Hace pocos días, en entrevista a La República, el economista Bruno Seminario dijo que su proyección del PBI peruano para todo el 2020 sería de -16%, lo que probablemente sea la mayor caída desde la guerra con Chile. Este retroceso no es solamente peruano, sino mundial, como es bien conocido. Y lo más preocupante es que tomaría entre 2 y 3 años volver al nivel que teníamos en el 2019. 

Si eso es así, entonces lo que va a ser materia de discusión no debiera ser solamente el tiempo que nos tomaría volver a los niveles del 2019, sino cuál es el modelo de crecimiento que vamos a tener en los próximos años. ¿Es que se desea volver a crecer de la misma manera que en los últimos 30 años? Esa discusión es de la más alta importancia porque ya comienzan a aparecer como “de sentido común” que tiene que haber un “cambio de chip” que deje atrás la plena supremacía de las políticas de “libre mercado” de los últimos 30 años. 

Tomemos por ejemplo las recientes declaraciones de la ministra de Economía María Antonieta Alva, cuando dijo: “el Perú no puede estar entre los primeros países de la región en manejo macroeconómico y entre los últimos en manejo de instituciones y calidad de los servicios públicos, una condición que se ha ratificado en este momento. Estos problemas estructurales nos han vuelto más vulnerables para enfrentar esta crisis. Si no los resolvemos, todas las crisis que vengan en el futuro nos van a golpear más fuerte” (La República 17/05).

Tomo estas declaraciones como un reconocimiento de la realidad, lo que no significa que, en la práctica, eso conlleve un redireccionamiento de la política económica del MEF en los últimos 30 años, pues eso no es lo que está sucediendo. Uno de los ejemplos más claros lo podemos ver en la resistencia a aplicar el Bono Universal, que de universal tiene el nombre, pues en la práctica en los diferentes organismos gubernamentales se ha insistido en la aplicación de las mismas políticas de focalización de siempre que es, justamente, lo que ha demorado tanto su lanzamiento. Y esa demora ha jugado en contra de la cuarentena. 

Hace poco un editorial de Gestión dijo que hasta ahora se ha confiado en la importación de equipos de bioseguridad, equipos médicos, ventiladores y hasta mascarillas y batas que no solo se han encarecido sino que “tenemos que hacer cola para importar todo”. Y después de enumerar 29 proyectos de empresas y de universidades nacionales, como los que impulsa el CONCYTEC para elaborar mascarillas N95 basadas en nanotecnología (San Marcos), tela con nanopartículas de cobre para inactivar el virus (UNI), análisis de medicamentos y productos naturales con potencial efecto antiviral (Cayetano Heredia) se dice que costarían en total US$ 6 millones, o sea US$ 207,000 por proyecto. Y, por tanto, que el gobierno y las empresas deberían apoyar la Investigación y Desarrollo (I+D) para llevarlos a buen puerto para que esos 29 proyectos “no sean desplazados por alternativas del exterior más caras y difíciles de conseguir” (Lo foráneo es mejor, Gestión, 18/05). 

Lo que se está diciendo acá es que, así como en todos los países industrializados, incluidos la China y los países asiáticos, existe un apoyo en I+D, eso también debería existir acá. Dicho de otro modo, el “libre mercado” no va a solucionar el problema y se necesitan políticas públicas de desarrollo productivo. El cambio es todavía pequeño, ciertamente. 

Pero lo que nos dice es que el “sentido común” instaurado por el neoliberalismo a principios de los años 90 con el Consenso de Washington está haciendo agua. Y hay varios temas cruciales, como la reforma integral del sistema de pensiones (que incluya una pensión universal), el seguro de desempleo (acá no existe) y una renta básica universal (algo así como un salario mínimo para toda la población, incluidos los informales). 

El apetito empresarial 

La discusión tiene que avanzar. El problema de la informalidad no es un problema legal sino de falta de empleos en una economía concentrada y oligopólica. El problema es que lo va a ser aún más pues se ha postergado de agosto de este año hasta abril del 2021 la entrada en vigencia de la ley de fusiones lo que nos dice que después de la pandemia la economía estará aún más concentrada. 

Dice Juan Luis Crucelegui, experto de Naciones Unidas (UNCTAD): “El riesgo ante la situación actual es aún mayor si se tiene en cuenta que ante la hibernación de muchos sectores de la economía (fundamentalmente en el sector servicios) muchas empresas que no tienen músculo financiero para aguantar el desempleo (hostelería, turismo, transporte, etc.) podrán ser adquiridas a precios irrisorios y las empresas con poder financiero aumentarán su poder en el mercado provocando una disminución del grado de competencia existente en perjuicio de los consumidores que tendrán menos posibilidades de elección” (La República, 19/05). 

Agrega Semana Económica que existe un gran apetito en algunas empresas grandes por comerse a las chicas: “Aún con la pandemia el mercado de fusiones y adquisiciones continuará en movimiento. Algunas compañías asociadas a servicios médicos o fabricación de alimentos se verán fortalecidas. "Estamos viendo apetito por industrias que hoy son parte de las esenciales", indica Susan Castillo, del estudio Payet. Pero también se abren perspectivas para las más golpeadas. "Vamos a ver compañías que van a estar muy complicadas conforme pasen los meses”, comenta Eduardo Campos, socio de Apoyo Consultoría. "Tal vez los procesos de fusiones sean parte de una reestructuración corporativa a nivel de país" (13/04).

Lo dicho hasta acá nos indica que si bien el “sentido común” puede comenzar a cambiar, los intereses empresariales difícilmente lo harán. Y eso se aprecia, quizá en su mayor magnitud, en la discusión sobre el impuesto al patrimonio de las grandes fortunas (decimos bien patrimonio y no impuesto a los ingresos de las personas). Y también tengamos claro que el principal propósito de dicho impuesto (que se aplica en todos los países de la OCDE y también varios de la Región) tiene como objetivo central la contribución de los que más tienen lo que, claro está, tiene efectos considerables en la reducción de las desigualdades, característica central de los países de América Latina: tenemos el triste privilegio de ser la “campeona mundial” de la desigualdad. 

En el corto plazo, la orientación principal debe ser el refuerzo inmediato del sector salud, educación, infraestructura y seguridad alimentaria, con énfasis en el apoyo e impulso a la agricultura familiar. Y también el apoyo a las pequeñas y micro empresas, que son las más golpeadas por la “recesión inducida” causada por la pandemia. No apunta a eso, sin embargo, el programa Reactiva Perú, que destina S/. 60,000 millones, principalmente a través de los 4 grandes bancos, a las grandes y medianas empresas. 

El calificativo de “Jaguar de América” del Perú ha sido desmentido por la realidad. Esa es la principal razón de los grandes problemas que tenemos para combatir eficazmente al COVID19: una gran informalidad que vive al día, un sistema de salud pública precario (¿cuál es el problema si hay salud privada?), un sistema de educación igual de precario y que no tiene internet en las escuelas, sobre todo del sector rural (¿cuál es el problema si hay educación privada?), un sistema de transporte público donde la población va de pie dos horas en la mañana y dos horas en la noche (¿cuál es el problema si hay autos privados?). 

Es la hora del cambio, entonces. Y no va a ser fácil porque tenemos para dos o tres años de remontada, en un contexto de arremetida económica de los grandes empresarios, para quienes aquí no ha pasado nada. Todo estaba bien antes de la pandemia. Nada hay que cambiar. 

Es la hora del cambio, le pese a quien le pese. Es la hora de la diversificación productiva para tener más empleos y menos informalidad. Es hora de tener una buena macroeconomía pero con buenas instituciones y calidad en los servicios públicos. Es la hora de un nuevo sentido común, para que Heduardo no nos tenga que volver a decir que nuestro sistema de salud –qué vergüenza- es un mendigo sentado en un PBI de oro.