Luego del empate político entre las dos derechas, la liberal democrática, liderada por PPK (un remanente de lo que  fue el Proyecto Vargas Llosa para lograr un “mandato liberal” en 1990), y la autoritaria, liderada por Keiko Fujimori (con apoyo de un APRA minimizada por la reputación de corrupción y la impunidad), caminamos a una suerte de repechaje económico.

En efecto, se abre una segunda oportunidad de encontrar el elusivo camino del crecimiento sobre la base de un acuerdo político entre las dos derechas de no atacarse más, una replegada en el Ejecutivo con PPK y sus “tecnócratas” limeños de experiencia internacional, con ganas de hacer grandes negocios, digo, de incentivar grandes inversiones; y otra atrincherada en el Legislativo,  gracias a una extraña fórmula que le dio mayoría absoluta y con una lideresa revanchista que quiso aprovechar la mayoría para gobernar desde el Congreso. 

Parte del arreglo es llegar a una “reconciliación” con Alberto Fujimori y los militares que violaron derechos humanos. Una “reconciliación” extraña pues no se ha llegado a una paz entre dos contendientes armados sino que vamos a un perdón sin arrepentimientos de quienes ganaron la guerra ejerciendo la violencia extrema del Estado contra un contendiente terrorista. Con esta “reconciliación” entre las dos derechas se quiere superar el “ruido político” que tanto altera a las multinacionales y los grupos de poder económico.

De modo que el gobierno “tecnocrático” de PPK (eufemismo que varios analistas han acuñado para esconder su verdadera naturaleza) se apresta a tomar decisiones “técnicas” en medio de esta paz temporal  para estimular el crecimiento.  En medio de esta paz o tregua, Mercedes Araoz ha pedido nuevas “facultades extraordinarias” para aprovechar el respiro que le ha dado el aumento de los precios de los minerales. De modo que, otra vez, estos gobiernos neoliberales recurren a la política de legislar por decreto en las sombras.  Aquí se vienen más medidas a favor del extractivismo minero, cambios a favor de las AFP para revertir las libertades de manejo de fondos de los pensionistas adquiridas desde las batallas del 2014; se viene también una nueva versión de la “ley Pulpín”, ya anunciada por PPK en términos bastante crudos (“hay que tragarse ese sapo”) para posible beneficio a los dueños de grandes centros comerciales con necesidad de mano de obra barata juvenil. Y otras más que se están cocinando en secreto.

Pero, hay algo problemático en todo esto que hace más difícil la toma de decisiones comparada al primer pedido de facultades extraordinarias del 2016: la situación financiera del Estado no anda bien, el gasto aumenta y la recaudación sigue bajando (a 12.5% de presión tributaria), de modo que a la premier Araoz y el MEF no les queda otra que revisar la exoneraciones que han agujereado silenciosamente la recaudación.  Se avecina entonces un choque entre los intereses generales, que pasan por eliminar o reducir exoneraciones que implican varios miles de millones en recaudación, y los lobbies como el de los agroexportadores (liderados por José Chlimper, el número 2 del keikismo), o las universidades y colegios con fines de lucro que ni siquiera pagan impuestos. 

Veremos qué logra hacer el gabinete Araoz y un MEF que solo piensa en las grandes inversiones y no se atreve siquiera a considerar la Norma XVI anti elusión pues bien podría reducir la evasión y la elusión fiscal que se lleva a cabo a través de los paraísos tributarios. Aquí existe entonces una contradicción entre el equilibrio fiscal y los lobbies.

En cualquier caso, el público quiere goles y el segundo gabinete de este gobierno ha decidido contarle a las tribunas que se viene algo inaudito, una auténtica Revolución Social, oportunidades para todos, mejoras en la seguridad y otras promesas. Pero, y ese es la parte que no les ha dicho claramente, primero se va a seguir estimulando las grandes inversiones mineras y luego, según como vayan las cosas, vendrán algunos avances sociales, un chorreo a medias, que es más bien un cuentagotas.