El 25 de noviembre se realizará la tercera marcha #NiUnaMenos en nuestro país. Las peruanas, lideradas por las organizaciones feministas, llevan ya 36 años movilizándose contra la violencia de género en el Día Internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer.

Es por casualidades de la vida, la misma cantidad de años que Perú llevaba sin clasificar a un Mundial de Fútbol. Los 36 años simbolizan entonces, largas luchas para nuestro país en ambos casos.

El Día Internacional de la Eliminación de la violencia contra la mujer es una fecha que Naciones Unidas reconoció en 1999, luego que las feministas de los países latinoamericanos y caribeños cumplieran la decisión tomada en el Primer Encuentro Feminista de América Latina y el Caribe de 1981, en recuerdo del asesinato de las hermanas Mirabal (República Dominicana).
 
Las cifras y el ránking que nos duele
Los números son fríos. Las cifras internacionales de feminicidios nos colocan en tercer lugar, por debajo de Bangladesh y Etiopía. Entre el 2009 y el 2017 se cometieron 1,030 feminicidios. El año pasado se registraron más de 21,000 agresiones físicas y 5,707 mujeres fueron víctimas de violencia sexual en el Perú.  355 profesores están presos por violar a sus alumnas. Casi el 70% de los agresores sexuales en las escuelas son maestros o empleados.

El poder judicial ha recibido 197 mil denuncias de violencia familiar en el 2016 y hasta septiembre del 2017 un total de 161 mil, para la comisión de Justicia de Género del Poder Judicial la violencia es cada vez mayor.
 
El repechaje que tenemos pendiente va más allá del fútbol
Perú vs Nueva Zelanda

Mirar más allá de las cifras

El incremento de denuncias, está vinculado   además a una mayor capacidad del estado, durante toda la última década para recibir las denuncias, Ello hace que la problemática se haga aún más visible. Resulta altamente relevante visibilizar el fenómeno no podemos dejar de señalar que hay un subregistro de esta estadística, pues todos los casos no se denuncian y hay que añadir que hay una capa adicional de violencia institucional del Estado, en tanto, diferentes actores de salud, seguridad, justicia, entre otros, expresan prejuicios sociales y la carga patriarcal y machista  del propio sistema sexo / género  prevaleciente.
El 8 de noviembre, el Estado Peruano rindió el examen periódico Universal (EPU) ante el Consejo de DDHH de la ONU, en el que se informó sobre los avances logrados en el periodo 2012-2017 en esta materia. Un conjunto de 69 estados hizo 182 recomendaciones al Perú, las que deberán ser respondidas en marzo del 2018.
 
Los temas de las recomendaciones están referidos a: la pena de muerte, la violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes, la trata de personas, la discriminación a la comunidad LGBTI, el trabajo infantil, entre muchas otras. Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Noruega (entre otros países) aconsejan al Perú combatir la violencia de género, Canadá y Finlandia sugieren políticas públicas de educación sexual integral. Preocupa el tema del embarazo adolescente y la mortalidad materna. Por su lado Argentina, Chile, Colombia y Costa Rica recomendaron prohibir la discriminación basada en la orientación sexual e identidad de género en la población LGBTI.
 
El EPU ha servido para recordar la evolución de los derechos humanos en base a estándares internacionales, los que suelen olvidar los sectores más conservadores, que presionan contra el reconocimiento de los derechos de las personas.
 
Tareas urgentes para erradicar la Violencia hacia la Mujer
En un contexto de indignación nacional, una opinión pública sensibilizada por noticias como la violación de una bebé de dos meses, la violación a una empadronadora voluntaria durante el censo, más feminicidios, escolares embarazadas por sus profesores  y otras agresiones contra las mujeres y niñas; el gobierno, expresando su voluntad de apoyar desde el más alto nivel la lucha contra la violencia hacia la mujer  y de una voluntad por erradicarla; anunció la creación de la Comisión de Alto Nivel Contra la Violencia hacia la Mujer.
 
Esta propuesta de la jefa del gabinete ministerial, Mercedes Aráoz, expresa un desconocimiento del sector al ignorar que la Comisión de Alto Nivel del Plan Nacional contra la violencia de género se aprobó mediante Decreto Supremo N° 008-2016 por la primera gestión al frente del MIMP del gabinete Zavala. Además de ello existe la Comisión Multisectorial permanente del PLANIG (Plan Nacional de Igualdad de Género 2012 -2017) creada mediante Decreto Supremo N° 004-2012. Saludamos la voluntad y el hecho de buscar mejores resultados según el anuncio de Aráoz. Queda ahora con la obligación de hacer cumplir la ley y planes aprobados.

Este es un gesto político importante, pero hay que señalar y tomar en cuenta, que la Ley 30364 ya estableció un Sistema Nacional para la Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra la Mujer y verificar que esta ley contra la violencia hacia la mujer se cumpla. La comisión prevista por la Ley 30364 debe estar integrada por nueve ministerios, el Poder Judicial, el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo y su Reglamento prevé, además, la existencia de un Grupo Nacional integrado por representantes de sociedad civil.
 
¿Qué hacer?  Proponemos medidas generales y especificas
Debemos, para empezar, superar la lógica exclusivamente punitiva e intimidatoria que se expresa recurrentemente y como cortina de humo en la propuesta de pena de muerte Demandamos por ello mayor eficacia preventiva del delito. Ello requiere preparación de las instituciones del estado de cara a la protección de los ciudadanos. La ley establece en primer lugar: prevención. Urge establecer políticas de responsabilidades compartidas entre el Estado y la sociedad y el impulso de un Sistema Nacional de cuidados.
 
Una estrategia integral de intervención deberá estar basada en la articulación de los diferentes sectores. Se cuenta para ello con el instrumento matriz: el PLANIG 2012-2017, cuyo mandato es transversal a todos los sectores que debe ser proyectado y actualizado al 2021. Está pendiente el balance de lo actuado a la fecha.
 
Promover la Educación en Igualdad para superar la discriminación de género, la misoginia y que se revalorice a la mujer. También la Educación Sexual integral. No permitir los retrocesos que se vienen evidenciando en el MINEDU, a partir de la influencia de los sectores conservadores opuestos a la Igualdad de género en este sector.
 
Incremento del Presupuesto, del MIMP, las Fiscalías, la Policía Nacional. El presupuesto del MIMP proyectado para el 2018 representa el 0.3% del presupuesto público y el monto total, S/ 456,2 Millones de soles, resulta inaceptable y no solo incomprensible. Que en el marco de la Reforma Tributaria se plantee incluir a las grandes empresas en exoneraciones tributarias. 

La legislación debe ser más severa, para sancionar debidamente. Las leyes son blandas frente a la violencia contra la mujer y las penas no son proporcionales a la gravedad de los daños causados, como el caso específico del artículo 170 del Código Penal, que establece penas de 6 a 8 años para el caso de violación sexual. 
 
La protección de las víctimas, con especial énfasis a mujeres y menores, es una norma que no se puede contravenir.  Capacitación y especialización de la policía y la fiscalía, Finalmente, la promoción de una Cultura de Paz. Pongamos al país en marcha. Todos y todas somos #NiUnaMenos. Queremos un nuevo score y ganarle el partido a la violencia. ¡Nos queremos vivas, nos queremos fuertes!