Contrareforma electoral en marcha

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Por: 

Aida García Naranjo

El viernes 20 de octubre se publicó el cronograma electoral, el domingo 22 se cerró el padrón electoral y el martes 24 concluye el plazo para normar las elecciones del 2018. Con ello nos enfilamos hacia el proceso que se realizará el 7 de octubre del próximo año, en el que se elegirán a 12,903 autoridades regionales y municipales. 

Sin embargo, tenemos que decir que no hemos sido capaces, una vez más, de realizar una reforma electoral integral. Se está perdiendo la oportunidad de ordenar la legislación dispersa en materia electoral, una que permitiera hacer más democráticos los próximos procesos electorales del 2018 y 2021 y evitar así irregularidades y arbitrariedades cometidas en el último proceso electoral. 

Lo que hay son siete dictámenes sobre reforma electoral que caminan por parches.  Estos siete dictámenes fueron aprobados por las gestiones de los años 2016 y 2017 en la Comisión de Constitución, a cargo de los congresistas de Fuerza Popular Miguel Torres y Úrsula Letona, quienes a "su decir” fueron aprobados por consenso (o mayoría) entendida ésta por el voto favorable de siete partidos o por los dos que participan en esa comisión.

Sin embargo, a tenor de la mayoría fujiaprista del pleno del Congreso, se aprobarán únicamente los dictámenes que convengan a estos dos partidos. 

Por ejemplo, no se apunta ni a la renovación del débil sistema de partidos, ni mucho menos a abrir éste, manteniendo una barrera de acceso del 4%. No tenemos tampoco aún un Código Electoral.

Un debate sobre Reforma Electoral, realizado por un medio de comunicación en el Congreso, buscaba fomentar la discusión para entender la relevancia de la reforma en curso, de cara a fortalecer la democracia, y buscar que la ciudadanía se sienta representada en sus intereses y no se hipoteque el futuro del país al no internalizar la importancia de la reforma política.

Participaron en el debate seis congresistas: Patricia Donayre (PPK), quien presidió la Subcomisión sobre Reforma Electoral, Úrsula Letona (FP) actual presidenta de la Comisión de Constitución, Marisol Espinoza (APP), Alberto Quintanilla (MNP), Johny Lescano (AP), Javier Velásquez (APRA), y a dos representantes de instituciones que acompañan el proceso: Percy Medina de Idea Internacional y Gerardo Távara de Transparencia.

En este debate se afirmó que está en curso una contrareforma electoral.

Y coincidimos con este punto de vista: los dictámenes de Reforma Electoral no apuntan ni a la renovación del débil sistema de partidos, ni mucho menos a abrirlo. Mantienen la barrera de acceso del 4%, pese a que todos los actuales congresistas llegaron con partidos inscritos con una valla de 1% y, en el caso de Fuerza Popular, incluso llegaron con un partido inscrito 11 meses antes del proceso electoral. La exigencia de tres años de antigüedad es otra barrera contra la renovación y la apertura del sistema.  

Sorprende la prescindencia de la ciudadanía y/o sociedad civil organizada en el debate sobre reforma electoral. Hubiera sido importante escuchar la voz de la Asociación de Municipalidades del Perú (AMPE), de la Asamblea Gobernadores regionales y de la Asociación de Mujeres Autoridades Electas frente al proceso 2018.

Hacer una reforma electoral integral y contar con un Código Electoral fueron las propuestas recomendadas por los organismos electorales (Jurado Nacional de Elecciones entre ellos) y por la propia subcomisión de reforma electoral (lo que motivó la renuncia de su presidenta, Patricia Donayre, quien posteriormente se cambió  de bancada).

Contra propuestas a favor de la igualdad de género
En lo que se refiere a los asuntos de Género, resulta lamentable, por decir lo menos, que la presidenta de la Comisión  de Constitución, Úrsula Letona, quien tiene en sus manos un rol fundamental en la Reforma Electoral, se haya pronunciado en contra de la propuesta de género referida a incrementar la cuota de género al nivel de paridad (50%). El viernes 20, en el mencionado debate organizado por RPP, señaló que encuentra que "ello es imposible, ya que no hay condiciones a nivel del Estado para que se compatibilice el rol de madre, de esposa, con el rol político de la mujer”.  No hizo comentario alguno sobre el resto de propuestas electorales.

Letona presentó su propio caso como ejemplo: dijo que al ser madre de cuatro hijos tenía que asistir (suponemos que se refería a que lo hace alguna vez) al Congreso con sus vástagos y que eso le genera problemas. Señaló además que ella no era congresista porque se requiera una ley y que diferentes colegas suyas no necesitan de estos nuevos mecanismos.

Estas afirmaciones son una contradicción en sí mismas. Precisamente la no implementación, o débil implementación de estrategias de responsabilidades familiares compartidas en el ámbito doméstico y familiar llevan a que la mujer que ingresa (o pretende ingresar) a la política asuma un triple rol, triple carga o una triple jornada (doméstica/ laboral /política ) y es justamente por ello que se impulsan las llamadas acciones afirmativas (cuotas, cupos, alternancia, paridad, entre otras), conocidas también como medidas de discriminación positiva, que en el Perú se conquistaron hace décadas.

Debemos recordar que gracias a manifiestos, y a la histórica lucha de las mujeres organizadas en torno al ejercicio de nuestros derechos políticos en las  jornadas del 1911, 1930-1933/ 1955-1956/ 1978-1980/  1997-2002/ y 2016-2017;  se lograron conquistas favorables al ejercicio del voto femenino y a la actual representación política de las mujeres en el Congreso, sin duda alguna.

Para el ejercicio efectivo de todos los derechos de la mujer vamos por más: para la conquista de la igualdad real o sustantiva se requiere en el Perú de un Sistema Nacional de Cuidado (SNC) -se podría tener como referencia el uruguayo, solo por nombrar alguno- para atender las necesidades de cambios estructurales impulsados desde el Legislativo y el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables de manera transversal, para ampliar así la participación política de la mujer.

La opinión de Letona es preocupante por el  cargo que ostenta, siendo Fuerza Popular la primera mayoría parlamentaria, que además como bancada  preside en el congreso la Comisión de la Mujer,  cuya presidenta se vio obligada a renunciar por la presión pública que desataron sus infelices declaraciones, culpabilizando a la mujer por los actos de violencia contra sí misma.  

En relación al tema de paridad, alternancia y acoso político, tres  congresistas, entre los expositores, fueron favorables, en diferente medida, a realizar modificaciones: Donayre, Quintanilla y Velásquez.

Hace falta la voz del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP). Un cambio sin las mujeres será solo un cambio a medias.

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