Una última encuesta revela dos cosas sobre dos alcaldes que ganaron, precisamente, con un discurso que los desmarcó de sus antecesores. George Forsyth es el alcalde distrital más mediático. Un 89% de limeños conoce los operativos que se vienen realizando para poner orden en La Victoria, un distrito dominado durante muchos años por distintas mafias que contaron con la complicidad de varias autoridades de turno.

Por su parte, la aprobación del alcalde Jorge Muñoz ha descendido seis puntos porcentuales. Aunque aún registra un nada despreciable 59% de simpatía popular, parece que a Muñoz le está pasando factura el hecho de no realizar siquiera anuncios importantes que cambien la ciudad o medidas que impacten favorablemente en la cotidianeidad de los vecinos, a diferencia de Forsyth que ha sabido posicionar la imagen de una autoridad que está dispuesta a comprarse pleitos para mejorar su comunidad; y si bien reformas de este tipo no son cafés instantáneos y los resultados no se ven de inmediato, la voluntad política de hacer las cosas diferentes es más que clara.

Así, Muñoz Wells reacciona frente a hechos de corrupción en el municipio -como SISOL y EMMSA- señalando que son rezagos de la administración Castañeda, pero al mismo tiempo mantiene como gerentes a cuestionadas personas de confianza del ex alcalde; o aparece junto con Forsyth para expresarle su respaldo, pero desaprovecha la oportunidad para anunciar que hará lo propio en zonas tomadas por ambulantes y cachineros como Manzanilla, en el Cercado de Lima, o la culminación del mercado Tierra Prometida que permitiría la reubicación de 1600 comerciantes minoristas que en la actualidad permanecen en los alrededores de La Parada.

Entonces, pareciera que en algunos aspectos la administración Muñoz ha decidido desmarcarse de Castañeda más en el discurso que en la práctica. Por ejemplo, la actual gestión municipal ha decidido continuar con el Plan Maestro del Centro Histórico diseñado durante el periodo anterior, el mismo que pretende prohibir de manera inconstitucional las manifestaciones en la plaza San Martín cuando ya el 2005 el Tribunal Constitucional estableció que era inaplicable el criterio de zona rígida en esta parte de la ciudad porque se vulneran derechos fundamentales de los ciudadanos.

De igual manera, en el Parque de Las Leyendas pareciera que siguiéramos en las épocas amarillas donde los funcionarios hacían lo que querían. Hace unos días, sin dar explicación alguna, la administración decidió cambiar las tarifas de ingreso: la entrada general subió un sol; la entrada gratuita de niños, que era hasta los tres años, pasó hasta el año; y los adultos mayores, que antes podían entrar gratis, ahora deberán pagar S/. 4.00. Tras el malestar expresado en redes sociales, y en menos de 24 horas, se hicieron nuevas modificaciones, aunque se mantiene el cobró a los adultos mayores y el aumento de un sol a la entrada general.

Esto no es una subasta para ver en el momento quien da más o quien da menos. Una decisión de este tipo debe contar con los informes técnicos correspondientes y al parecer -por lo rápido que se dan las modificaciones tarifarias- no se han hecho, como es el caso de la empresa Fiorelima SAC, la misma que ha sido favorecida por la actual administración del Parque, donde también de un día para otro se le otorgó una autorización para colocar 15 máquinas dispensadoras de golosinas.

Por otro lado, Miraflores se convirtió en el último refugio de lo que queda de Solidaridad Nacional, pues la gran mayoría de funcionarios que acompañan al alcalde Luis Molina son personas de confianza de Castañeda Lossio. El gerente municipal, Oscar Lozan Luyo, tuvo un paso desastroso por la Caja Metropolitana al punto que el 2017 la Superintendencia de Banca y Seguros señaló que no cumplía los requisitos para desempeñar el cargo de gerente de esta entidad financiera. Aún con esos antecedentes, el alcalde Molina decidió darle el cargo administrativo más importante de este municipio.

Otra denuncia grave que pesa sobre la administración Molina es la hecha por las obreras de limpieza pública, quienes acusan al burgomaestre miraflorino de entregarle a dedo el servicio de limpieza pública y mantenimiento de áreas verdes a la empresa PETRAMAS. De hecho, esta empresa ya estaba ofreciendo puestos de trabajo antes de que culmine la convocatoria para el servicio provisional hasta que esta municipalidad distrital realice un concurso público. Algo aquí huele bien feo, y no es precisamente la basura.