El escándalo de corrupción que envuelve a la estatal petrolera brasilera Petrobras amenaza con convertirse en una crisis política que puede llegar a afectar la estabilidad del régimen democrático brasilero. En efecto, el pasado domingo cientos de miles de personas han marchado por las calles de las principales brasileras con demandas centradas en el reclamo de mano dura contra la corrupción pero también con la participación de sectores que reclaman que se vaya la recién reelecta Presidenta Dilma Rousseff, que se vaya el PT, e incluso que intervengan los militares.

Con toda seguridad, los partidos de la oposición de derecha al gobierno del PT -que va en su cuarta gestión después de las dos de Lula Da Silva y la primera de Dilma Rousseff- buscan capitalizar el hartazgo ciudadano con la corrupción imperante. Y, también con toda seguridad y añado que felizmente, son muy minoritarios los grupos antidemocráticos que en realidad quieren tumbarse al gobierno y más minoritarios los que en realidad buscan el retorno las dictaduras militares que Brasil padeció hace décadas y contra las que precisamente Dilma luchó como guerrillera y contra las que después emergió el PT como respuesta social y política en democracia.

Más allá de la limitada viabilidad de salidas antidemocráticas a la crisis, la pregunta hoy es que puede hacer la Presidenta Dilma para enfrentar el problema generado por las cada vez mayores evidencias de corrupción en Petrobras. Y el problema es que parece que no puede hacer mucho puesto que el problema no solamente ni principalmente que haya habido prácticas corruptas en Petrobras sino que en ellas han participado activamente importantes dirigentes y parlamentarios del PT y varios otros partidos así como altos ejecutivos de grandes empresas brasileras que hacían diversos negocios con Petrobras y que antes habían apoyado las campañas electorales del PT y de sus aliados.

De esta manera, la radiografía de la corrupción de convierte en una radiografía del poder y del ejercicio del poder durante la administración del PT: el uso de la empresa petrolera estatal para financiar la lealtad de políticos de varias tiendas y para agradecer a grandes empresas privadas (sobre todo las grandes constructoras) por el millonario apoyo brindado durante la campaña electoral.

Ese es el fondo del asunto. El reto que enfrenta Dilma entonces no es solamente meter presos a decenas de muy poderosos individuos del mundo empresarial y del mundo político, sino principalmente desarmar la relación PT – Petrobras – grandes empresas privadas. Pero ello significa revisar el íntegro del modelo desarrollista del PT de la última década y media. ¿Querrá? ¿Podrá?

Publicado el 17 de marzo 2015. Diario Uno