Mientras la SBS ordena agilizar el tiempo que toma migrar de una Administradora de Fondo de Pensiones (AFP) a otra, incrementando el “poder de decisión” de los futuros pensionistas, las trabas para que estos mismos accedan a la Oficina de Normalización Previsional (ONP) se mantienen perjudicando a millones de personas que al hacerlo obtendrían mayores beneficios.
 
La libre desafiliación es solo parcial
 
La libre desafiliación de las AFP solo alcanza a aquellos interesados en cambiar de aseguradora (el trámite dura 15 días apróx). Para quienes busquen traspasar su fondo a la ONP, en cambio, les espera un verdadero vía crucis. A estos se aplica la “libre desafiliación informada”. ¿En qué consiste?
 
La SBS estipula que quien quiera pasar al sistema público debe acreditar haber aportado al menos una vez a la ONP “antes del 31 de diciembre de 1995” y solo procederá en los casos en que la suma entre ambos sistemas de como mínimo 20 años de aportaciones. Además, es categórica al señalar que el paso es irreversible, es decir, que no podrá abandonar la ONP una vez que hizo su ingreso.
 
Esto supone, por un lado, que quienes aportaron después de esa fecha y luego migraron a una AFP están impedidos de retornar a la ONP y, por el otro, que quienes aún no cumplen 20 años de aportaciones deben permanecer forzosamente en una AFP, pagando comisiones a una empresa que en el futuro no será la que administre sus fondos.
 
Hay muchas razones por las que las personas deciden abandonar su AFP. En medio de la discusión acerca del aporte obligatorio de los trabajadores independientes, salieron a la luz las altas comisiones que estas cobran y la esperanza de vida irreal (110 años) en la que se basan para determinar el monto que recibirán los futuros pensionistas cada mes.
 
El problema está en todas partes
 
Las desventajas del sistema privado también se discuten en otros países. En Chile, donde no existe un sistema público desde 1982, el Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo (CENDA) publicó hace poco un estudio que reveló que de cada tres pesos que recauda el sistema, dos se quedan enredados entre los administradores y los grandes grupos financieros, dinero que equivale al 3,6% del PIB de ese país.
 
El equipo, encabezado por el economista Manuel Riesco, llegó a esta conclusión luego de verificar los ingresos percibidos por las AFP entre los años 1982 y el 2012 y el monto destinado al pago de pensiones. Esta pasmosa desproporción, advierte el economista, tendrá serias consecuencias con el aumento de personas en edad de jubilación a producirse a partir del 2016, cuando el sistema privado deberá atender ya no solo a 1 millón de personas como hasta ahora sino a 4 o 5. Por eso, Riesco propone el retorno de un sistema público de reparto.
 
El caso peruano
 
En nuestro país subsiste un sistema público de reparto (la ONP), aunque, como vemos, no se hace nada para aumentar su capacidad. Al contrario, el Ejecutivo ha tenido un papel activo en la promoción del sistema privado al impulsar una reforma que lo favorece en todos sus extremos. ¿O acaso ya olvidamos la obstinación con la que el gobierno defendió el aporte obligatorio de trabajadores independientes, cuyo principal beneficiario era el grupo Habitat?
 
El plan de gobierno de la Gran Transformación proponía una solución intermedia: contar con un sistema contributivo-obligatorio (público) y un sistema privado que sirva de complemento al primero. Nada de ello se ha puesto en práctica, dada la enorme influencia que las AFP y los grupos económicos tienen sobre los distintos órganos de gobierno.
 
Si lo que se busca es incrementar el poder de decisión de los aportantes, lo lógico sería que al menos se les permitiera retornar a la ONP si así lo desean. De lo contrario, la SBS se convierte en una suerte de promotora de la actividad privada y no en un ente regulador, como está escrito que debe ser. Eliminar trámites en esta materia es, como dirían los empresarios inconformes con cualquier regulación, vital para el desarrollo de nuestro país