El día de ayer, el diario El Comercio hizo eco de un discurso de la derecha peruana cuando calificó a las protestas nacionales como una arremetida ultraizquierdista. ¿Se trata acaso de una asonada radical o de la reacción de viejos movimientos? Tanto en Andahuaylas como en Sicuani y en La Oroya, las protestas son organizadas por movimientos sociales ya existentes hace meses sino años. Estos movimientos, como cualquier colectivo atento a sus intereses, utilizan la ola dejada por el movimiento amazónico en Bagua que destaca la importancia de reaccionar a las decisiones gubernamentales que nos afecten directamente. Los reclamos, por ello, no son novedad.
Andahuaylas:
El principal motor de protesta es el incumplimiento de los acuerdos tomados en la mesa de diálogo del año 2007. Sin embargo, la protesta se ha inclinado hacia el rechazo de las privatizaciones que, en general, son realizadas sin consulta alguna. Este es el caso de la privatización del aeropuerto de Huancabamba, por la que se pide al Estado que pague a las comunidades (Huinchos, Patococha y Huancabamba) por los terrenos comunales que se utilizaron para esta construcción. Por otro lado, se rechazan las concesiones mineras en Apurímac debido a que, una vez más, fueron realizadas sin consulta a las comunidades dueñas de las tierras de superficie.
Sicuani:
El motor central de la protesta en Sicuani es la oposición de la mayoría de la población a la construcción de la hidroeléctrica Salca-Pucará. El temor es que la provincia de Canchis, cuya capital es Sicuani, pierda una parte significativa del agua de uso agrícola. La preocupación resulta legítima en tanto se trata de una de las provincias con menos recursos hídricos en la zona. A ello se suma el reclamo por la derogatoria de la Ley de Recursos Hídricos y de las normas que criminalizan la protesta social.
La Oroya:
Este caso es bastante conocido y parte de la decisión de la empresa Doe Run de cerrar su operación en vista de que el Estado no le otorgará mayor extensión del plazo para el cumplimiento del Programa de Adecuación del Medio Ambiente (PAMA). Con ello, queda claro el fracaso de la privatización de este complejo minero-metalúrgico. Los trabajadores, lógicamente, temen quedarse sin trabajo. Hasta el momento no existe una actitud clara del gobierno para atender el problema social que se genera.
El día de ayer, el Premier Yehude Simon propuso a las autoridades de Andahuaylas y representantes políticos, la conformación de una comisión de largo plazo que trate “asuntos andinos” de los departamentos de Huancavelica, Ayacucho y Apurímac¹. ¿Acaso se trata de los asuntos de algunos departamentos de una región del Perú o de la reacción ciudadana contraria al modelo privatizador? Repensar la dirección de las políticas gubernamentales resulta indispensable, los peruanos lo reclaman.

1Agencia Andina: http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=xtT037a8bq4=