son institucionales (JP Morgan Chase con 38.46%, Bechtel Enterprises Inc con  17.8%), están en posición de pedir la cabeza de José Graña Miroquesada (en realidad, ya no es una empresa peruana, de modo que no entiendo porque tanto remilgo). Pero la trama de intereses y relaciones no queda ahí. Si uno se fija en la información oficial del directorio del IPE (2015-2016) nos encontramos que lo preside Abusada y tiene entre sus miembros a Martín Pérez (Confiep) y también a Fernando Zavala (actual premier).  

Dada la trama de relaciones formales e informales, ¿se puede creer que la Confiep, el gobierno de PPK y el grupo El Comercio van a hacer un esfuerzo por luchar contra la corrupción y sancionar no solo a los políticos y funcionarios, sino a todas las empresas nacionales involucradas? 

Como nos entran dudas, consideramos necesario pugnar por un enfoque integral de la corrupción que no se limite a los políticos y funcionarios e ir aclarando toda la lógica de un sistema donde las grandes corporaciones participan o están en el centro mismo, sistema que no solo puede continuar a futuro sino que incluso puede reforzarse una vez pasado el escándalo. Puede que ya esté en cursos si se abusa de decretos como el 1251 de Asociaciones Público Privadas, cuya característica principal es darle facilidades y garantías a los privados, al mismo tiempo que debilita la acción fiscalizadora del Estado.

[1] DL 1251 del 30 de noviembre del 2016. Artículo 5.5: “Los actos y decisiones desarrollados durante las fases de formulación, estructuración, transacción y ejecución contractual de una Asociación Público Privada, incluyendo las modificaciones contractuales reguladas en el presente Decreto Legislativo, por su propia naturaleza, son procesos inherentes para la toma de decisiones referentes a la inversión a ejecutar; por lo que se encuentran en el ámbito de la discrecionalidad de los funcionarios respectivos”. Artículo 16.5 “El Informe Previo de la Contraloría General de la República respecto de la versión final del contrato de Asociación Público Privada únicamente puede referirse a aquellos aspectos que comprometan el crédito o la capacidad financiera del Estado... (el subrayado es nuestro).

[2] Según la Superintendencia del Mercado de Valores, Roberto Abusada Salah es accionista de Graña y Montero Digital (5.47% en GMD), presidente del directorio de GMD y director de G y M Petrolera y miembro de la “plana gerencial” de G y M (www.smb.gob.pe) (acceso enero 25, 2017). Según la Memoria Anual 2009 de G Y M fue miembro del directorio ese año.