En un escenario en el que el gobierno de Donald Trump tiene una grosera y descarada actitud injerencista en nuestra región, el gobernador de Río de Janeiro, Cláudio Castro, miembro del Partido Liberal del expresidente Jair Bolsonaro, ordenó un operativo conjunto de la Policía Civil y Militar, con 2.500 agentes en dos favelas de la ciudad de Rio de Janeiro, para capturar a integrantes del Comando Vermelho, una de las principales bandas narcotraficantes del país que derivó en una masacre, la más letal de la historia reciente brasileña. 

La denominada Operación de Contención, realizada el martes pasado, que dejó más de 130 fallecidos y 110 detenidos, se inscribe en la estrategia de campaña de la ultraderecha brasileña para las elecciones presidenciales de octubre de 2026 y fue realizada bajo la exlcusiva responsabilidad del gobernador Castro. Esta ha generado el repudio y la condena de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de Human Rights Watch, entre otros, como veremos más adelante. 

La alianza Trump-Bolsonaro

El gobernador Cláudio Castro no informó ni coordinó las acciones con el gobierno federal, pero tuvo tiempo para enviarle al gobierno de Estados Unidos, meses antes, un informe sobre el Comando Vermelho, en el que lo calificó como organización terrorista con ramificaciones activas en Estados Unidos. Según la CNN, el informe fue entregado al consulado de Estados Unidos en Río de Janeiro. El objetivo de informar a Washington consistiría en erigirse como los interlocutores y adalides de la cooperación con las autoridades estadounidenses en la lucha contra ese cartel. Además, al promover la calificación de estos grupos criminales como terroristas, se alinean con la política estadounidense que les permitiría una mayor injerencia, en Brasil. ¿Quién mejor que Estados Unidos para proteger una sociedad amenazada por el crimen? Proyectar esa imagen podría ayudar en la campaña electora.

En mayo de este año, una comisión de legisladores de Brasil mantuvo una reunión con representantes de la Embajada de Estados Unidos con el objetivo de pedirle al gobierno de ese país que declare terroristas a las bandas narcotraficantes Primeiro Comando da Capital (PCC), la mayor de Brasil, y Comando Vermelho. En la reunión participaron el senador Flávio Bolsonaro, hijo menor de Jair, y el diputado Paulo Bilynskyj, respectivos líderes de las comisiones de Seguridad Pública de las cámaras legislativas. Ambos legisladores dijeron disponer de un informe de inteligencia que vincula al PCC y al Comando Vermelho con la milicia libanesa Hizbulá y que las bandas brasileñas tenían tentáculos con Estados Unidos.

En esta línea, días antes de la masacre, Flávio Bolsonaro le pidió a las autoridades estadounidenses expandir hacia Brasil la ilegal campaña militar que Estados Unidos desarrolla frente a las costas de Venezuela y Colombia contra pequeñas lanchas que supuestamente transportan drogas y amenazan la seguridad interna de ese país. Según el Alto Comisionado de la ONU  los asesinatos cometidos en el Mar Caribe, y más recientemente también en el Pacífico, son “ejecuciones extrajudiciales”, ilegales bajo el derecho nacional e internacional. Al 30 de octubre han sido bombardeados 15 botes en los que han fallecido 61 personas. Sobre los tripulantes asesinados, ni siquiera saben sus nombres ni hay pruebas de que transportaban drogas. La renuncia del almirante Alvin Holsey, jefe del Comando Sur, a mediados de octubre, es atribuida a la opacidad e ilegalidad de estos actos. 

Pero al senador Bolsonaro eso le parece fantástico. El 3 de octubre en la red social X posteó un mensaje del secretario de guerra estadounidense Pete Hegseth sobre un ataque  reciente a dichas embarcaciones y escribió en inglés: “¡Qué envidia! He oído que hay barcos así en Río de Janeiro, en la bahía de Guanabara, inundando Brasil con drogas. ¿No quieren pasar unos meses aquí y ayudarnos a combatir estas organizaciones terroristas?”. Pedirle al pte Trump que intervenga en Brasil con el pretexto de que amenazan su seguridad nacional es música para los oídos para alguien que aspira a ser el emperador del mundo. La arrogancia y la adulación son caras de la misma moneda. 

La publicación tuvo lugar mientras la diplomacia brasileña trabajaba para concretar un encuentro bilateral entre los presidentes Lula y Donald Trump, que tuvo lugar el domingo 26 en Kuala Lumpur, Malasia, en el marco de la cumbre de la Asociación de Países del Sudeste de Asia (ASEAN). Este tenía como uno de sus objetivos lograr que Estados Unidos eliminara los aranceles del 50% impuestos a las exportaciones brasileñas a su país, lo cuales fueron anunciados al finalizar la Cumbre de los BRICS de Río de Janeiro, realizada el 6 y 7 de julio, en la que Lula tuvo un rol protagónico, en represalia por el proceso judicial que se llevaba a cabo contra el expresidente Jair Bolsonaro. 

Como se recordará, el diputado Eduardo Bolsonaro, otro de los hijos del expresidente, actualmente radicado en Texas, promovió públicamente sanciones contra Brasil por el juicio a su padre. Contra viento y marea, y a pesar de la presión y los chantajes de Trump, Jair Bolsonaro fue condenado el 11 de septiembre a 27 años de prisión por tentativa de golpe de Estado, abolición violenta del Estado democrático de derecho y como miembro de una organización criminal armada dedicada a desacreditar el sistema electoral. Asimismo, por incitar ataques a las instituciones democráticas, articular medidas excepcionales y liderar una “organización criminal” que conspiró para intentar impedir que el actual mandatario le sucediera en el poder tras ganar las elecciones de octubre de 2022.

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* Esta nota ha sido publicada por la autora en su  columna El Mundo en Foco en Feminismo y Democracia MIRA, Americas.org