Aún perviven entre los pobladores de la zona sur de Puno, los temores en torno a la puesta en marcha, en la provincia de Chucuito, del proyecto Santa Ana, que en el año 2011 suspendiera sus actividades, como consecuencia del denominado “aymarazo”.
En recientes reuniones realizadas en dicha jurisdicción se puso de manifiesto el pedido explícito de cancelar las concesiones mineras existentes, y fue ratificado el rechazo a dicho proyecto.

Según el experto en temas mineros, Américo Arisaca, desde el año 2011 hasta la fecha, las cosas no han cambiado mucho. “Seguimos teniendo el rechazo de la gente. Es bien difícil que en el momento pueda desarrollarse ningún trabajo minero en la zona. No lo veo en el corto tiempo. O, en todo caso, las mineras tendrían que hacer un excelente trabajo de negociación, de trato directo, porque la población prácticamente ha perdido la confianza en las empresas, por sus malas negociaciones”, refirió.

Como se recuerda, el año 2014, el Tribunal Constitucional le devolvió sus derechos a Bear Creek, luego de que el Decreto Supremo No.032-2011-EM, que impedía sus trabajos por estar en zona cercana a una frontera, fuera declarado inconstitucional.
“Vamos a tener el mismo caso. Ellos tienen que conseguir nuevamente su licencia social. Ese va a  ser el tema”, agregó Arisaca, quien señaló, además, que tampoco se ha avanzado en la Zonificación Económica Ecológica (ZEE), tema que ayudaría bastante “para que tengamos bien claro qué zonas son para la actividad minera y cuales para la agricultura o la ganadería. Así no tendríamos muchos de estos conflictos”, explicó.

Para el analista político Alberto Quintanilla, lo que Bear Creek busca con su proyecto Santa Ana es presionar (al Estado), para obtener una compensación que le va a significar la ganancia de una buena cantidad de dinero sin mayor esfuerzo, la obtención de utilidades sin realizar ninguna inversión ni correr ningún riesgo. En tal sentido, agregó que la empresa ha encontrado un Estado ineficiente y un gobierno precipitado, porque el decreto que emitió fue un error. “Creo que debió entrar en una negociación para postergar la puesta en marcha del proyecto, pero se cometió el error de precipitar las cosas, como está ocurriendo ahora con Tía María”, subrayó.
Rechazo al actual modelo de concesiones mineras.

El vicepresidente del Frente Único de Defensa de los Recursos Naturales de la Provincia de Chucuito, Jorge Calisaya, exigió la cancelación definitiva de las concesiones mineras “en el territorio aymara”, y cuestionó duramente los ofrecimientos que en campaña realizó el presidente Humala. “Voy a defender la voz del pueblo. La voz del pueblo es la voz de Dios. Vamos a nacionalizar las empresas, vamos a nacionalizar el gas. Esas fueron sus banderas en el sur de Puno, pero ahora vemos”, sentenció.

Dato
Según la página web del Ingemmet, actualmente existen 44 concesiones en la provincia de Chucuito. Siete se encuentran en trámite, 36 son tituladas y una está extinguida.

Publicación de Noticias Ser, 27 Mayo 2015